El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la orden de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de noviembre de 2016 por la que se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana, en vigor desde el último día del año. Esta sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA le da un plazo a la administración regional de veinte días para que conteste a la demanda.
Este recurso, que los ecologistas amenazaron con presentar, y presentaron –por lo que la Justicia podría tumbar el Plan General por cuarta vez-, se interpuso tras la “sistemática negativa” del Ayuntamiento y de la consejería competente de someter al PGOU a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica, “y las numerosas advertencias, por escrito y en los plenos municipales, de que de seguir la tramitación con graves incumplimientos de la legislación estatal y de la UE, podría estar abocado a su anulación”.
“El tiempo apremia, y de anularse el PGOU sin tener preparada la alternativa, el desastre será monumental y sólo achacable a los que han hecho oídos sordos a nuestras advertencias”, remarcan desde Ecologistas en Acción en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, añadiendo que “muchos ciudadanos llevan esperando desde hace más de 20 años para poder disponer de servicios esenciales y demandan tener la más absoluta confianza y seguridad jurídica en el proceso de regularización. Algo que este PGOU, como los anteriores que fueron anulados, no les ofrece”.
Con todo, esta asociación reitera su ofrecimiento, “hasta ahora rechazado”, al equipo de Gobierno municipal para colaborar en la redacción de una nueva revisión del PGOU “que cumpla con todos los requisitos legales, que dé seguridad jurídica, y que contemple las actuaciones necesarias para mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, desestimando crecimientos desmesurados propios de la burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho a nuestra tierra y a nuestro país. Queremos un Plan General que resuelva los problemas de los ciudadanos, no que cree nuevos problemas e impactos ambientales”.
LAS RAZONES DEL RECURSO
Este recurso de los ecologistas se basa por un lado en la falta de Evaluación Ambiental Estratégica. Se incide en que legislación europea como estatal obligaba desde el comienzo de la revisión del PGOU a someterlo a esta evaluación, “que no se ha cumplido”. Ello implicaba a la confección de una evaluación de las necesidades del municipio, de las alternativas viables y de su incidencia ambiental. “A la ciudadanía se le ha hurtado el debate sobre la determinación de las necesidades de la ciudad y de la población, y las prioridades para solucionar las graves carencias sociales”, se repite.
Al respecto, Ecologistas recuerda que la Junta “ha intentado validar de forma fraudulenta el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que se ha seguido en el PGOU, sólo válido para proyectos pero no para planes, con el obligatorio de la Evaluación Ambiental Estratégica. Con ello ha evitado tener que evaluar desde los inicios de la redacción del PGOU los impactos ambientales de sus propuestas y las alternativas a las mismas”. El Tribunal Supremo ha anulado numerosos planes urbanísticos ya en Andalucía, entre ellos el de Marbella, por estas mismas razones.
Por otro lado, el nuevo PGOU chiclanero clasifica una cantidad de suelo “que excede todo límite razonable, infringiendo las normas que aplican el principio de sostenibilidad en relación a la obligación de motivar y justificar la ocupación del suelo no urbanizable para clasificarlo como urbanizable”, potestad que a partir de la ley 8/2007 de 28 de mayo del Suelo, no es discrecional, sino que tiene que estar plenamente justificada. En este Plan “se plantean reclasificaciones de suelo rural a suelo urbanizado sin motivar ni justificar cuales son las necesidades que lo justifican. Se reclasifican millones de metros cuadrados de suelo por meras decisiones políticas de carácter discrecional”.
En este sentido, añaden desde Ecologistas, se intenta justificar el “desmesurado” crecimiento de suelo urbanizable y de nuevas viviendas a construir “en base a una serie de artificios que ya los tribunales han declarado ilegales, no computando los suelos industriales, las viviendas para una supuesta demanda supramunicipal, las viviendas protegidas, los suelos urbanizables no sectorizados, las urbanizaciones ilegales…”. “Una burda trampa que ya ha sido anulada por el TSJA y el TS en otros planes urbanísticos, como en el Plan de Ordenación del Territorio de La Janda”, se aclara.
Del mismo modo, el PGOU “vulnera los límites de crecimiento que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)”, que establece que la dimensión del crecimiento debe hacerse en función de parámetros objetivos (demográfico, parque de viviendas, ocupación de nuevos suelos por la urbanización…), y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos: “nada de esto se ha tenido en cuenta, a pesar de que ha sido advertido de forma reiterada en las alegaciones y recursos interpuestos por Ecologistas”. El documento recurrido prevé la construcción de 17.190 nuevas viviendas más la legalización de otras 12.859 ilegales. Estas nuevas viviendas supondrían un aumento de población del municipio de 41.256 habitantes, cuando la población “está estabilizada con tendencia regresiva”.
Por todo ello, este colectivo ecologista (donde desde meses se integra la asociación medioambiental local Toniza) ha solicitado al TSJA que declare nula la orden de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha de 28 de noviembre de 2016 por la que se acordó la aprobación definitiva de la revisión del PGOU, así como que declare nula de pleno derecho esta revisión del Plan General, que por otro lado, en realidad, no ha llegado a entrar en vigor de forma plena.
Hasta la aprobación a finales de 2016 de este Plan General, de nuevo bajo amenaza de ser tumbado, el planeamiento general de este municipio gaditano estaba constituido por las Normas Subsidiarias de 1987, las cuales son las que se estuvieron aplicando tras la anulación del anterior PGOU de 2003 por parte del TSJA y el Supremo. Además, desde el año 2013, en determinados ámbitos, fueron de aplicación las Normas Sustantivas aprobadas por la Junta de manera transitoria. La Chiclana de hoy poco se parece a la de hace 30 años, y podría volver, otra vez, a ese punto.
EL PP RESPONSABILIZA A ROMÁN DE LO QUE PUEDA OCURRIR
El PP en el Ayuntamiento ya ha tachado de “muy negativa para la ciudad” la vía judicial iniciada en torno al Plan General. “Las ocurrencias del alcalde, José María Román, dejan de nuevo a Chiclana ante el abismo urbanístico”, sentencian ya desde la derecha local, que además piden la dimisión o el cese de la edil responsable, Ana González.
“Lo único que trae esta situación es inseguridad jurídica, espantando con ello a los inversores, quienes jamás invertirán en grandes desarrollos de suelo si dudan de la continuidad del Plan General”, opina el portavoz popular, Andrés Núñez. Entre los grandes desarrollos de suelo también se incluye el proceso de regularización: “es imposible que los propietarios (de viviendas ilegales) paguen un sólo euro o que pidan préstamos para afrontar el proceso si no tienen la seguridad de que el PGOU seguirá en pie”.
El principal partido de la oposición no duda de que el “único culpable” de esta situación es “el equipo que forman Román y el PSOE, que a pesar de encontrarse un PGOU listo para su aprobación, comenzaron con sus ocurrencias y tramitaron negligentemente la aprobación final del documento”.
Insiste Núñez en que “que el urbanismo esté en manos del PSOE y de Román es simple y llanamente una temeridad, una irresponsabilidad, supone sin duda alguna un perjuicio claro y evidente para la ciudad. El binomio PSOE y urbanismo son dañinos para los intereses de Chiclana. Hay que recordar que después de casi 4 millones de euros se anularon hasta en tres ocasiones los anteriores planes generales. El PSOE volvió a encargar este PGOU a la empresa Territorio y Ciudad, por importe de 800.000 euros. Pues bien, como este PGOU contenía fallos, el PSOE ha vuelto a encargar la corrección de fallos a Territorio y Ciudad, por importe de 250.000 euros. Y lo único cierto es que después de todo esto, de años de trabajo y de mucho dinero de todos los chiclaneros invertido, hoy no tenemos PGOU, puesto que se encuentra suspendido en dos terceras partes y encima se encuentra en los tribunales pendiente de su anulación”.
Todo esto lo afirman desde un partido que en años pasados, cuando han podido gobernar en la ciudad, siempre se ha lavado las manos y ha dejado la concejalía de Urbanismo a sus socios, bien a IU o a aquel extraño partido nacido de entre los propios propietarios de viviendas ilegales.
