“No podemos más que lamentar la situación tan crítica y vergonzante en que nos han puesto políticos y funcionarios irresponsables, tanto del Ayuntamiento de Chiclana como del anterior Gobierno (del PSOE) de la Junta de Andalucía, batiendo el récord de los despropósitos urbanísticos, y malgastando millones de euros de dinero público”. Son consideraciones desde Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana y Agaden-Ecologistas en Acción, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulando “como se preveía” el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la reacción del alcalde José María Román.
Para Ecologistas, “la única opción es iniciar con urgencia la elaboración de un nuevo PGOU, el quinto ya, con la participación ciudadana por bandera, que solucione los graves problemas de viviendas y equipamientos, potencie el casco histórico, proteja los grandes valores naturales e históricos del municipio y haga frente a las serias amenazas derivadas de la actual situación de emergencia climática, no estando al servicio de la especulación urbanística y los desmanes de políticos irresponsables”. En definitiva, “una ciudad para que todos vivan mejor”. “Ya vamos varios años tarde. Esperar al recurso del Supremo, será perder dos años más”, se advierte.
Al respecto, los colectivos ecologistas no dudan en exigir responsabilidades a esos políticos y funcionarios “por no haber atendido” a sus “innumerables” advertencias de que este PGOU (vigente desde finales de 2016) se estaba tramitando de forma ilegal, que no se atenía al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previsto en una Directiva Comunitaria y en la legislación estatal, y que se terminaría anulando. Como así ha sucedido. “Lo advertimos por escrito y en varios plenos municipales y consejos locales de Urbanismo. El alcalde aseguró que se aprobaría porque tenía el visto bueno de la Junta y del Secretario. ¿Ahora qué?”, se remarca.
Es más, para evitar las consecuencias de una nueva anulación del PGOU (el cuarto documento urbanístico tumbado de forma consecutiva), Ecologistas solicitó hace meses a Román que se iniciara de nuevo su tramitación, “sometiéndolo a una verdadera EAE y eliminando los crecimientos urbanísticos injustificados, ya que el PGOU incluía la construcción de más de 17.000 nuevas viviendas en una población con tendencia a la estabilización”. Sin embargo “ni se nos contestó. Si se hubiera hecho, ya estaría aprobado un PGOU con criterios de sostenibilidad y con total garantía jurídica”.
Plan que, se recuerda, “fue redactado, con el consiguiente gasto de varios millones de euros, por la empresa Territorio y Ciudad del arquitecto Manuel González Fustegueras, la misma que en los tres anteriores PGOUs anulados en Chiclana y en otras tantas localidades”.
“TODOS ERAN CONSCIENTES DE LAS ILEGALIDADES”
Todo se basa, apostillan desde Ecologistas en Acción en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, en el “fraude” cometido por el entonces director general de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fernando Martínez, que firmó una supuesta Declaración Ambiental Estratégica (DAE), “pues, como ha quedado claro en la sentencia del TSJA, el PGOU no se ha sometido a la preceptiva EAE, proceso previo a dicha DAE”. De la “máxima gravedad”, se añade, fue también la resolución que firmó el entonces delegado territorial en Cádiz, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa (ahora, cargo de confianza en el Ayuntamiento de San Fernando), “certificando que el procedimiento de evaluación ambiental del PGOU se correspondía con la EAE, lo que, evidentemente, era falso”.
“Además del alcalde, la concejala de Urbanismo, Ana González, así como todo el pleno municipal eran conscientes de estas ilegalidades. Primero, porque se les supone conocedores de las normas y leyes, y también porque fueron advertidos de forma reiterada por Ecologistas en Acción en sus alegaciones y en intervenciones en el pleno; alegaciones que fueron desestimadas sin más argumento que la prepotencia política y el desprecio a la ciudadanía”, se reitera.
Tras esta sentencia del TSJA a partir del recurso de una empresa, aún quedan por resolver dos recursos ecologistas, uno de la Ecologistas en Acción en la provincia y otro de Agaden-Ecologistas en Acción, “de los que esperamos un pronunciamiento favorable y rotundo”. Así, tras esta primera sentencia “es previsible anulaciones en cascada de más PGOUs que estaban a la espera de la de Chiclana, por haber seguido esta misma tramitación engañosa, eludiendo la normativa estatal y europea”. De hecho, antes de este, ha caído por los mismos motivos el Plan General de El Puerto de Santa María.
“UN RECURSO AL SUPREMO ESTÁ ABOCADO AL FRACASO”
El alcalde chiclanero, en su reacción a este varapalo (descargando responsabilidades en la Junta “como si él no tuviera nada que ver”) ya ha declarado que estudiará con los demás grupos políticos un posible recurso al Tribunal Supremo. Para Ecologistas supone “un nuevo desprecio a la participación ciudadana, representada en el Consejo Local de Urbanismo, que ni siquiera ha sido constituido en este periodo corporativo, siendo su última reunión en octubre de 2017”. Y advierte que un recurso al Supremo “está abocado al fracaso”, y que seguir desarrollando planes urbanísticos del actual PGOU “es una irresponsabilidad, pues decaerán todos cuando el TS anule definitivamente el PGOU. ¿Y entonces qué?”.
Más allá, estos colectivos vuelve a reprocharle a Román que en sus declaraciones “insiste en poner en la picota a quienes denuncian ilegalidades, con expresiones como que ‘ponen piedras en el camino’, mientras sigue causando un gran daño a Chiclana, sin aceptar sus errores ni presentar su dimisión”. Dimisión que, por cierto, ya le ha exigido el PP local.