La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Ana González, se ha hecho eco del anuncio del Ministerio de Fomento, que trabaja en un anteproyecto de Ley para “reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística”, permitiendo que las administraciones territoriales puedan modificar planes urbanísticos que “hayan sido cuestionados por tribunales de Justicia”, y evitar así que, en determinados supuestos, una sentencia judicial tumbe estos planes definitivamente.
En este sentido, la edil socialista interpreta que “eso significa que se está preparando una Ley para evitar que, en determinados casos, una sentencia judicial tumbe planes generales”.
Al respecto, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) chiclanero, aprobado a finales de 2016 y en vigor casi al 100% desde hace unas semanas –tras el levantamiento de suspensiones de diferentes ámbitos-, está pendiente de volver a ser tumbado por los tribunales, como los anteriores (sería la cuarta anulación). Precisamente grupos ecologistas y Podemos han alertado de lo sucedido en otra ciudad andaluza: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulaba en marzo el Plan General de Jaén, fallando sobre dos cuestiones que se repiten en el plan urbanístico chiclanero: la ausencia del documento de la Evaluación Ambiental Estratégica, y el crecimiento poblacional desproporcionado. De hecho, hace meses el TSJA ya admitía a trámite el recurso de Ecologistas en Acción contra el documento gaditano.
Con esta posibilidad muy presente, aunque no la admita directamente, González reflexiona que “ahora mismo los planes generales tienen el nivel de reglamento, es decir, de disposiciones de carácter general, mientras que este anteproyecto de Ley lo que pretende es que tengan el carácter de actos administrativos generales”. Así, “actualmente un plan general declarado nulo de pleno derecho no tendría posibilidad de subsanación, mientras que, una vez se pudiera aprobar esta Ley, habría supuestos en los que cabría la nulidad y otros en los que cabe la anulabilidad” O lo que es lo mismo, “podrían convalidarse ciertos autos y retrotraerse hasta ese momento, lo que significa que puede subsanarse la deficiencia o el problema que haya tenido”, ha incidido.
La concejala de Urbanismo insiste en que en la actualidad están siendo anulados planes generales en todas las comunidades autónomas, sin posibilidad de subsanación de las deficiencias que lo han determinado, provocando no solo la nulidad del plan, sino también de todas las herramientas de desarrollo, como podría volver a suceder en Chiclana –de cuyo PGOU vigente depende la regularización de miles de viviendas ilegales en el extrarradio-.
“Ejemplo de ello –añade- es el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que, siendo alcalde de Santander, vio cómo el Tribunal Supremo tumbó el Plan General de dicha ciudad”; por lo que este político del PP, impulsor de este anteproyecto de Ley, “es conocedor de los efectos, a mi modo de ser parecen desproporcionados, conformes a la actual legislación”.
Apostilla asimismo que dicha iniciativa ha sido demandada por todas las comunidades autónomas, así como por los magistrados. “Es un tema preocupante, porque un Plan General necesita de una tramitación de entorno a siete a diez años y con los informes favorables; pese a ello, si llega la sentencia de un juez declarando su nulidad, dicho documento de planeamiento caería, lo que tendría unos efectos desproporcionados”.
Ana González termina afirmando que “nosotros confiamos en que el Plan General de Chiclana no quede anulado por los tribunales y en eso estamos. De ahí que en la tramitación hayamos tenido todos los informes favorables; al igual que yo no puedo decir que es legal, nadie puede decir que sea ilegal”.
“No obstante, para los más agoreros, pedimos tranquilidad, puesto que se están habilitando mecanismos para proporcionar seguridad jurídica y que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística puedan tener una subsanación”, ha insistido la edil de Urbanismo, que aplaude esta iniciativa desde el Gobierno central “puesto que proporciona seguridad jurídica ante un procedimiento de aprobación de un Plan General, que es muy complejo e intervienen muchas leyes”.
