CARTA AL DIRECTOR enviada por: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
El pasado viernes 29 de abril José, vecino de Cádiz, recibió una multa en su domicilio por difundir imágenes sancionables a través de la ley mordaza.
Unos meses antes, en octubre de 2015, la policía local de Cádiz retiraba la mercancía de un vendedor de pescado sin licencia que se resistía con desesperación a la pérdida del género con el que pensaba conseguir unos euros con los que sacar adelante a su familia. La escena se desarrolla en el espacio público (c/La Rosa) ante la presencia de viandantes y vecinos que iban acercándose para conocer lo que provocaba los lamentos del pescadero y la tensión de la escena. Finalmente el pescado fue requisado y fin de esta historia, una más de las que suceden cada día y de las que la ciudad de Cádiz es bien conocedora.
Pero en esta ocasión las imágenes quedaron recogidas por alguna de las personas presentes y aquellas que no estuvimos en el lugar, conocimos un poco mejor la realidad y el significado de las cifras de desempleo, precariedad y riesgo de exclusión que acumula Cádiz. Podríamos decir que es un interesante material para la reflexión de la sociedad en general.
Sin embargo, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, plantea la sanción por el uso no autorizado de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan “poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Lo que se traduce en que cualquier actuación de la policía que fuera filmada y difundida sin autorización es susceptible de sancionarse, si con ello se pone en riesgo la seguridad del personal. De esta forma se inhibe a la ciudadanía en general de difundir imágenes que nos permitan conocer las prácticas y actuaciones de quienes se encargan de la “seguridad ciudadana”.
José ha realizado la difusión de unas imágenes que se tomaron en la vía pública. Verlas en directo no es delito, posibilitar su visionado en diferido, aparentemente sí. Esta sanción se plantea utilizando el supuesto de que la difusión de estas imágenes está poniendo en riesgo la seguridad de los agentes o el éxito de la operación, aunque no se explica cual es el riesgo al que se les está exponiendo, ni de qué forma este se materializa.
Es lamentable que la Ley Mordaza haga referencia en su título a la “seguridad ciudadana” cuando en realidad está provocando la desprotección y vulneración de derechos básicos de la ciudadanía.
Con esta sanción no tenemos un espacio más seguro, lo que tenemos es mayor temor e inhibición para reaccionar frente a lo que consideramos injusto y cuestionable. Con esta sanción también tenemos más impunidad y desconfianza en la fuerzas del orden, ya que los testigos son cuestionados más que los protagonistas.
La Ley Mordaza no es más que eso, una Mordaza para nuestros Derechos Fundamentales. Reclamamos su derogación inmediata y la anulación de la sanción que ha recibido José. Hoy le ha tocado a él, pero si la ley continúa vigente no pocas personas vivirán la represión de su aplicación hasta que consigan que nos olvidemos que cuales son nuestros derechos. DIARIO Bahía de Cádiz
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