El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Chiclana ha dado a conocer una comunicación de la Gerencia Territorial del Catastro sobre el procedimiento de regularización catastral 2013-2016 –que llegó al Consistorio en febrero pero que se ha ocultado-, que busca incorporar al Catastro todos los bienes inmuebles omitidos o que estén inscritos de forma incorrecta o incompleta. Así, el vecino que haya construido una piscina o un trastero, por ejemplo, “debido a este procedimiento de obligado cumplimiento”, tendrá que pagar más en el recibo del IBI.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Chiclana, Joaquín Guerrero Bey, ha puesto en conocimiento de la opinión pública la acción a la que se ha visto obligado el Consistorio en relación al procedimiento de regularización catastral, impuesto por el Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. De esta forma, a pesar de que la administración local recibió dicha comunicación por parte de la Gerencia Territorial de Catastro el pasado 27 de febrero –durante el mandato de PP-PVRE-, “lo cierto es que nada se ha comunicado al respecto a la ciudadanía”. “En nuestro afán por la transparencia, este Gobierno municipal ha decidido informar sobre este asunto, para que los chiclaneros tengan constancia de lo que va a suceder”, ha apostillado el edil socialista.
En esta comunicación emitida desde la Gerencia Territorial del Catastro el pasado mes de febrero se ponía en conocimiento “las características del procedimiento de regularización catastral 2013-2016”, al que ya se han incorporado 25 municipios de la provincia de Cádiz, lo que supone más del 50% del total de ayuntamientos. Dicha misiva indica que “este procedimiento tiene por objeto incorporar al Catastro todos los bienes inmuebles omitidos o que estén inscritos de forma incorrecta o incompleta en el Catastro por incumplimiento de la obligación de declarar, de manera que la tributación de estos inmuebles sea la que les corresponde de acuerdo con su realidad inmobiliaria”.
Por otro lado, en dicha comunicación se especifica que “los padrones catastrales recogerán los inmuebles regularizados con su valor correspondiente, para que las entidades locales gestionen el IBI, y liquiden las cuotas correspondientes a los atrasos por ejercicios no prescritos”, en este caso, cuatro años. Además, “la regularización catastral no implica una nueva revisión de valores catastrales, por lo que los inmuebles regularizados se valoran con la ponencia vigente, y el procedimiento no afecta al resto de inmuebles que tributan correctamente”. Finalmente, aclara que “este procedimiento se desarrollará directamente por la Dirección General del Catastro”.
A decir de Guerrero Bey en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz “este procedimiento supondrá un coste para el ciudadano al que se presta el servicio en forma de pago al Estado de la tasa de regularización catastral, cuyo importe es de 60 euros por inmueble regularizado”.
“Así pues, aquel propietario de un bien inmueble, donde haya construido una piscina o un trastero, por ejemplo, va a poder comprobar cómo, debido a este procedimiento de obligado cumplimiento, se le sube el IBI como consecuencia de la comprobación de la existencia de la regularización, al tener constancia el Catastro de dichas edificaciones”, añade el nuevo edil de Hacienda.
Por último, ha insistido en que “se trata de una actuación que nos viene impuesta desde el Catastro y en absoluto el Ayuntamiento tiene nada que ver con esa decisión”. “Así, toda aquella propiedad que cuente con edificaciones no regularizadas, se le aplicará desde el Catastro una tasa de 60 euros por inmueble regularizado, además del correspondiente incremento en el recibo de la contribución”, ha finalizado.
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