Tras los dos meses de plazo de exposición pública, se han presentado un total de 290 alegaciones a la ordenanza municipal de regularización de viviendas ilegales en Chiclana, que en todo caso sigue pendiente de la aprobación del nuevo PGOU. La amplia mayoría de los escritos, que ahora se estudiarán, corresponde a un modelo único facilitado por la Plataforma de Afectados por la Regularización, mientras el resto es de particulares y de los partidos de la oposición. Desde el bipartito PSOE-Ganemos se insiste en que “es la mejor ordenanza que se ha podido confeccionar para resolver el problema de los vecinos del diseminado”.
Tras el cierre del plazo de exposición pública, se han presentado un total de 290 alegaciones a la ordenanza municipal de regularización de viviendas ilegales en Chiclana. Un cifra que podría elevarse con las que pudieran llegar todavía por correo. Esta ordenanza, asociada a la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que sigue pendiente por parte de la Junta de Andalucía, salía adelante provisionalmente en el pleno del 8 de julio, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 16 de agosto; en ese momento se abría este plazo de alegaciones de dos meses.
A decir de la concejala de Diseminado, Cándida Verdier, “a falta del estudio exhaustivo y del correspondiente informe jurídico para estimar, desestimar o estimar parcialmente dichas alegaciones”, entre el 80 y el 90% de las mismas “corresponde a un modelo único, que ha sido facilitado por la Plataforma de Afectados por la Regularización, tal y como nos han dicho los propios vecinos”. El resto de las alegaciones son de distintos particulares y los tres partidos de la oposición, PP, Por Chiclana sí se puede e IU.
Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, una vez los técnicos municipales analicen “exhaustivamente” las alegaciones, se convocará un pleno extraordinario para estimar, desestimar o estimar parcialmente las mismas y aprobar definitivamente estas ordenanzas. En este punto, ha recordado que antes de esta aprobación definitiva,” tendrá que estar en vigor el Plan General”.
Verdier ha avanzado que “tras un primer análisis, algunas de las alegaciones de los vecinos se podrán estimar e incluir en la ordenanza”, y ha apuntado en cuanto a los asuntos principales que contemplan que “el modelo facilitado por la Plataforma de Afectados por la Regularización va dirigido al protocolo firmado por el anterior Gobierno socialista con dicha Plataforma en mayo de 2011”. “Ya sabemos que durante los cuatro años de Gobierno del PP no se hizo nada por esta ordenanza, por lo que los vecinos hacen referencia a dicho protocolo de 2011, sobre todo, en cuanto a los aprovechamientos, las infraestructuras existentes o la posibilidad de solicitar subvenciones, si las hubiera, para minorar los costes”, ha comentado.
Por otro lado, en relación a las alegaciones presentadas por los grupos políticos de la oposición, la también portavoz del Gobierno PSOE-Ganemos ha explicado que, “en el caso del PP, hace referencia a una serie de cuestiones jurídicas y a los costes, asuntos que serán valorados por los técnicos municipales”. En relación a Por Chiclana sí se puede, al igual que sucede con la derecha, “se hace demagogia y populismo y no se centra en nada concreto”. Y, por su parte, IU “hace más hincapié en el tema de la seguridad jurídica y en los costes de regularización”.
En las alegaciones presentadas por los populares, se reclama la implicación de la Junta de Andalucía –“que se ha beneficiado directamente de la construcción de viviendas irregulares a través del cobro de los impuestos de transmisiones por los ventas de este tipo de inmuebles mientras miraba para otro lado”- a través de fondos europeos y que el Ayuntamiento trabaje para que los pagos puedan hacerse hasta en 17 años.
IU, por su parte, reclama garantías para que las personas que no puedan costear la legalización de su vivienda tengan acceso a luz y agua. Y la agrupación de electores promovida por Podemos presenta una serie de alegaciones buscando una ordenanza que suponga “una solución real, satisfactoria para las personas afectadas y justa y equitativa para el conjunto de la población”; entre ellas está “dar una respuesta urgente a la problemática de la contaminación de nuestros acuíferos”.
“ES LA MEJOR ORDENANZA QUE SE HA PODIDO CONFECCIONAR”
La concejala responsable insiste en que esta ordenanza, en proceso, “tiene características diferentes, mejores y más favorables para los vecinos, ya que cuenta con la posibilidad de obtener los servicios mínimos de luz, agua y saneamiento; permite las obras faseadas, tal y como han solicitado los vecinos; es totalmente voluntarista, por lo que no pretendemos imponer a nadie ningún procedimiento; es mucho más flexible en cuanto a los trámites; y reduce los costes en torno a un 50%”.
De este modo, la edil socialista dice estar convencida de que “se va a solucionar alrededor del 95% de las viviendas irregulares, mientras que hay casos puntuales que habrá que estudiar para buscar la solución”. “Con ello, estamos convencidos de que es la mejor ordenanza que se ha podido confeccionar para resolver el problema de los vecinos”, ha asegurado.
Finalmente, Verdier ha destacado que “vemos cómo el PP está nervioso por la aprobación de esta ordenanza, ya que se va a solucionar los problemas de los vecinos con propiedades en el suelo urbano no consolidado”. “Además, hay que recordar que al PP le faltó el valor de gestionar una ordenanza que arreglara los problemas de estas personas y fue incapaz de abrir una mesa de trabajo al respecto, por lo que sus opiniones no tienen rigor y son populistas, ya que no van encaminadas a solucionar esta problemática de la ciudadanía”, ha reprochado la delegada de Diseminado, quien ha añadido que los conservadores “no se han preocupado por solucionar la vida a la gente, como sí estamos haciendo ahora”.
Estas futuras ordenanzas, si terminan entrando en vigor, beneficiarán a unos 22,5 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado, divididos en 16 áreas de regularización, y que albergan a un total de 16.527 viviendas construidas ilegalmente, de las cuales 13.152 están ya edificadas.
“AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
En otro orden de cosas, esta representante del bipartito ha destacado la “amplia participación ciudadana en este proceso, no solo en la elaboración de la ordenanza”. Muestra de ello, es el número total de consultas efectuadas en este periodo de exposición pública, ya que un total de 225 propietarios ha pedido información detallada de los costes a través de la herramienta que el Ayuntamiento puso en la página web municipal, de los cuales han obtenido respuesta hasta el momento prácticamente todos. Asimismo, 365 personas han sido atendidas en la oficina de la delegación de Diseminado.
“De las 225 consultas solicitadas de forma telemática, a través de la página web municipal, el coste medio del proceso de regularización ha sido de 23.000 euros, mientras que de las 365 consultas realizadas de forma presencial, el coste medio se sitúa en 20.700 euros”, ha aclarado la portavoz del Gobierno, quien ha lamentado que “haya otros partidos que hablan de 40.000 euros de coste, lo cual no es cierto. Tan solo hay que ver la media de las consultas realizadas por correo electrónico o presencialmente”.
“Vamos a seguir manteniendo reuniones con los vecinos, así como con otros colectivos y administraciones relacionados con el desarrollo de la ordenanza, entre ellos, Endesa, Registro Mercantil, abogados, arquitectos y administradores de fincas, etc.”, ha concluido.
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