El PP chiclanero ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento correspondiente a la aprobación del plan de saneamiento propuesto por el equipo de Gobierno de PSOE-Ganemos. Un plan de ajuste para evitar el “rescate” por parte del Ministerio de Hacienda. La derecha plantea alegaciones encaminadas a realizar correcciones, tras detectar que se incluyen “ahorros ficticios” en el documento.
El PP chiclanero ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento del pasado 28 de julio, correspondiente a la aprobación del plan de saneamiento económico financiero propuesto por el equipo de Gobierno de PSOE-Ganemos, que salía adelante pese al rechazo de toda la oposición gracias a la esperable abstención del edil no adscrito Stefan Schauer. Un plan de ajuste para evitar el “rescate” por parte del Ministerio de Hacienda, que contempla entre las diferentes medidas la impopular subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 19%.
Las alegaciones presentadas por la derecha local recoge que “entre las medidas de ingresos a adoptar en los ejercicios 2016-2019 del plan aprobado, en el apartado 2 correspondiente a impuestos indirectos, se prevé un incremento de los expedientes de licencias de obras aumentando un 20% respecto a la media de los últimos tres ejercicios, cifrando el incremento de ingresos en 494.600 euros, para los cinco meses de 2016”. De la misma forma se estima la misma cuantía para los ejercicios siguientes, “a pesar de contemplar el año completo de esta medida”.
Igualmente, se manifiesta que “el retraso de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) traerá como consecuencia que esta medida de ingresos contemplada en dicho documento económico no se cumpla con toda seguridad, con lo que habría que modificar las estimaciones previstas”.
La concejala popular, Ascensión Hita, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, resalta que del mismo modo, “hemos observado cómo en el pleno ordinario del mes de agosto se ha aprobado la bonificación del 95% a una empresa de Conil por invertir y crear empleo en nuestra ciudad. Entendemos por ello que cualquier empresario que cree empleo tendrá derecho a la misma bonificación, en función de los puestos de trabajo que genere, porque si no es así estaríamos ante una arbitrariedad en la concesión de las bonificaciones potestativas”.
En este contexto, subraya que “para alcanzar en cuatro meses unos ingresos por el impuesto de sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) de unos 500.000 euros, sería necesaria una media de 200 millones de euros de inversión, que incluso en el supuesto de contar con Plan General, algo que está en el aire, es más que improbable su cumplimiento, con lo que solicitamos que se ajuste esta previsión de ingresos, además de regularizar las estimaciones según el periodo de tiempo al que se refiera la medida”.
Por otro lado, el principal partido de la oposición destaca que “entre las medidas de gastos, en el apartado 2-Capítulo II, relativo a gastos en compra de bienes corrientes y de servicios, se contempla un ahorro de 100.000 euros en el servicio de limpieza de colegios, como consecuencia del expediente de municipalización”. Sobre este asunto, se apunta que en agosto se aprobó la denuncia del contrato suscrito con la actual empresa concesionaria, Limasa, para que no se prorrogue de forma automática, y así este servicio lo asumirá directamente el Ayuntamiento a partir del 1 de enero de 2017.
El PP asegura que ya ha advertido de esta circunstancia estos meses en comisiones y plenos “ya que ello implicaba el primer incumplimiento del plan de saneamiento. Un ahorro ficticio de 100.000 euros por municipalizar el servicio de limpieza en 2016, cuando el contrato con la empresa adjudicataria finalizaba a 31 de diciembre del presente año, con lo que la estimación de ahorro por este concepto es de cero euros este año”.
Planteadas tales cuestiones, este partido ha tramitado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario de aprobación del plan de saneamiento “con la idea de que se proceda a corregir el mismo”, estimando las alegaciones “encaminadas a defender el interés general y la economía de los hogares de los chiclaneros”.
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