La hasta hace dos días concejala de Vías y Obras del Ayuntamiento de Chiclana ha dado su versión de los últimos acontecimientos, después de que el alcalde le cesara de sus cargos por, presuntamente, ocultarle un informe sobre el mal estado de los acuíferos y de que su partido, el PVRE, le haya expulsado del mismo. Defiende la ya edil no adscrita que este informe surge de un encargo en 2013 del propio primer edil del PP sobre el desarrollo de las infraestructuras básicas, y subraya que Marín conocía estos trabajos a través de “reuniones, en conversaciones privadas, encuentros y correos electrónicos”. El pasado diciembre se le trasladaban las conclusiones y pese a la situación de riesgo descrita, “decide no actuar”. Mientras, la Junta lanza un mensaje de tranquilidad remarcando que “no se ha detectado ninguna incidencia sanitaria” relacionada con este consumo de agua ajena a la red municipal, al tiempo que urge al Ayuntamiento a aprobar el PGOU para que se pueda dar solución definitiva a las viviendas ilegales.
Susana Moreno, la hasta hace dos días concejala de Vías y Obras del Ayuntamiento de Chiclana, ha dado su versión de los últimos acontecimientos, después de que el alcalde, Ernesto Marín, le cesara de sus cargos por, presuntamente, ocultarle un informe sobre el estado de los acuíferos y de que su formación, el PVRE -que mantiene el pacto de Gobierno con el PP, aunque ya ambos no suman mayoría-, tras defender su profesionalidad y honestidad, haya pasado a expulsarla del partido y a exigirle el acta de concejal, algo que Moreno –pese a jurar ante notario en 2011 que lo haría-, se niega a hacer y ya ha tramitado su baja de dicho grupo municipal para convertirse en independiente y “seguir velando por los intereses de mis vecinos, motivación que me llevó a presentarme a las pasadas elecciones y que aún hoy mantengo”.
“Ante las dudas manifestadas por el alcalde en mi honorabilidad y trabajo al frente de la delegación de Vías y Obras como encargada de la redacción de este informe -de la calidad de las aguas de consumo humano en el término municipal- quiero hacer saber que dichas afirmaciones no se ajustan a la realidad de lo ocurrido”, defiende Moreno, pese a que desde el Gobierno local se insiste en lo manifestado por el primer edil del PP el martes: se reitera en “la ocultación de la elaboración, redacción y conclusiones del informe y, de ahí, que en cuanto se tuvo conocimiento del mismo y estudiado por los servicios jurídicos del municipio, fue cesada de forma inmediata como delegada y así mismo dicho informe fue remitido a las autoridades competentes”.
Con todo, esta edil asegura –y traslada copia del documento- que el 3 de julio de 2013 Marín, como alcalde, firma un escrito para solicitarle que como responsable de Vías y Obras, “y puesto que cuento con el personal técnicamente cualificado para su puesta en marcha”, que lleve a cabo “las gestiones necesarias para la redacción de proyectos técnicos de obras y su posterior ejecución en los sistemas generales e infraestructuras de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluviales, así como los sistemas auxiliares, acometidas (ciclo integral del agua) y todo lo necesario para la dotación de estos servicios básicos, contando con lo necesario para su ejecución”.
Fruto de escrito, el 10 de octubre, el alcalde conservador firma el Decreto 5.803 por el cual da competencias a Vías y Obras para crear un órgano municipal para “el desarrollo de las infraestructuras básicas para el municipio” y delegar en la propia Moreno “la coordinación de dicho grupo de trabajo”. Igualmente, aclara que “el importe de los gastos originados por dicho grupo será asumido por la delegación de Vías y Obras dentro de las dotaciones presupuestarias que tiene asignadas”.
De este modo, Susana Moreno, a partir de estos encargos, explica en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que determinó la necesidad de realizar un informe para conocer en qué punto se encuentra la salubridad de los acuíferos de la localidad. “Dicho documento lo considero de máxima importancia y relevancia como trabajo previo en el funcionamiento del grupo de trabajo. Creo que para realizar un trabajo eficiente y correcto en el abastecimiento de aguas es necesario saber el estado de la cuestión para poder determinar la salubridad del agua que consumen vecinos del diseminado y poder conocer la urgencia de las actuaciones posteriores a realizar y plazos de actuación en dicho de trabajo. Dado que tenía las competencias transferidas por el alcalde para poder trabajar como considerara oportuno, di la orden de iniciar la redacción de dicho informe”, agrega.
Al respecto, apostilla que “el alcalde, al igual que el resto de la sociedad chiclanera, conoce la delicada situación de los acuíferos del diseminado”. Y en cualquier caso, “también sabe de la existencia de un informe elaborado por el Partido Vecinal Regionalista y que el propio partido envía a la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 28 de mayo de 2014”. En dicho informe ya se expone la grave situación de las aguas de Chiclana, “sin embargo, era necesario elaborar un nuevo informe oficial, desde una institución pública para conocer el estado real de dichas aguas”.
Y sobre ello, remarca Moreno –pese a lo que dice ahora Marín- que “el alcalde y el presidente del PP conocían de los trabajos de redacción de dicho informe. Avances que le hice saber en multitud de reuniones, en conversaciones privadas, encuentros y correos electrónicos remitidos a diversos miembros de la Corporación Municipal y personal del Ayuntamiento. Sirva como ejemplo el hilo de correos establecido, entre el 30 de octubre de 2014 y el 4 de noviembre de 2014, con el secretario general del Ayuntamiento en el que le informo de los avances del documento. También conoce de mis avances el propio PVRE, como queda constancia en las actas de las reuniones del partido, aunque ahora lo nieguen”, se queja.
Una vez concluido el informe, en diciembre de 2014, la exedil de este partido nacido entre vecinos del extrarradio manifiesta que instó al alcalde a que, con las conclusiones de dicho documento, tomara las decisiones oportunas. “Las conclusiones alcanzadas en el informe apremian a tomar decisiones urgentes y efectivas para evitar la situación de riesgo a la que se enfrentan los vecinos. Dicha situación de riesgo es traslada al alcalde que, pese a todo, decide no actuar. Al no tomar medida alguna, opto por enviar el informe por registro departamental de salina nº 2.175 personalmente al alcalde para que quede constancia que ya trasciende a mis competencias poder tomar medidas de urgencia, algo que corresponde al alcalde”, subraya.
Finalmente, Moreno agradece a los técnicos de su delegación su trabajo, así como da las gracias al alcalde y al resto de concejales del bipartito “por la confianza prestada durante este tiempo”. Sin embargo, lamenta “la decisión tomada por su parte a mis espaldas y sin la más mínima voluntad de diálogo”. Igualmente hace llegar su agradecimiento a la ya excompañera de partido y concejala de Urbanismo Marisol Ayala “por su apoyo este tiempo en mi trabajo en proyectos como la redacción del propio informe”.
JUNTA: “UN PROBLEMA DERIVADO DE LA AUSENCIA DE UN PGOU”
Mientras, desde la Junta de Andalucía, y más en concreto desde la delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, una vez tenido conocimiento de este controvertido informe sobre el estado de los acuíferos de Chiclana realizado por el Ayuntamiento, deja claro que “la competencia de dotar de agua potable, con todas las garantías sanitarias, a los usuarios es municipal”; y en este sentido, el Consistorio es responsable del suministro de agua a través de una red de abastecimiento. No obstante, en este municipios existen miles de viviendas ilegales y “precisamente por esta condición de ilegalidad, no se dotan de la citada red de abastecimiento y recurren a pozos ilegales, que, además, pueden estar cercanos a fosas sépticas y/o pozos negros”. El uso y consumo de estas aguas subterráneas, que están al margen de la red municipal, “es responsabilidad del usuario y responsabilidad del Ayuntamiento es la búsqueda de soluciones a estas prácticas”.
La administración regional sí admite ser competente en la vigilancia y control sanitario pero “exclusivamente de las aguas de las redes de distribución, de aquellas al margen de los canales legales de suministro debe encargarse, como se ha dicho, el Ayuntamiento”. Con todo, la Junta tiene una serie de mecanismos de vigilancia en lo que a la salud de las personas se refiere “y, en el caso de Chiclana, no se ha detectado ninguna incidencia sanitaria relacionada con el posible consumo de agua no procedente de la red de suministro municipal”.
Y desde el punto de vista urbanístico, se recuerda que esta situación “es un problema derivado de la ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por tanto la solución está en dicho planeamiento y en su aprobación de una vez por todas por parte del Ayuntamiento. Cuando haya un Plan General las viviendas podrán regularizarse y conectarse a la red de abastecimiento y saneamiento municipal”.
El Consistorio en su propio PGOU propone un control estricto de las captaciones ilegales a los acuíferos (aperturas de pozos), a los cauces y sistemas lacustres, además de la vigilancia de la construcción ilegal de pozos. El informe de la Junta a este PGOU en vías de aprobación señala que en los suelos urbanos y urbanizables deberá garantizarse el saneamiento y depuración de las aguas residuales a través de las infraestructuras municipales, no a través de sistemas independientes, “quedando prohibido tal y como se indica en el art. 14.2.15 pto. 8 de las Normas urbanísticas el uso de las fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, tolerándose las existentes hasta tanto no se culminen las obras de urbanización del ámbito”.
Además, la Junta se queja de que el Ayuntamiento no ha conectado a las viviendas las infraestructuras construidas hace unos años por la propia administración autonómica, “con lo que echa por tierra una inversión millonaria que ya podría estar dando servicio a los vecinos”. En 2011 la Junta inauguró los sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y pluviales en la zona conocida como el Pago de la Rana Verde. Se invirtieron más de 15,1 millones de euros para completar el ciclo integral del agua en este núcleo y garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento a una población aproximada de 20.000 habitantes.
PP-PVRE: “LOS ACUÍFEROS SON COMPETENCIA DE LA JUNTA”
Como reacción al comunicado de la Junta, el Gobierno chiclanero reitera su compromiso de colaborar con las autoridades autonómicas “en todo aquello que le pueda competer”.
Y PP-PVRE aclara que, “como sabe perfectamente la Junta, la anulación del PGOU por el Tribunal Supremo en junio de 2011 imposibilitó legalmente al Ayuntamiento a acometer los trabajos para el suministro del agua a las viviendas situadas en el Pago de la Rana Verde”.
Del mismo modo, la administración regional “conoce que el Plan General ha sido ya aprobado provisionalmente, y que se encuentra actualmente en fase de exposición pública y a la espera de la emisión de los informes sectoriales preceptivos por parte de la Junta”. En este sentido, ambas administraciones “trabajan de forma coordinada y con lealtad institucional en este asunto, prueba de ello es que en la última reunión de la comisión de seguimiento, que tuvo lugar precisamente ayer (por el miércoles), se acordó aunar esfuerzo para que estos informes se tramiten antes de finalizar el mes de marzo”.
Por otro lado, el bipartito muestra satisfacción por el hecho de que la delegación territorial de Salud “no haya detectado ninguna incidencia sanitaria relacionada con el posible consumo de agua no procedente de la red de suministro municipal, por lo que se debe trasladar tranquilidad a la ciudadanía”. Y acaba remarcando que “los ayuntamientos no tienen competencia alguna sobre las aguas que contienen los acuíferos, dicha competencia es exclusiva de la Junta de Andalucía, unos acuíferos que se han visto afectados por décadas de construcción irregular sin los controles oportunos”.
PSOE: “ESTE ASUNTO DE LOS ACUÍFEROS LO SABÍA TODO EL MUNDO MENOS EL ALCALDE”
Desde el PSOE en el Ayuntamiento, su portavoz José María Román ha valorado esta supuesta ocultación de un informe sobre los acuíferos en Chiclana: “parece ser que este asunto de los acuíferos lo sabía todo el mundo menos el alcalde, ya que la gente sabe cómo se encuentran las aguas subterráneas en la Bahía de Cádiz”.
“Nos suena que el rasgado de vestiduras es un ejercicio de hipocresía y solo puede ser calificada así esta escenografía que se ha montado para hablar de este asunto, puesto que si Marín no conocía este tema, ¿de dónde es alcalde?”, ha expresado Román, quien ha añadido que “lo que ha sucedido estos días es un ejercicio de irresponsabilidad tremenda, puesto que no se puede trasladar un informe para que al final parezca que en Chiclana no hay agua potable y suframos en una situación en la que no podemos estar”.
“Conociendo que el motor más importante de Chiclana es el turismo, no ayuda en absoluto las declaraciones alarmistas que ha generado la Alcaldía, que dice que no quiere crear alarma, pero hace todo lo contrario”, recriminan desde el principal partido de la oposición, que recuerda también que las obras de infraestructuras y tuberías ejecutadas años atrás: “concluyeron en 2011 y es terrible que, después de cuatro años, no haya habido ni una sola acción que haya facilitado a estas zonas agua potable y alcantarillado, sobre todo, cuando los tubos están a tres metros de las viviendas”.
A juicio de Román, “el problema de fondo es que no se ha querido decir la verdad a los vecinos, que no es otra que la conexión tenía un proceso. Y ellos, mientras tanto, hablaban de que esto iba a costar 8.900 euros”, ha destacado. “En definitiva, un engaño como el que en estas últimas semanas hemos tenido sobre la bajada del IBI, que no se dice que es de una forma diferente a lo que se anuncia, o que ha creado una nueva tasa de basura”.
IU: “LO PRIMERO DE TODO ES DAR SERVICIOS BÁSICOS AL EXTRARRADIO”
Por su lado, la portavoz municipal de IU, Ana Rodríguez, ha manifestado la “necesidad de hacer una diferenciación clara entre los dos asuntos que confluyen en los últimos movimientos en el Gobierno municipal tras la cesión de Susana Moreno como delegada de Vías y Obras”. Para la izquierdista, el aspecto más relevante es “la que parece ser una alarmente situación de los acuíferos, algo que ya sabíamos y que ahora queda reflejado de forma oficial”.
En este sentido, ha tildado de “lamentable” que “miles de ciudadanos estén diariamente cocinando o lavándose con agua de pozos que distan escasamente de las fosas sépticas”. Rodríguez ha culpado de esta situación al PSOE, “que en treinta años de Gobierno en Chiclana ha mirado para otro lado, sin poner freno a esta situación” e, igualmente, del PP ha criticado que en los últimos cuatro años “conscientes de la situación a la que se enfrentaban, han mantenido la línea de sus antecesores de no buscar soluciones y remedios a la contaminación de los pozos”.
Ante esto, ha argumentado que la “verdadera necesidad” de Chiclana es que “de una vez por todas, alguien coja el toro por los cuernos y, de forma responsable, lo primero de todo es dar servicios básicos al extrarradio. Todo ello con el consenso y también la responsabilidad de los vecinos afectados”.
En un segundo plano, para Rodríguez, “están los movimientos dentro del equipo de Gobierno”. Un tema que “se veía venir desde el momento en que PP y PVRE llegaron a un pacto de Gobierno sin ninguna solidez, ni de programa, ni de confluencias políticas”. Por este motivo, responsabiliza al propio Marín de “la situación en que ahora queda el Gobierno de Chiclana”.
