Ecologistas en Acción, Toniza y Agaden han presentado un escrito dirigido al alcalde de Chiclana solicitando el archivo del expediente de tramitación del nuevo PGOU “al estar infringiendo gravemente la normativa estatal y comunitaria de evaluación ambiental”. Advierten de posible prevaricación. La reacción de Román ha sido inmediata, y al hilo también de la anulación del Plan General de Marbella por este mismo motivo, ha remitido una consulta a la Junta en la que solicita su parecer sobre la procedencia o no de avanzar en el procedimiento de aprobación provisional del documento, previsto en un principio para noviembre: “no podemos actuar desde un mar de dudas, incertidumbre e incomodidad”.
Las asociaciones Ecologistas en Acción, Toniza y Agaden han presentado en el Ayuntamiento de Chiclana un escrito dirigido al alcalde, José María Román, solicitando el archivo del expediente de tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “al estar infringiendo gravemente la normativa estatal y comunitaria de evaluación ambiental”. Advierten de posible prevaricación si se sigue tramitando “de forma fraudulenta” sin someterse a la Evaluación Ambiental Estratégica a que obliga la legislación estatal y comunitaria.
Hace apenas unos días la empresa que redacta el Plan, Territorio y Ciudad, ha entregado al Consistorio una nueva versión del documento, que deberá ser aprobada otra vez de forma provisional en un pleno extraordinario para su posterior exposición pública. El nuevo Gobierno local socialista, en principio, busca agilizar el proceso ya que “el objetivo es que en mayo este documento esté aprobado y pueda entrar en vigor”.
Ecologistas en Acción recuerda en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que ya presentó en el pasado mes de octubre un recurso de alzada ante la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el que hacían constar, al respecto, que se estaba incumplimiento en el proceso de evaluación ambiental de este PGOU la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006 relativas a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; que el Tribunal Supremo ha reiterado en varias sentencias la obligación de someter los planes urbanísticos a la Evaluación Ambiental Estratégica que regulan dicha directiva y ley, y no sólo a la normativa autonómica que ha pretendido aplicar a dichos planes urbanísticos un mero estudio de impacto ambiental -las últimas, las sentencias que anulan el PGOU de Marbella, precisamente por no haberse a este procedimiento de evaluación ambiental-; y que todos los planes urbanístico que se vienen tramitando y aprobando en Andalucía desde 2006 “están viciados de nulidad”.
Por ello, se solicitó al consejero de Medio Ambiente que se procediera al archivo de las actuaciones del Plan General urbanístico y se iniciara un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas en aplicación de la mencionada normativa estatal y comunitaria.
Las diferencias entre la “normativa fraudulenta” que vienen aplicando la Junta y los ayuntamientos, y la que exige la legislación estatal y comunitaria “son de gran importancia”, a decir de estos colectivos verdes. Y es que la administración regional hoy día sólo exige un Estudio de Impacto Ambiental a los PGOUs que elaboran los consistorios sin participación ciudadana previa alguna, “y tan solo lo somete a un proceso de información pública para que se aporten medidas correctoras a decisiones urbanísticas firmes tomadas con antelación”.
Sin embargo, la normativa estatal y comunitaria exige un proceso previo de consultas para definir los objetivos, propuestas y proyectos a incluir en el Plan, que “deben estar perfectamente justificados”. Además, exige el estudio de opciones alternativas a todas las propuestas incluidas, “lo que nunca se ha hecho hasta ahora”. En el caso de Chiclana, Agaden, Toniza y Ecologistas subrayan que “han incluido sin justificar su necesidad y sin opciones de ubicación alternativa”: la carretera de circunvalación Ronda Oeste, un hospital en el Sistema General de Espacios Libres del Pinar de Hierro, la urbanización del Cerro de La Espartosa, unos crecimientos urbanísticos “desmesurados” de un 130%, la construcción de 17.190 nuevas viviendas, etc. “Todas estas propuestas deberán ser ahora justificadas, con opciones alternativas, en el nuevo PGOU que se tramite”, se insiste.
La consejería de Medio Ambiente no ha contestado al recurso de Ecologistas en Acción, y el Ayuntamiento chiclanero sigue con la tramitación del PGOU, “ignorando las normas legales y las sentencias del Supremo”.
Por ello, estos colectivos han registrado este escrito pidiendo al alcalde que se proceda al archivo del PGOU en tramitación y que se redacte uno nuevo, “sometiéndolo al preceptivo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas”. Además, se advierte de que, de seguirse tramitando dicho PGOU y si se procede a aprobarlo provisionalmente por segunda vez por parte del pleno, “se podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación”.
EL AYUNTAMENTO CONSULTA A LA JUNTA: “NO PODEMOS ACTUAR DESDE LA INCERTIDUMBRE”
Por su lado, al hilo de la anulación del Plan General de Marbella y del escrito de los grupos ecologistas, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha anunciado que ha enviado una carta a la secretaría general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta en la que se solicita su parecer sobre la procedencia o no de avanzar en el procedimiento de aprobación del documento de planeamiento local, previsto en un principio para noviembre. “Entre tanto no se conozca la comunicación por parte de la Junta, prudentemente vamos a esperar y no llevar a pleno la aprobación del Plan”.
“Tenemos mucha prisa por aprobar el PGOU, ya que es muy importante para Chiclana, pero queremos ser prudentes”, ha insistido el primer edil del PSOE, quien ha aclarado que “este Plan no es de un Gobierno u otro, puesto que hemos participado varias corporaciones”. “Lo importante es que el Plan se apruebe, pero este contexto de Marbella y lo anunciado por lo ecologistas nos lleva a la prudencia y a actuar con responsabilidad”, ha apostillado.
“Vamos a esperar unos días a ver qué nos dicen desde la Junta de Andalucía para así acertar”, ha avanzado Román, aclarando que “eso supondrá que, aun teniendo previsto la mesa de seguimiento del Plan, una reunión con la Plataforma de Afectados por la Regularización y un Consejo Económico y Social, puesto que ya tenemos el documento en el Ayuntamiento, éste no iría a la comisión informativa prevista para el viernes 20”.
El alcalde ha deseado que “ojalá en 15 ó 20 días nos digan que el procedimiento de aprobación del PGOU puede seguir adelante y así convocar la comisión informativa y el pleno”, pero ha admitido que “no vamos a actuar hasta que podamos tener el respaldo y la confianza; no podemos actuar desde un mar de dudas, incertidumbre e incomodidad”.
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