Una familia de Chiclana ha sido condenada por “abandono de familia”; se trata de una sentencia de absentismo escolar que implica que tanto el padre como la madre deberán pagar 5 euros al día durante seis meses, como multa. Esta resolución supone un caso aislado en la ciudad, gracias a la buena labor diaria de las entidades implicadas en el Plan de Absentismo.
Una familia de Chiclana ha sido condenada por “abandono de familia”; se trata de una sentencia de absentismo escolar que implica que tanto el padre como la madre deberán pagar 5 euros al día durante seis meses, como multa por dicho abandono.
“Esta sentencia lo que demuestra es que se hace una labor ejemplar en este sentido, gracias al trabajo cotidiano de los técnicos de Educación, así como de los profesionales de la Policía Local, que realizan una labor excelente con los centros escolares e institutos de la ciudad”, resalta el concejal de Educación, Joaquín Páez.
En este caso concreto, se trataba de una niña de nueve años de edad, cuya primera derivación se produjo en 2006. En febrero 2009, tuvo la primera intervención de técnicos de Educación y Policía Local y en marzo se detecta un nuevo caso de absentismo, esta vez, en la hermana pequeña. “Este segundo caso se da en una menor de cuatro años y, aunque la educación obligatoria es a partir de los seis años, en la delegación de Educación tenemos un protocolo para prevenir el absentismo. Así, una vez que las familias optan por matricular a sus hijos en una escuela infantil, nosotros nos ocupamos de que la asistencia sea regular”, explica este concejal socialista.
De este modo, en marzo se informó a la Policía Local y en junio de ese 2009 la situación cambia y la familia se toma en serio la educación de sus pequeñas. Este cambio hace que la familia y la alumna reciban una carta y se mantenga una reunión de refuerzo positivo, en los que se le felicita por al cambio de actitud. No obstante, en noviembre de ese mismo año, la situación vuelve atrás y eso provoca la segunda visita de la Policía y hace que se lleve el caso a Fiscalía y la denuncia correspondiente de este último organismo.
En 2010, los técnicos de la concejalía de Educación son requeridos como testigos por el juez y en 2015 aparece la sentencia, que le ha sido comunicada al Ayuntamiento hace pocos días.
Páez manifiesta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “lo que pretendemos haciendo pública esta sentencia es garantizar el derecho a la educación de los menores y, además, dar a conocer la implicación de la gente y de las diferentes entidades que colaboran en este Plan de Absentismo”.
“ESTA SENTENCIA SÓLO ES UNA DESGRACIADA ANÉCDOTA”
Tanto la concejalía de Educación como la Policía Local forman parte del Plan de Absentismo, que también incluye convenios de colaboración con centros médicos y de los colegios e institutos. “Hay un buen Plan de Absentismo, que da un estupendo resultado. Esta sentencia sólo es una desgraciada anécdota, que queremos poner de manifiesto para resaltar, precisamente, que la concienciación familiar en ese sentido hacen que estas sentencias sea casi inexistentes, gracias a la gran labor que se hace”, insiste el responsable municipal.
Como datos a tener en cuenta, en el curso el 2014/2015 sólo hubo dos casos de atestados instruidos, mientras que en el 2013/2014 hubo siete, siendo 13 el total de condenas que se han producido desde la creación de este protocolo de actuación.
Este protocolo de absentismo consiste en la derivación por parte de los colegios e institutos a la concejalía de Educación de estos casos, ya que son los centros los que observan y evalúan si las faltas de los alumnos deben ser consideradas alarmantes o no. En el momento que el centro detecta que estas faltas no están justificadas, derivan a esos alumnos al Consistorio, que inmediatamente se pone en contacto con las familias y con los Servicios Sociales, por si previamente este niño ha tenido otro tipo de derivación.
Una vez en contacto con las familias, el objetivo es hacerlas entender que la posición con respecto a su hijo no es la adecuada, sobre todo a la hora de garantizar su educación, y se sigue observando a esta familia. Si tras esta primera toma de contacto y posterior seguimiento, no se aprecia un cambio de conducta, se procede a la primera intervención de la Policía Local. Si no se aprecia un cambio, se termina poniendo el caso concreto en conocimiento de Fiscalía.
A partir de ahí, es Fiscalía de Menores la que lleva a cabo o no una denuncia, atendiendo a las circunstancias que el equipo de fiscales entiendan.
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