El nuevo PGOU de Chiclana ha vuelto a su punto de partida, siendo aprobado otra vez de forma provisional en un pleno extraordinario, pese a la abstención del PP y de Por Chiclana sí se puede, y el no de Ganemos. Una vez publicado en los boletines oficiales, comenzará el mes de exposición pública, en paralelo al plazo de alegaciones. El Gobierno local socialista quiere tener la aprobación definitiva antes del verano. Grupos ecologistas insisten en dudar de la legalidad del documento que “no traerá ningún tipo de inversión ni riqueza porque la inseguridad jurídica sería tal que ningún inversor en su sensato juicio se atrevería a arriesgar su dinero”.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana ha vuelto a su punto de partida, siendo aprobado otra vez de forma provisional en el pleno extraordinario celebrado este miércoles.
Una sesión a la que el documento, puesto en duda por grupos ecologistas, llegaba sin tener asegurado el visto bueno, ya que en su paso por la comisión informativa previa, sólo contó con el apoyo del equipo de Gobierno del PSOE –que no tiene mayoría- y la abstención de toda la oposición.
Finalmente, ha salido adelante con los votos de PSOE, IU y del concejal no adscrito Stefan Shauer; PP –que ha planteado dejar aparcada la aprobación hasta que la Junta de Andalucía emita “un verdadero informe de legalidad del documento”- y Por Chiclana sí se puede –que entiende que “se está jugando con la ilusión de la gente” y critica al PSOE de tener “intereses partidistas” y a IU de “falta de coherencia”- se han abstenido, y el edil de Ganemos Chiclana ha votado en contra. “No queremos más parches en el planeamiento de nuestra ciudad, queremos que se aporten las soluciones necesarias ya, y con opciones seguras, legales, bien hechas, y por supuesto que no le cuesten más dinero al bolsillo de mis vecinos”, ha argumentado el portavoz de esta formación, Adrián Sánchez.
A partir de ahora, y una vez que este acuerdo se publique en los tres boletines oficiales (BOP, BOJA y BOE), comenzará el mes de exposición pública en el atrio del Ayuntamiento, en paralelo al plazo de alegaciones.
Una vez transcurriese este plazo mínimo de exposición, habría que responder a todas las alegaciones planteadas e incluir los posibles cambios tras la recepción de los informes sectoriales de cara a elaborar un nuevo documento que volvería a llevarse a pleno. Posteriormente, en caso de volver a aprobarse el documento, éste se enviaría, tanto a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental (que debe pronunciarse sobre la Declaración Ambiental Estratégica Final) como a la Junta de Andalucía, encargada de su aprobación definitiva. El Gobierno local calcula que este paso se pueda dar en junio.
Al respecto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía prorrogaba a finales de junio de 2015, durante un año, la suspensión parcial de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Chiclana, que fue acordada en 2013. Estas normas, aprobadas en 1987, rigen tras la anulación del Plan General de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo. Junto con la suspensión de algunos de sus preceptos, en 2013 también se aprobaron unas normas transitorias que completan el marco regulatorio en tanto se elabora el nuevo PGOU.
“NINGÚN INVERSOR SE ATREVERÁ A ARRIESGAR SU DINERO CON ESTE PLAN”, SEGÚN ECOLOGISTAS
Tras la convocatoria de este pleno para llevar a cabo la segunda aprobación provisional del PGOU, varias organizaciones ecologistas como son la asociación medioambiental Toniza, Ecologistas en Acción y Agaden han insistido en que el supuesto informe emitido por el Director General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta “ha declinado entrar a fondo en las cuestiones jurídicas que deberían servir de base a decidir la continuidad o no del proceso de aprobación. Es más, ha sido un informe político a la carta”.
Así, recuerdan que los ediles “no sólo tienen la obligación de servir con objetividad a los intereses generales sino de hacerlo, como taxativamente prescribe el artículo 103 de la Constitución española, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, lo cual difícilmente puede ser perseguido ignorando las sentencias del Tribunal Supremo que sucintamente han reiterado que la Declaración de Impacto Ambiental no suple la omisión de la Evaluación Ambiental Estratégica establecida en la Ley 9/2006 y en la Directiva 2001/42/CE, no siendo posible la posterior subsanación si la aprobación del PGOU tuvo lugar sin la previa y necesaria Evaluación Ambiental Estratégica”.
Además de analizar el momento actual del urbanismo local también echan la vista atrás preguntándose ”¿por qué nadie asume la responsabilidad de que Chiclana siga sin PGOU al cabo de más de veinte años desde que se inició su tramitación con ya tres PGOUs anulados por los tribunales?; ¿cuánto dinero público se lleva gastado?”.
Cuestiones que enlazan con manifestaciones como que “este PGOU no está realizado por muchos, como dice el alcalde, sino por unos pocos para, fundamentalmente, beneficiar a otros pocos”. Asimismo, comentan que “no hemos exigido ninguna corrección medioambiental, como también afirma el alcalde, sino que se cumpla la Ley y se realice un PGOU con las debidas garantías, y no que en cuatro meses quieran hacer lo que no han sido capaces de hacer en lustros. Aunque este PGOU, si se aprobase definitivamente, no traería ningún tipo de inversión ni riqueza, como prometen nuestros dirigentes, porque la inseguridad jurídica sería tal que ningún inversor en su sensato juicio se atrevería a arriesgar su dinero”. Del mismo modo se habla de PGOU “condenado al fracaso” y que “responde a una visión obsoleta del urbanismo”.
Y se repite que si se continúa con la tramitación y se aprueba, como se ha aprobado, los concejales “podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación”.
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