Las ordenanzas de legalización de viviendas en Chiclana, aprobadas de forma inicial a principios de julio, se someten durante dos meses a exposición pública con su publicación en el BOP, lo que conlleva asimismo la apertura del plazo de alegaciones. El objetivo del Gobierno local es que las ordenanzas puedan entrar en vigor “en otoño”, y asegura que prevén un coste medio de urbanización primaria de 9.500 euros por vivienda, y de urbanización secundaria de 22.500 euros. El PP cree que se está “engañando” a los vecinos y anima a los interesados a alegar.
Las ordenanzas de legalización de viviendas en Chiclana (para el desarrollo, gestión y ejecución urbanística de las Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental del PGOU), aprobadas de forma inicial por el pleno a principios de julio, se someten ya, y durante dos meses, a exposición pública con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que conlleva asimismo la apertura del plazo de alegaciones. El objetivo del Gobierno local es que las ordenanzas puedan entrar en vigor “en otoño”, y en cualquier caso, no sería posible su aprobación definitiva hasta que la Junta de Andalucía no dé el último visto bueno al Plan General de Ordenación Urbana.
“Esperamos que haya una gran participación ciudadana durante estos dos meses, ya que así se podrá mejorar el contenido de las ordenanzas”, ha interpretado la concejala de Diseminado, Cándida Verdier. “Nuestro compromiso, una vez aprobada inicialmente, era que se colgara en la página web municipal, como así se hizo días atrás. Y, por tanto, cualquier ciudadano se puede descargar íntegramente las ordenanzas, incluyendo memoria, planos, etcétera…”, ha recordado. Cualquier interesado también puede informarse en el departamento de Diseminado, sito en la cuarta planta de la Concejalía de Urbanismo. “Y, por supuesto, vamos a organizar encuentros con colectivos vecinales para explicar el contenido de las ordenanzas, que son mucho más sencillas que las de 2010”, ha apostillado.
Estas futuras ordenanzas beneficiarán a unos 22,5 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado, divididos en 16 áreas de regularización, y que albergan a un total de 16.527 viviendas construidas ilegalmente, de las cuales 13.152 están ya edificadas.
“Queremos destacar el consenso con los colectivos implicados, puesto que antes de su aprobación inicial hemos mantenido encuentros con más de una veintena de colectivos, que ha dado el visto bueno al documento, ya que supone un avance importante respecto a otros textos anteriores, simplifica los procedimientos, clarifica la situación y reduce los costes una media del 50%”, insiste Verdier en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Asimismo, los propietarios de viviendas situadas en las áreas de regularización tienen la posibilidad de que haya una urbanización primaria, es decir, conexión de servicios básicos de luz, agua, alcantarillado y alumbrado público; o una urbanización secundaria, que incluye pluviales, servicios de telecomunicaciones, cerramiento de parcelas, etc. “Esto posibilitará que haya grupos de personas que solo quieran una urbanización primaria y otros que quieran terminar todo el proceso hasta la legalización de las viviendas”, ha recordado esta concejala del PSOE, quien ha aclarado que “existe la posibilidad de que aquellas personas con expedientes disciplinarios puedan incluirse voluntariamente en el proceso de regularización, reduciendo al 25% la sanción”.
LOS COSTES SE REDUCEN UN 50% DE MEDIA
En cuanto a los costes del proceso, Cándida Verdier repite que “hemos hecho un trabajo muy importante para reducir los mismos en una media del 50% y hay fórmulas de pago que van desde las contribuciones especiales al pago al contado o el fraccionamiento”. En este sentido, la fase de urbanización primaria tendrá un coste medio por vivienda ilegal de unos 9.500 euros, mientras que la suma de la urbanización primaria y secundaria sería de unos 25.500 euros de media. “Hay que tener en cuenta que el vecino puede acceder a la urbanización primaria y posponer para más adelante la urbanización secundaria”, ha aclarado la delegada de Diseminado, quien ha añadido que “en la página 75 de la memoria de las Ordenanzas aparecen los costes. Por tanto, dichos costes no lo decimos nosotros, sino que están establecidos en el documento”.
Esta reducción de los costes en una media del 50% se debe a varios factores: “en primer lugar, porque se ha trabajado con los valores catastrales. De esta forma, tras la aprobación en 2007 de la ponencia de valores por parte de Marín, se elevó los costes de mercado. Sin embargo, las propias ordenanzas estiman improcedente esa valoración, pese a la revisión parcial de 2014, y por tanto hace una valoración conforme al mercado”; del mismo modo también contribuye a esta bajada de los costes “la reducción de los viarios y un menor nivel de urbanización”.
Finalmente, la edil de Diseminado subraya que “otro factor importante es la segmentación del territorio en 11 cuencas hidráulicas y 182 subcuencas de unas 90 viviendas aproximadamente. Así, este sistema es factible para llevar a cabo la regularización”.
“En definitiva, estas ordenanzas resuelven temas como las licencias de obra, primera ocupación, los pro-indivisos, las cantidades entregadas con anterioridad y los expedientes disciplinarios”, ha aclarado.
EL PP EXPLICARÁ A LOS VECINOS LA “REALIDAD” DEL PROCESO
De la misma forma, el PP en el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los chiclaneros para que presenten alegaciones. Y pese a la rueda de prensa de Verdier anunciado la apertura de este plazo, desde el principal partido de la oposición se interpreta que el equipo de Gobierno de PSOE y Ganemos “trata de ocultar la aprobación de esta ordenanza, aprobando la misma en verano e incluso ocultando el inicio del plazo de alegaciones, como ya hicieran con la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)”..
Además, el portavoz municipal popular, Andrés Núñez, considera que se “está intentado engañar a los vecinos asegurando que la regularización sólo costará 9.000 euros, cuando es rotundamente falso, ya que el coste será de 40.000 euros de media y en un plazo de siete años, por lo que, en caso de que no abonen dichas cantidades, el Ayuntamiento deberá tomar las medidas necesarias para el cobro efectivo, es decir, proceder a los embargos oportunos de los propietarios de las viviendas a regularizar”.
Durante este periodo de dos meses, el PP avanza que realizará una “amplia campaña de información y de trabajo” para presentar alegaciones y para explicar a los vecinos la “realidad” de este proceso de legalización de viviendas.
Para Núñez, “hay que dar seguridad jurídica a los ciudadanos, pues (las ordenanzas) afectan a 22 millones de m2, la mitad de Chiclana y a cerca de 13.000 familias. Por eso no tiene que haber prisas. Hay que darle a los ciudadanos información veraz y cierta, decir cómo es el procedimiento y las consecuencias que puede tener el adherirse. Hay que hacer una labor didáctica y conseguir ahorrar los costes al máximo, cuando la realidad es que en la Rana Verde, que ya tiene dado pasos de los servicios básicos, la cantidad total es de unos 40.000 euros a abonar en siete años”.
(puedes comentar esta información más abajo)
