Las concejalas de Diseminado y de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana han presentado las ordenanzas para la regularización de viviendas del PGOU, que próximamente se llevarán a pleno. El documento, que de momento tiene el visto bueno de los potenciales beneficiarios, recoge un coste medio de urbanización primaria –luz, agua, alcantarillado-, de 9.500 euros por casa ilegal, mientras que el proceso completo rondaría los 25.500 euros. Se calcula que en el término municipal se podrían legalizar más de 16.000 viviendas.
Las concejalas de Diseminado y de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Cándida Verdier y Ana González, respectivamente, han presentado las ordenanzas para el desarrollo, gestión y ejecución urbanística de las Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que próximamente se llevarán a pleno para su aprobación inicial y que ya se han trasladado los colectivos sociales y vecinales implicados en este proceso que busca legalizar miles de viviendas en el extrarradio.
Estas ordenanzas afectarán a unos 22 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado y que alberga a un total de 16.550 viviendas ilegales, de las cuales 13.152 están ya edificadas.
González ha recordado que “es importante tener aprobado el Plan General para poder desarrollar estas ordenanzas, ya que desarrollan artículos del PGOU”; este martes 17 se eleva a pleno. “El Plan es el instrumento, a través del cual se clasifica el suelo y, por tanto, nos da las distintas áreas de regularización e integración urbano-ambiental en las que poder actuar. Además, es fundamental que esté aprobado antes del 26 de junio”, ha insistido.
Por su parte, Cándida Verdier ha indicado que “hemos cumplido nuestro compromiso de traer este documento que próximamente se llevará a pleno para su aprobación inicial”. Y ha señalado que tras entregar el documento días atrás a los grupos municipales, ya se ha tenido el primer contacto con los colectivos afectados, o más bien potenciales beneficiarios, (un total de 12, entre ellos, la Plataforma de Afectados por la Regularización) “y queremos destacar que les han dado el visto bueno”.
“Los vecinos han apreciado con grata sorpresa que el Gobierno no haya esperado a la aprobación del PGOU para elaborar estas ordenanzas. Así, una vez aprobado definitivamente el Plan, este documento también podrá aprobarse definitivamente para su inmediata aplicación”, ha incidido esta edil del PSOE, quien ha destacado “la simplificación de los trámites” en relación a las ordenanzas de 2010, derogadas por el anterior Gobierno local PP y PVRE.
“Son unas ordenanzas más claras” y, sobre todo, se destaca “la reducción de los costes en una media del 50%”. “El objetivo es reconocer para dar seguridad jurídica a esas construcciones y permitir un proceso de urbanización y legalización de las mismas”, ha recalcado la también portavoz del Gobierno, quien ha aclarado que “las ordenanzas van destinadas a edificaciones construidas sin licencia ajustadas al Plan General y que ya no tienen posibilidad de ejercerse sobre ellas la disciplina urbanística, edificaciones que no están ajustadas al PGOU y que tampoco pueden ser derribadas, catalogadas como Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), y edificaciones con cédulas de habitabilidad anteriores a 31 de diciembre de 1987”.
PROCESOS DE URBANIZACIÓN POR FASES
Cándida Verdier ha explicado que la gestión urbanística se puede hacer de forma sistemática, es decir, como establece la Ley; o asistemática, esto es, procedimientos en los que no hace falta un proyecto de reparcelación, agrupándose por cuencas o subcuencas e, incluso, pueden hacerse de forma faseada. Así, existe la posibilidad de que haya una urbanización primaria, es decir, conexión de servicios básicos de luz, agua, alcantarillado y alumbrado público; o una urbanización secundaria, que incluye pluviales, servicios de telecomunicaciones, cerramiento de parcelas, etc.
“Esto posibilitará que haya grupos de personas que solo quieran una urbanización primaria y otros que quieran terminar todo el proceso”, ha indicado la delegada de Diseminado, quien ha aclarado que “estos procesos podrán hacerse de forma privada, es decir, los propietarios de las cuencas, o de forma pública por parte del Ayuntamiento. En este caso, podrá hacerse a través de contribuciones especiales, lo que ha tenido una buena aceptación por parte de los vecinos, que son los que decidirán finalmente si quieren regularizar y cómo”.
Hay una segunda fase tras la urbanización, que sería la legalización de las viviendas, que también podrá hacerse de forma voluntaria en tres fases, que son inicio, instrucción y resolución. “Es muy importante incidir en que se regulan las viviendas Asimiladas Fuera de Ordenación y los denominados ‘complejos inmobiliarios’, que incluye las parcelas pro-indivisas, es decir, que no se pueden dividir por su tamaño”, anota la edil socialista. “Y, por supuesto, existe la posibilidad de que aquellas personas con expedientes disciplinarios puedan incluirse voluntariamente en el proceso de regularización, reduciendo al 25% la sanción”, ha aclarado Verdier, quien ha insistido en que, “respecto a las Ordenanzas de 2010, hemos incluido las obras faseadas, tiene un sistema voluntario por parte de los vecinos, además de flexible y costes muy reducidos”.
En cuanto a los costes del proceso de legalización, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha indicado que “hemos hecho un trabajo muy importante para reducir los mismos en una media del 50% y hay fórmulas de pago que van desde las contribuciones especiales al pago al contado o el fraccionamiento”.
En este sentido, la fase de urbanización primaria tendrá un coste medio por vivienda de unos 9.500 euros, mientras que la suma de la urbanización primaria y secundaria sería de unos 25.500 euros de media. “Hay que tener en cuenta que el vecino puede acceder a la urbanización primaria y posponer para más adelante la urbanización secundaria”, ha insistido y que, “por tanto, por unos 9.500 euros de media los vecinos podrán tener los servicios básicos”. Así, por poner unos ejemplos, en las ordenanzas de 2011 el coste medio de regularización primaria y secundaria en Carboneros era de unos 45.000 euros por vivienda, mientras que ahora es de unos 16.000 euros; en Carrajolilla se ha pasado de 40.000 euros a 21.000 euros; mientras que en Majadillas Bajas, se ha pasado de 72.000 euros a 22.000 euros.
“Ahora toca esperar que el proceso vaya bien y se cumplan las expectativas de los que hemos puesto ilusión en este instrumento urbanístico”, sentencian desde el equipo de Gobierno.
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