La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado sacar a licitación la contratación de los primeros trabajos de cara al nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Este paso se da ahora, pese a que en marzo de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulaba el vigente desde finales de 2016 y aunque se recurría al Tribunal Supremo para ganar tiempo, lo esperable era que se terminara tumbando. Algo que se confirmaba a principios del pasado septiembre, siendo de este modo el cuarto documento urbanístico de la ciudad anulado de forma consecutiva. En este momento, la localidad vuelve a funcionar en base a las Normas Subsidiarias de 1987.
Pese a ello, la concejala de Urbanismo, Ana González, no duda de que “hemos seguido un procedimiento para tener cuanto antes un nuevo Plan General, ante la posibilidad de la anulación de nuestro PGOU”.
“Adelantamos el trabajo para dotar de la máxima seguridad jurídica a la ciudad y que el vacío por no tener Plan General dure el mejor tiempo posible. Se trata de una gran noticia para la ciudad, porque hay municipios a los que también se les ha anulado sus planes generales, pero aún no han avanzado al respecto –deja caer la edil socialista, mirando sin decirlo a El Puerto de Santa María, donde cogobiernan las derechas-. Nosotros podemos hablar ya de un trabajo hecho y que se ha previsto para volver a tener un Plan General cuanto antes. Es un trabajo complicado, porque hay que tener mucho cuidado en la redacción de estos pliegos. No obstante, los técnicos han realizado una labor magnífica y entre todos, hemos tenido esa previsión para tener cuanto antes un nuevo Plan General”.
De este modo, ya están listos los pliegos de prescripciones técnicas y de prescripciones administrativas, de cara a iniciar el proceso de licitación. Además, González repasa lo hecho en los últimos meses a la espera de que se confirmara la anulación previsible del PGOU: “abrimos un periodo de consulta pública, que es preceptiva, el 10 de julio del pasado año, con una serie de sugerencias. Hemos pasado un proceso de participación ciudadana, en el que se han dado diferentes mesas con representantes del diseminado, el Consejo Local de Urbanismo, reuniones con los representantes de los polígonos industriales, o dos mesas con representantes de asociaciones medioambientales. Se trata de una serie de reuniones, hasta un total de ocho mesas de participación, que se han desarrollado en la ciudad con el coordinador del Plan General”.
De esta forma, ya se han realizado la consulta pública y el trámite de participación ciudadana con sus mesas. “A esto debía seguir lo que hemos aprobado ahora, que es el inicio de la licitación de los trabajos. Estas labores van a estar encaminadas a la redacción del avance el Plan General, al documento inicial estratégico y, por último, al estudio de la gestión de la participación ciudadana”, ha detallado la concejala responsable.
En este punto, ha mirado al Parlamento andaluz ya que “nos encontramos en medio de dos leyes y no sabemos si la futura Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) va a llegar ni cuándo podría hacerlo. Las clasificaciones de suelo que se hacen en la actual la Ley del Suelo en Andalucía (LOUA) y las que se hacen en la LISTA son muy diferentes y por ello no queríamos sacar un inicio de licitación para todo el Plan General”, ha advertido.
“Lo que hemos hecho es la licitación para la contratación del avance. Con el avance y el documento inicial estratégico comenzaremos la tramitación ambiental, esta tramitación puede durar más de un año, porque depende de la Junta y de cuándo ésta nos remita el documento de alcance. Suponemos que en esa fecha ya sabremos si habrá LISTA o LOUA, por lo que, llegado ese momento, podremos reformular el avance, que estará en una fase previa, para poder continuar con la aprobación inicial. Este es el motivo por el que se sacan ahora únicamente estos trabajos de avance”, se explica en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Además, el avance va a tener una tramitación y el documento inicial estratégico va a tener otra: “el documento de avance tendrá su fase de aprobación en pleno y luego una exposición pública y unas sugerencias y alegaciones, que serán parte de otro informe”. Por otro lado, al documento inicial estratégico “se incorporará el borrador del avance y todo se remitirá a la Junta de Andalucía, que nos tendrá que admitir a trámite ese documento y, a continuación, se elaborará un documento de alcance. Luego nos lo remiten nuevamente al Ayuntamiento y debe ser ratificado en pleno”. Así, Ana González calcula que “tendremos alrededor de un año y medio para saber se tenemos la LISTA o no y poder ratificar. Esa ratificación la haríamos con la clasificación del suelo y los criterios que marca la LOUA o los que marca la LISTA. Una vez en este punto, tendríamos que volver a licitar los trabajos para el resto del documento del Plan General”.
En cuanto a los criterios de adjudicación, se le han dado al criterio económico lo mínimo que marca la Ley, que son 30 puntos, “porque entendemos que en la redacción de un Plan General lo que tiene que primar es la calidad del documento final. Por ello, se han primado los juicios de valor, con el objetivo de que se mejoren los equipos técnicos, la calidad del documento y lo ágiles que sean en la entrega de dicho documento, puesto que nos urge tener un Plan General”. Además, los pagos se harán de forma parcial, “para asegurarnos de que el trabajo que estamos realizando es conforme a los criterios que marca la Junta. De esta forma, cuando se obtiene el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, estaremos sobre un 65% del pago”.
A LA ESPERA DE UNAS NORMAS SUSTANTIVAS
Mientras se tramita el nuevo documento de Plan General de Chiclana, para lo que quedan unos años, la edil de Urbanismo ha apuntado que “vamos a sacarle el mayor partido a la situación que nos encontramos con las Normas Subsidiarias. Ahora nos encontramos con suelos que van a pasar de suelo urbano no consolidado a consolidado y permitirá la conexión de servicios básicos”.
Además, se está trabajando en las Normas Sustantivas: “solicitamos una reunión con la Junta, que hemos tenido que reiterar y por fin nos ha dado una fecha, el próximo 29 de octubre”.
“Así, tenemos tres escenarios: Normas Subsidiarias, con la que podemos realizar conexión de servicios básicos fundamentalmente; Normas Sustantivas, con la reunión ya con la Junta; y la redacción del nuevo Plan General, con el inicio del expediente de licitación de trabajos”, ha resumido.
“QUE FUSTEGUERAS NO VUELVA A REDACTAR EL PLAN”
A colación, Toniza-Ecologistas en Acción, que tras conocerse la primera sentencia anulatoria del Supremo “de más que tendrán que venir”, ha exigido responsabilidades a los políticos y técnicos que avalaron “un PGOU ilegal, a pesar de las reiteradas advertencias de los ecologistas” y ha instado a “aprender de los errores”; mirando al futuro “sacando conclusiones del pasado” pone el acento en “un clamor ciudadano”: que “se disponga lo que sea menester para que no vuelva a redactar el PGOU la misma empresa a la que se lo han tumbado en cuatro ocasiones, el estudio Territorio y Ciudad del arquitecto Manuel González Fustegueras.
“Más aún, llevamos escuchando que la tramitación de estos cuatro planes defenestrados nos ha costado a la ciudadanía entre 16 y 20 millones de euros, contabilizando todos los conceptos a ellos imputables. No basta eso, queremos saber la cantidad exacta desglosada y con las facturas correspondientes para saber exactamente lo que le ha costado a la ciudadanía la incompetencia y prepotencia de José María Román y compañía”, ha insistido desde la asociación ecologista.
Desde Toniza además se está de acuerdo con el alcalde del PSOE en que “hay que aprovechar las oportunidades que nos han quedado con las Normas Subsidiarias de 1987”. A la vez que se advierte de que, “de optarse por las Normas Sustantivas o Transitorias mientras llega la aprobación de un nuevo PGOU, éstas también requerirán de su Evaluación Ambiental Estratégica, lo que no se hizo en la ocasión anterior”.
Finalmente, este colectivo espera que, a partir de ahora, las decisiones que afecten al PGOU “se adopten con total transparencia y que veamos algunos aspectos positivos más a la caída del PGOU por el recurso de esta empresa privada”. Por ejemplo, “la imprescindible evaluación ambiental a la que haya que someter al próximo PGOU, desde el principio, cuando todas las opciones estén abiertas, va a permitir que todas las decisiones urbanísticas importantes sean las que garanticen, como impone el Derecho Comunitario y la Constitución Europea, un alto nivel de protección del medio ambiente”, se sentencia.
