El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía ha admitido a trámite la demanda presentada por la asociación Por un IBI Real. Una demanda contra la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz y Ayuntamiento donde se insta a este tribunal a que declare nula la ponencia de valores parcial que el Catastro estaba elaborando durante el trámite de audiencia a los interesados. La Defensora del Pueblo Español también admitía en su momento la denuncia.
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha admitido a trámite la demanda presentada a finales del pasado mes de octubre por la asociación Iniciativa Social Por una Chiclana y un IBI Real. Una demanda contra la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz y Ayuntamiento chiclanero donde se insta a este tribunal a que declare nula la ponencia de valores parcial que el Catastro estaba elaborando durante el trámite de audiencia a los interesados. “Dicho organismo público dejaba en total indefensión a los contribuyentes, practicando el oscurantismo y una total falta de transparencia en los trámites administrativos realizados por la gerencia del Catastro de Cádiz”, se critica.
En el escrito recibido por este colectivo, firmado por el Abogado del Estado en su calidad de Secretario General de dicho Tribunal se señala además que se admiten todas las pruebas solicitadas en la demanda.
Por un IBI Real recuerda en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz las razones de esta demanda: el incumplimiento del trámite administrativo de audiencia pública a los interesados, “dejando la gerencia del Catastro en una total indefensión a los contribuyentes chiclaneros”; la falta de respuesta de la gerencia del Catastro a los escritos de queja que se presentaron por parte de la asociación “y que lo calificamos como prácticas oscurantista y de falta de transparencia en los asuntos públicos”; y la falta de información , de ayuda y asistencia a los interesados conforme dicta la Ley General Tributaria, por parte del gerente territorial de Cádiz Miguel Gómez.
Estos hechos también se denunciaron el pasado año ante la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, cuya queja también fue admitida, y la misma se encuentra al día de hoy en fase de resolución.
