CARTA AL DIRECTOR enviada por: Juan Cejudo, de Cádiz
Cuando se acercan estas fechas del mes de agosto, se escuchan voces de diferentes personas (investigadores, historiadores, periodistas, juristas, políticos…) que hablan sobre el trágico suceso que conmovió a Cádiz y a España entera el 18 de agosto de 1947.
Estas voces son importantes para concientizar a toda la sociedad y a los responsables públicos, que hay que actuar para no dejar caer en el olvido esta fecha, que nos ha marcado nuestra historia reciente como gaditanos.
Dejar claro que valoro mucho este esfuerzo y dedicación de estas personas, de un modo muy especial la de José A. Aparicio que recientemente ha publicado
un nuevo libro sobre ‘Una catástrofe anunciada’ que estoy leyendo.
Pero dicho esto, debo decir también que faltan voces muy importantes que deberían hablar y no lo hacen: la voz de las víctimas.
Las víctimas, después de tantos años estamos muy dispersas y no hemos podido unir fuerzas para hablar con la determinación que haría falta.
Yo soy una de esas víctimas. Mi padre murió ese día a unos 20 ó 30 metros del lugar donde estallaron las bombas muriendo en pocos minutos. También moriría su compañero en el acto y el repostero quedaría gravemente herido, hospitalizado durante varios meses.
Hoy, gracias sobre todo a las investigaciones de José Antonio Aparicio, disponemos de una información que en años anteriores no teníamos. Y, aunque no pueda hablar en nombre de todas las víctimas, sí quiero hacerlo, un año más, como una de ellas.
El franquismo se encargó de eludir responsabilidades en aquella tragedia para así no tener que asumir las consecuencias de tener que indemnizar a las víctimas y resarcir a la ciudad de Cádiz de todos los daños sufridos.
Hoy, gracias a las investigaciones de Aparicio, no queda ninguna duda que la Marina y subsidiaramente el Estado español, son responsables de aquella tragedia, que provocó la muerte de 150 personas, decenas de miles de heridos y centenares y centenares de casas destruidas o dañadas.
Digo que ya no cabe duda de esa responsabilidad de la Marina y del Estado por el informe oficial que el comandante Bescós realizó por encargo de sus jefes en el año 1943, cuatro años antes de la explosión y que en sus conclusiones decía:
“Estas consideraciones mueven al Jefe que suscribe a aconsejar el urgentísimo traslado del depósito de Defensas Submarinas que, en caso de voladura, originaría una catástrofe de carácter nacional. Mientras subsista, debe extremarse la vigilancia militar y naturalmente la técnica, dando las órdenes oportunas» (José A. Aparicio).
El comandante Bescós, señalaría incluso unos terrenos idóneos para ello en El Berrueco. No les hicieron caso y ocurrió la tragedia que conmocionó a Cádiz y a España, “la tragedia anunciada”.
También ha quedado demostrado que cuando se recepcionaron las bombas alemanas, cargadas con algodón pólvora, no se cumplieron los protocolos obligatorios para recepcionarlas, sino que se almacenaron directamente sin más.
José A. Aparicio en su último libro subraya cómo este testimonio del comandante Bescós no se aportó en el juicio y deliberadamente no fue tenido en cuenta. Así evitaban complicaciones.
En mi caso, mi madre se quedó muy joven viuda y mi hermana y yo perdimos a nuestro padre cuando tenía mi hermana 9 y yo 6 años. Tuvimos que salir de Cádiz y empezar una vida nueva lejos de aquí, ya sin mi padre.
Por eso, yo, como víctima, exijo que, aunque hayan pasado 75 años, la Marina asuma sus responsabilidades, pida perdón a las víctimas y las indemnicen como deberían haber hecho hace muchos años. No se puede dar la callada por respuesta ante unos hechos tan gravísimos.
También la ciudad de Cádiz se merece unas compensaciones por parte de estas instituciones por todos los daños causados a la ciudad. Se deben ceder total o parcialmente instalaciones del actual Instituto Hidrográfico donde debería ir la actual exposición sobre la explosión y levantar un amplio y digno mausoleo a todas las víctimas (no el actual tan ridículo que está en la plaza San Severiano) donde se expongan todos los nombres y apellidos de las 150 víctimas y la edad de cada uno.
Las víctimas deben ser resarcidas del silencio y marginación que se les ha tenido todos estos años. No vale sólo con que se nombren a todos ellos en el acto que se celebra en San Severiano cada año. Deben quedar permanentemente expuestos al público como memoria histórica. Porque esto también es memoria histórica, que no puede quedar en el olvido.
Yo desde luego, aunque sea una voz que clama en el desierto, seguiré denunciándolo año tras año y cada vez que pueda.
Ya se sabe que estas cosas no tienen un rédito electoral, porque las víctimas estamos muy dispersas y desconectadas para poder hacer presión a las autoridades.
En otro momento hablaré de las reivindicaciones que, como víctima, debo hacer a las distintas autoridades locales, provinciales, autonómicas y estatales. DIARIO Bahía de Cádiz
