La Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico ha querido aclarar a qué se debe el retraso de los trabajos de dragado de la canal de acceso al puerto deportivo de Sancti Petri, en Chiclana, previstos por parte de la Junta de Andalucía inicialmente para primavera, pero que el Ayuntamiento se teme que terminarán ejecutándose en verano, incidiendo en plena temporada turística. Una demora que asegura que no se le puede imputar, como ya se excusa el Gobierno autonómico del PP.
Al respecto, Costas ha requerido “por dos veces” a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la consejería de Fomento, la subsanación de la documentación aportada para dar vía libre a la actuación, sin la que no es posible la emisión del Informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas (ICEM), así como sobre la propuesta de aporte en la playa de La Barrosa de la arena procedente del dragado.
En septiembre de 2024, se recibe la primera petición de informe de dragado por parte de la APPA, solicitud en la que no solicitan el Informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas ni el de afección al Dominio Público Marítimo Terrestre, ambos “obligatorios, preceptivos y vinculantes”. Además, ya informa que el vertido de las arenas será en La Barrosa, “sin consulta previa al respecto a la Demarcación de Costas, organismo competente para definir la zona de aporte”.
Un mes después, según el relato trasladado por Subdelegación del Gobierno a DIARIO Bahía de Cádiz, Costas solicitó a la APPA que aportara la documentación técnica complementaria relativa a los hábitats y especies de la zona donde se quiere realizar la actuación, así como el informe justificativo de la adecuación de la actuación a los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas y de su contribución a la consecución de los objetivos ambientales.
La APPA, que “no se ha puesto en contacto directo con Costas en ningún momento para intentar aclarar las dos subsanaciones”, se expone, remitió entonces un documento denominado ‘Documentación técnica complementaria’ firmado por el consultor autor del proyecto. Pero se comprobó que era una mera declaración de que “en la zona de dragado y vertido no se encuentran hábitats o especies de relevancia ecológica por lo que no se producirán efectos significativos sobre la biodiversidad”, sin estudio alguno que lo justifique. Además, se añadía información obsoleta.
NUEVAS PETICIONES EN ENERO
Ya el pasado enero, desde la Demarcación de Costas se atiende en dos ocasiones al consultor redactor del proyecto, y se le indica de nuevo la documentación que tienen que presentar para poder dar el visto bueno.
Sin embargo, tras comunicar por medio de oficio a la APPA la necesidad de aportar la documentación o justificación de la no afección a las Estrategias Marinas, al igual que se hizo telefónicamente con los consultores, “no se ha tenido contestación hasta la fecha, salvo lo afirmado en un comunicado emitido por la Agencia de Puertos”.
La Junta se queja públicamente de que se le solicita una documentación adicional que “antes nunca se había pedido”, algo que, replica Costas, “no es cierto, ya que una vez que el RD 79/2019 entra en vigor, y su modificación de 2022 (Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas), dichas normas son de obligado cumplimiento y deben ser conocedores de su contenido”.
En este punto, la Demarcación de Costas continúa a la espera de la documentación sobre la evaluación de los efectos del dragado en la Estrategia Marina Sudatlántica para poder emitir el informe correspondiente a la Capitanía Marítima y a la APPA, así como la autorización para el aporte del material dragado “en la zona que se determine por Costas, según las necesidades detectadas por este organismo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático”.
