Ecologistas en Acción y Toniza, que interpretan que el plazo de alegaciones sigue abierto, han presentado 121 alegaciones a la nueva aprobación provisional del PGOU de Chiclana, más otras 154 al “supuesto” Estudio Ambiental Estratégico. Además, se ha registrado otro escrito conjunto con Agaden –que por su cuenta ha considerado 80 peros- con 35 alegaciones en relación con la carencia de Evaluación Ambiental Estratégica. Se vuelve a amenazar con que en caso de persistirse en aprobar un documento “que vulnera normativas urbanísticas y medioambientales”, se considerará el recurrirlo ante los tribunales “tal y como hicimos exitosamente con el anterior Plan General”.
Ecologistas en Acción y la asociación medioambiental Toniza han presentado un escrito con un total de 121 alegaciones a la nueva aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana, más otras 154 alegaciones al “supuesto” Estudio Ambiental Estratégico. Además, se ha registrado otro escrito conjunto con Agaden con 35 alegaciones en relación con la carencia de Evaluación Ambiental Estratégica, “causa por la que numerosos planes urbanísticos están siendo anulados por los tribunales de justicia”, como ya han resaltado estos colectivos conservacionistas en los últimos meses.
Trascurrido el riguroso mes de exposición pública, mínimo obligado por ley, que obvia los fines de semana o días festivos, el Ayuntamiento informaba de que el Plan General ha recibido cerca de 800 alegaciones. A partir de ahora se deben resolver estas alegaciones, así como incluir las resoluciones de los informes sectoriales que deben enviar las distintas administraciones implicadas en la aprobación del documento. Con todo ello, se volverá a generar uno nuevo, que debe aprobar el pleno municipal, que lo trasladará por un lado, a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, encargada de pronunciarse sobre la Declaración Ambiental Estratégica Final, y por otro, a la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, administración competente para la aprobación definitiva del documento.
El equipo de Gobierno liderado por José María Román trabaja con la idea de que este PGOU pueda estar aprobado antes del próximo 27 de junio, antes de que dejen de estar en vigor las Normas Sustantivas.
En las alegaciones conjuntas de las tres entidades ecologistas se insiste en la nulidad de este PGOU por no haberse sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, tal y como advirtieron en el pleno de finales de febrero en el que se sometió a la aprobación provisional II. “El Ayuntamiento, con la complicidad de la consejería de Ordenación del Territorio de la Junta ha seguido con el procedimiento que ha anulado ya numerosas veces el Tribunal Supremo, en base al principio de ‘sostenella y no enmendalla’”, se apostilla.
“Hemos solicitado al Ayuntamiento que acepte nuestras fundadas alegaciones y que se inste a la consejería a revocar la supuesta Declaración Ambiental Estratégica y se inicie una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica desde su inicio”, se insiste.
Y se vuelve a subrayar en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que, en caso de persistir en aprobarse “un PGOU que vulnera normativas urbanísticas y medioambientales”, se podría estar incurriendo “en un presunto delito de prevaricación”; y que de mantenerse esta tramitación “fraudulenta” y persistir en promover “un modelo de ciudad insostenible, imposible de gestionar por sus dimensiones y desorden, y que solo responde a la inercia de un modelo urbanístico fracasado que ha provocado la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país en las últimas décadas”, estos colectivos se reservan el derecho a “recurrirlo ante los tribunales tal y como hicimos exitosamente con el anterior PGOU”.
LAS PRINCIPALES ALEGACIONES
Toniza y Ecologistas en Acción han presentado 121 alegaciones al PGOU más otras 154 alegaciones al Estudio Ambiental Estratégico, alegaciones que se pueden resumir en las siguientes.
Por un lado, se alude a “crecimientos desmesurados e injustificados que superan los límites del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)”. De este modo, se entiende que este PGOU “sigue intentando justificar lo injustificable, crecimientos desmesurados sin motivación alguna, sólo en base a una dinámica de ‘crecimiento ilimitado’ que ha sustentado el urbanismo en nuestro país en estas últimas décadas, y que nos ha llevado a la ruina”. Y es que mientras que el crecimiento demográfico de la localidad se está estabilizando y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) es hacia una disminución en medio plazo, se proyectan 17.190 nuevas viviendas, “lo que supondrían un aumento de población de 41.256 habitantes –un 49,8%- , y la legalización de otras 12.859 viviendas”. Además, se recalifican un total de 28.647.604 m2 de suelos actualmente no urbanizables a urbanos o urbanizables, lo que supone un aumento de 139,4% sobre los actuales 20.554.542 de suelo urbano existentes.
También se señalan proyectos de alto impacto sin justificar. Así, este PGOU “mantiene proyectos de alto impacto ambiental” –Ronda Oeste y Zerplas- con la sola justificación de que están incluidos en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz y que son de transposición automática. “Nada más lejos de la verdad. El POT de la Bahía de Cádiz no fue sometido a Estudio Ambiental Estratégico por lo que todas las propuestas que incluyen tienen que serlo, y evaluarse alternativas viables, lo que tampoco se ha hecho”. Además, la reciente sentencia del TS que anula parcialmente el POT de la Janda, se fundamenta en que todos los crecimientos urbanísticos tienen que justificarse, “y no basta con invocar intereses supramunicipales o demandas metropolitanas inventadas”.
Además se alude a importantes espacios naturales “muy perjudicados”. Y es que el exceso de crecimientos urbanísticos “se plasma en casos como la urbanización del Cerro de La Espartosa, en la que el PGOU proyecta la construcción de hasta 663 nuevas viviendas, lo que causaría un gran impacto, no sólo en el Cerro, sino también en el Pinar de Hierro”. También este emblemático pinar quedaría muy afectado por la construcción de un hospital situado entre éste y la Laguna de La Paja. “La carencia de Estudio Ambiental Estratégico ha hecho que no se planteen otras alternativas de ubicación”, se remarca.
Y Agaden ha presentado por su cuenta más de 80 alegaciones divididas en siete bloques principales, como son el sistemas general de espacios libres, el litoral, sistema general de comunicaciones y transportes, sistemas de equipamientos públicos, medidas de protección de la flora y fauna, movilidad sostenible y vías pecuarias; y ha vuelto a presentar queja al equipo de Gobierno ya que el texto del planeamiento “es sumamente farragoso; es un documento técnico especializado, muy extenso y detallado, apto tan solo para ser leído por juristas, urbanistas y técnicos de la administración, pero en ningún caso es un documento para ser sometido a información pública y leído por personas de todos los niveles culturales, cuyo interés en participar puede llegar a ser bloqueado por la complejidad en la redacción”.
EL PLAZO DE ALEGACIONES ¿HA TERMINADO?
Además, Toniza y Ecologistas entienden que en contra de lo anunciado reiteradamente por los responsables municipales, el plazo de presentación de alegaciones al documento urbanístico “no ha terminado”, pues la legislación que regula el derecho de participación pública “distingue claramente entre el periodo de exposición pública de un plan y el de presentación de alegaciones”.
Así, se considera que tanto la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, como la Ley 27/2006 por la que se Regulan los Derechos de Acceso a la Información y a la Participación Pública en materia de medio ambiente, reconocen el derecho a los ciudadanos: “a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución”. Al trámite de audiencia tienen derecho las personas y entidades con intereses legítimos, “o sea, todos los ciudadanos menos los corruptos y los especuladores urbanísticos, y en concreto a las asociaciones ecologistas se nos reconoce nuestra condición de interesados en la propia Ley 27/2006”.
“De no admitirse nuestras alegaciones o no darnos trámite de audiencia antes de elevar la resolución sobre el PGOU al pleno del Ayuntamiento, invalidaría todo lo actuado”, se deja caer.
La concejala de Urbanismo, Ana González, ya ha respondido y considera por su lado que “se está confundiendo el procedimiento común de tramitación de expedientes administrativos con el procedimiento específico para la tramitación y aprobación de una norma reglamentaria como es el Plan General de Ordenación Urbanística”.
González aclara que, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) “el plazo de información es de un mes, por lo que las alegaciones posteriores son ‘extemporáneas’, sin perjuicio de que se considere su contestación”.
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