El Ayuntamiento de Chiclana ha lanzando, por segundo año consecutivo, el programa para la rehabilitación de comunidades de vecinos, con 110.000 euros de consignación. En la primera convocatoria ha contribuido a la rehabilitación de los bloques de viviendas de la barriada de Las Marismas; de hecho, fue la única comunidad interesada, que pudo acceder a unos 36.000 euros de subvención.
En la presentación de esta nueva convocatoria, la concejala de Vivienda, Carmen Jiménez, acompañada por el edil de Servicios Sociales, Francisco José Salado, apuntaba que “aunque el estado de conservación de los edificios en la localidad es bueno en términos generales, un análisis pormenorizado permite determinar deficiencias en el parque residencial, fundamentalmente vinculados con el mantenimiento y conservación, la eficiencia energética y la accesibilidad de edificios en barriadas de antigua construcción y en las que se concentra una población envejecida y que atraviesa por problemas socioeconómicos graves”. Así, “hay bloques de viviendas cuyos propietarios quieren ejecutar mejoras, pero no tienen medios económicos para poder afrontarlas”.
Asimismo, ha insistido que “con este programa pretendemos favorecer la rehabilitación y mejora de los elementos comunes e instalaciones de los edificios residenciales de viviendas colectivas”. Por ello, el ámbito de aplicación del programa alcanzará las obras de rehabilitación sobre elementos y espacios comunes, así como aquellas otras obras o trabajos de mantenimiento de las instalaciones fijas y equipamientos propios de la comunidad de vecinos”. Las actuaciones de rehabilitación objeto de este programa están destinadas al mantenimiento y conservación del edificio de viviendas, es decir, cubiertas, fachadas, azoteas o medianeras.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, los requisitos para que los edificios sean rehabilitados son, obviamente, estar ubicados en el término municipal, y no estar calificados urbanísticamente como fuera de ordenación o en situación de asimilado en régimen de fuera de ordenación, a efectos de la obtención de la licencia municipal de obras. Su construcción debe haberse finalizado antes de 1992, contar con la licencia de obras municipal para la intervención y presentar unas condiciones de seguridad estructural y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención, salvo que las adquieran como resultado de las actuaciones.
Además, al menos el 75% de su superficie construida sobre rasante debe tener uso residencial de vivienda, y al menos el 75% de las viviendas del edificio han de estar ocupadas, y constituir el domicilio habitual y permanente de las unidades familiares que residen en ellas. Asimismo, el edificio habrá de contar con el Informe de Evaluación del Edificio o, al menos, deberá haber iniciado su tramitación a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda y no haber iniciado las obras con carácter previo a la solicitud de la ayuda.
Todos los vecinos de la comunidad tendrán que cumplir, a su vez, una serie de requisitos, entre ellos, ser mayores de edad, o menores legalmente emancipados; ostentar la propiedad de la vivienda que ocupan, o ser arrendatarios de la misma con contrato de arrendamiento en vigor; estar empadronados en la vivienda que ocupan; no ostentar la propiedad ni derecho real sobre otra vivienda distinta a la que será objeto de rehabilitación; y acreditar los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar que están empadronados en la vivienda.
Estas ayudas van directamente a los vecinos, por lo que la cuantía a subvencionar varía entre los 200 y los 2.000 euros, en función de los ingresos, pudiendo alcanzar el 50% del importe total de las obras a subvencionar. Los interesados podrán realizar la tramitación pertinente en las oficinas de Emsisa hasta el próximo 18 de septiembre.
“Es una ayuda bastante ambiciosa, ya que no solo se subvenciona las obras en sí, sino también la dirección del proyecto y la evaluación del edificio”, ha remarcado la responsable del área, quien ha añadido que “estamos contentos porque estamos ayudando a los vecinos que tienen problemas en el pago del alquiler, en el pago de la hipoteca o en la rehabilitación de viviendas y de comunidades de vecinos”.
