El alcalde de Chiclana del PP, Ernesto Marín, ha sido imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. Una imputación –que ya ha avanzado que recurrirá- que se deriva de una denuncia presentada en septiembre de 2014 por el exconcejal socialista Joaquín Muriano. Todo se inicia cuando Marín lleva a los tribunales en 2008 a Muriano, en las fechas en las que se enfrentaba a la moción de censura que le truncó su primera etapa en la Alcaldía. El auto del juez entiende que utilizó los recursos del Ayuntamiento, y sin autorización del interventor y el secretario municipal, contrató a un abogado externo para interponer esta querella contra un rival político “por un interés partidista”. El popular defiende que “hice lo que tenía que hacer como alcalde, denunciar un asunto que tenía indicios de ser ilegal”, y argumenta que sólo se pagó 2.400 euros, por lo que no requería de informes.
El Juzgado mixto número 2 de Chiclana ha incoado diligencias previas contra el alcalde del PP, Ernesto Marín, por delitos de prevaricación y malversación, ante lo cual tendrá que declarar en calidad de imputado. Una imputación que se deriva de una denuncia presentada en septiembre de 2014 por el exconcejal socialista de Urbanismo Joaquín Muriano.
Todo se inicia cuando Marín lleva a los tribunales en 2008 a Muriano, entonces edil del PSOE “por firmar una licencia de apertura con los mismos papeles por los que él mismo firmó otra licencia de apertura distinta”. Así, interpone una querella criminal días antes de haberse presentado la moción de censura –contra el primer gobierno de coalición del PP-, “de ahí el carácter político de esta actuación, ya que no se estaba salvaguardando los intereses generales del Ayuntamiento y de los chiclaneros, puesto que solo salvaguardaba los intereses políticos de su partido”, subrayan los socialistas.
Para ello, en nombre del Ayuntamiento, se contrató a un abogado externo sin informe jurídico, sin expediente administrativo y sin apoyo económico de la Intervención General del Consistorio. “Por si fuera poco, se le paga inmediatamente, la primera vez que ocurre en este Ayuntamiento, y solo con el visto bueno de la secretaria personal del alcalde. Todo ello, el 12 de noviembre, es decir, un día después de presentarse la moción de censura”, relatan desde el PSOE, cuando “lo normal es que el abogado cobre por sus servicios una vez finalice el asunto, pero aquí fue nada más presentarse la querella”.
La causa fue archivada por los Juzgados en diciembre de 2013, es decir, “durante cinco años tuvo con la amenaza del banquillo a un concejal socialista”. No obstante, Ernesto Marín recurrió ese archivo e insistió en “defender los intereses políticos del PP, a costa de las arcas municipales”.
“TOMAR DECISIONES SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN ALGO CADA VEZ MÁS PELIGROSO Y COMPLICADO”
Ante estas noticias, el primer edil conservador ya ha anunciado que recurrirá el auto de imputación, del que dice haber tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, a la vez que lo ha calificado de “absoluta paradoja”, porque no es más que “consecuencia de una denuncia que como alcalde interpuse ante el exdelegado de Urbanismo al comprobar que se habían concedido dos licencias en contra de los informes técnicos, caso sobre el que aún está pendiente que se pronuncie la Audiencia Provincial”.
Marín, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, asegura estar “convencido” de que “era mi obligación denunciar algo que considero injusto para Chiclana, igual que estoy seguro de que, si no pongo en conocimiento de la Justicia este hecho en el año 2008 me habrían denunciado por no haberlo hecho, porque dirían que había claros indicios de ilegalidad y que era mi obligación hacerlo”. En esta línea, ha manifestado tener la sensación de que “quienes estamos gestionando en las administraciones nos encontramos en una situación complicada, pues si ves algo supuestamente irregular y lo denuncias, puedes recibir otra denuncia a cambio, con el único objetivo de buscar rédito político, tal y como está sucediendo conmigo”.
Interpreta el alcalde y alcaldable del PP en las próximas elecciones de mayo que la denuncia presentada por Muriano se debe a una “venganza política”, con motivo de estos comicios. De hecho, ha destacado que “la denuncia se presentó en septiembre de 2014, cuando el tema viene de 2008, si ha esperado hasta ahora es simplemente por hacer daño en plena campaña electoral”.
Con todo, Marín dice sentirse “muy tranquilo” y ha defendido que siempre ha actuado “desde la más absoluta transparencia y honestidad y siguiendo siempre las instrucciones de los servicios municipales”. “Este hecho me hace pensar que los que trabajamos en la administración desde la honradez y la honestidad tenemos las cosas muy difíciles y tomar decisiones se está convirtiendo en algo cada vez más peligroso y complicado”, ha añadido, incluso hablando, de “situación de desamparo e indefensión”, en plan victimista.
Asegura que por esta denuncia contra Joaquín Muriano, siendo él alcalde, el Ayuntamiento sólo pagó 2.400 euros al abogado externo que llevó el caso. “Lo llamativo es que José María Román continuó con el procedimiento y le abonó otros 2.400 euros al mismo abogado”, agrega. A la vez que ha manifestado que “este asunto no necesitaba de informes técnicos, que precisa de otro tipo de procedimiento si la cuantía supera los 18.000 euros”.
Sentencia el alcalde imputado que “hice lo que tenía que hacer como alcalde, denunciar un asunto que tenía indicios de ser ilegal. No me he quedado ni me quedaré jamás con dinero de nadie. Esas cosas las tengo muy claras. Entré en este Ayuntamiento con x y saldré, cuando tenga que salir, con x menos y”.
“MARÍN ES EL DE LAS MANOS LIMPIAS CUANDO LAS ELECCIONES DE 2007”
Por su lado, desde el principal partido de la oposición, la secretaria general del PSOE local, Cándida Verdier, ha salido al paso de la noticia considerando que “estamos ante un asunto muy grave, puesto que además se trata del mismo alcalde que en 2007 habló mal de Chiclana, comparándola con Marbella. Es el mismo alcalde que inició una campaña de descalificación, no solo contra el PSOE, sino también de la propia ciudad”. “Es el de las manos limpias cuando las elecciones municipales de 2007, el que entró a gobernar diciendo que iba a levantar las alfombras y abrir los cajones, donde no encontró nada, el que llevó a 2.000 familias chiclaneras a Fiscalía por temas urbanísticos, el que llevó José María Román al juzgado por el tema Coto San José, el de la presunta financiación ilegal del PP en mayo de 2007, el jefe de un partido que ha judicializado en todo momento la vida política y ha tratado de llevar a todos los concejales socialistas a los juzgados y que se sienten el banquillo”. Sin embargo, ha añadido, “casualmente el único imputado por prevaricación y malversación de fondos públicos es precisamente él, Ernesto Marín”.
Verdier subraya que “el propio auto indica que se le imputa por usar dinero público para fines políticos”. “Es el acoso a un concejal y a la oposición, sin que le haya temblado el pulso para usar dinero público”, ha recalcado, quien ha insistido en que “el Juzgado ha visto indicios de delitos tan graves como la prevaricación y la malversación de fondos públicos, que son los que marca la corrupción en los partidos políticos”.
De esta forma, para el próximo 23 de abril se ha llamado a declarar al secretario general del Ayuntamiento, ya que la actuación del alcalde no contaba con informes jurídicos que así lo avalaran, es decir, no hay un expediente administrativo que se cree para dar el visto bueno a la contratación de un abogado para ir contra Muriano. “Por tanto, se trata de una decisión personalísima e individual, ya que hay una propuesta de pago y un pago solo un día después de presentarse por Registro de Entrada una moción de censura. Este pago, por cierto, se lleva a cabo solamente con el visto bueno de la secretaria personal en la Alcaldía, la señora Hita, que no tiene la capacidad para autorizar dicho pago”, ha aclarado la concejala del PSOE. Además del secretario general del Ayuntamiento, también tendrá que declarar, en calidad de testigo, el interventor municipal, puesto que los costes que se han generado para hacer frente a esta “maniobra política” del alcalde conservador no están avalados con ningún informe económico. Los socialistas calculan un gasto de unos 100.000 euros.
Un día después de conocerse esta imputación, la secretaria general del PSOE local, Cándida Verdier, ha reclamado a Marín que, “teniendo todo el derecho del mundo a recurrir el auto de imputación, lo haga con dinero de su bolsillo y no siga gastándose más dinero del Ayuntamiento, es decir, de los chiclaneros”. “Se ha demostrado que Marín es un político que ha peleado por su interés personal y el de su partido, no por el interés general de Chiclana”, ha indicado Verdier, quien ha añadido que “eso se ve día a día en la gestión municipal. Así, está más preocupado por pasar a la historia como un buen gestor económico, es decir, lo que no ha hecho en lo privado, con 21 millones de euros de superávit, que en ayudar a la gente que lo está pasando mal. Todo ello, mientras el paro vuelve a incrementarse, a diferencia del resto de la provincia. Pero claro, eso no lo dice”.
“UNA PERSONA IMPUTADA NO PUEDE SER ALCALDABLE PORQUE SU CREDIBILIDAD ESTÁ EN TELA DE JUICIO”
Por su parte, la portavoz municipal de IU, Ana Rodríguez, ha afirmado que “una persona imputada no puede ser alcaldable porque su credibilidad está en tela de juicio”. La izquierdista ha puesto de relieve que la formación que dirige “nunca ha defendido la utilización de la justicia como arma de hacer política porque no beneficia a nadie”. No obstante, ha declarado que “si una persona se siente vulnerada tiene el derecho a hacer una denuncia y hay que respetar la actuación judicial” y, a la espera de que el Juzgado se pronuncie sobre el caso, ha criticado la postura de Ernesto Marín: “no puede escurrir el bulto y esgrimir como único argumento que se trata de una campaña política en contra de él”.
“Será estrategia o no, pero si el juez ha abierto la vía pensal tras investigar el caso, ahora habrá que saber si los indicios valorados son constitutivos de delito y respetar su pronunciamiento”, ha añadido Rodríguez, quien además ha recordado las palabras del PP en el caso de los EREs: “si piden dimisiones en la Junta de Andalucía, deben ser coherentes con los postulados que defienden”.
En este sentido, la portavoz de IU ha afirmado que, en política, “se presupone que no hay interés por aferrarse al sillón, y ahora Ernesto Marín está en una oportunidad única para demostrarlo. Es necesario y de responsabilidad tomar decisiones a favor de la limpieza de la gestión pública”.
Por último, Rodríguez ha tildado de “lamentable” la “batalla a la que nos tienen acostumbrados los partidos políticos mayoritarios con el único objetivo de captar votos”. La también alcaldable izquierdista ha criticado que, tanto PP, como PSOE, “se mantienen enfrascados en una lucha paralela al interés ciudadano, buscando solo el rédito político a su favor”.
Y desde Vox, ante esta imputación, también se ha querido mostrar su “más profunda repulsa ante cualquier supuesto uso de dinero público con fines propios”. “Deseamos que se aclare este caso lo antes posible ya que, al acercarse los próximos comicios municipales, no sería lógico ni tolerable que una persona imputada encabezara una lista política y, mucho menos, que se utilice el dinero de todos los ciudadanos para uso partidista”.
Este partido de derechas no obstante manifiesta su confianza y su total apoyo a la Justicia. Y considera que casos como éste, “no sólo afecta al municipio sino también a toda la provincia y nos parece una total falta de respeto no sólo a sus votantes, sino a todos los ciudadanos, lo cual no es otra cosa que el fruto de tantos años de endiosamiento al que nos tienen acostumbrados”.
