La empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz (Procasa) espera sacar adelante las bases para la nueva concesión de viviendas del parque público a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de interés social destinados a la integración de personas sin hogar y en exclusión social.
Se trata de una medida incluida en el eje social del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2019-2023, concretamente en el epígrafe ‘Defensa del derecho a la vivienda e integración de personas vulnerables’.
En este sentido, Procasa ya ha puesto a disposición dos de sus viviendas para las entidades de Cruz Roja e Iguales en Acción para la inserción habitacional y social de sintechos de la ciudad. No obstante a partir de ahora se ampliará a colectivos con otras finalidades sociales que se seleccionarán y priorizarán a través de esta convocatoria.
Las bases –que se esperan aprobar en breve- recogen los requisitos que deben cumplir las entidades que opten a esta iniciativa y también los criterios de valoración, siendo el de mayor peso que el tipo de proyecto que se va a desarrollar en la vivienda, su interés social y su viabilidad.
Según aclara la concejala de Vivienda, Eva Tubío, también se tendrá en cuenta el número de beneficiarios directos, la confluencia del proyecto con otros objetivos y actividades municipales o la capacidad de los recursos y experiencia de la entidad para el desarrollo del proyecto y en proyectos similares anteriores, entre otros criterios.
Aprobadas las bases, la convocatoria se publicará en la Plataforma de Contratación y en la web de Procasa. A partir de ese momento, las entidades interesadas tendrán 30 días para presentar su propuesta. A las tres que hayan obtenido mayor puntuación se le irán cediendo correlativamente viviendas municipales durante los tres años siguientes, adjudicándose por parte de Procasa como mínimo una vivienda al año a entidades sociales.
Las concesiones serán en régimen de arrendamiento, con una renta mínima para sufragar gastos básicos que variará según las características de cada una de ellas. No obstante, se establece un límite máximo de 200 euros. La duración de los contratos de arrendamiento sería por un periodo de dos años, prorrogable por otros dos.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde, José María González ‘Kichi’, remarca que esta iniciativa persigue “mejorar la atención que se da desde los recursos públicos a los colectivos más vulnerables”, pues se facilita un mínimo de una vivienda al año del parque público a colectivos para que las personas beneficiarias de este programa “puedan trabajar en su itinerario personal y comenzar su reinserción desde una vivienda”.
