Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz celebrado este lunes ha dado el visto bueno, de forma unánime, a la aprobación definitiva del proyecto de expropiación-reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-EX 1BR1 ‘Cooperativa R1’. La aprobación inicial ya se aprobó el pasado mes de noviembre.
Ahora todos los partidos, del gobierno y de la oposición, han votado a favor de esta operación urbanística, por lo que el siguiente paso será la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del acuerdo, que dará paso a un plazo de 20 días para que las familias muestren su conformidad con la valoración de los correspondientes justiprecios, ya sea en especie o en metálico, y posteriormente se podrán efectuar las actas de ocupación y pago y el realojo en las nuevas viviendas de las familias implicadas en la permuta.
Las familias propietarias afectadas por el expediente expropiatorio son 72, distribuidas en cuatro bloques, dos en la calle Cooperativa y dos en la Avenida Juan Carlos I. De estas 72 familias, 56 han optado por la modalidad de pago del justiprecio en especie, es decir, la permuta por una nueva vivienda, y las restantes 16 han optado por la indemnización de dinero en metálico.
Así, una vez sean desalojadas esas antiguas viviendas por sus ocupantes, se procederá a la demolición de los dos edificios y se podrá así dar continuidad a la avenida transversal que conectará con el puente de la Constitución de 1812 (la conexión del segundo puente y la avenida de Huelva con la avenida Constitución de 1812, Varela y Asdrúbal, hasta llegar al paseo marítimo).
El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha recordado durante la sesión plenaria que las viviendas de los edificios que se van a derribar carecen de los requisitos mínimos en materia de habitabilidad, por lo que las familias ocupantes van a verse beneficiadas, por fin, de las nuevas viviendas que se les van a asignar como consecuencia de esta permuta. Eso sí, ha querido recalcar que no se trata de una operación de promoción social de vivienda, pues no es así como la planteó el anterior equipo de Gobierno del PP.
Por su parte, la edil de Vivienda, Eva Tubío, ha destacado que es “la primera vez que se elabora un expediente de expropiación de tal magnitud”, resaltando por ello el trabajo y la diligencia del personal técnico tanto de Urbanismo como de Procasa “durante años” para sacar adelante “este proceso muy complejo”.
La concejala del PSOE, Victoria Rodríguez, ha hecho hincapié en “la falta de trabas” que ha recibido este expediente por parte de la oposición y la larga espera de las familias afectadas por esta operación, pendiente desde 1999. Mientras, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha criticado la tramitación del expediente, “puesto que no ha sido totalmente diligente”, al tiempo que ha defendido este proyecto “en beneficio de la ciudad”. Y el portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, ha dedicado gran parte de su intervención a lanzar críticas contra el edil de Urbanismo por su “mala gestión” en este asunto, “a pesar de que se lo hemos dado todo hecho”.
Este pleno extraordinario estuvo precedido de un rifirrafe en los medios entre PSOE y Gobierno local. Los socialistas acusaron al bipartido de “desastre” al conocerse en la comisión previa que “durante el periodo de alegaciones, se ha presentado un escrito al que no se ha dado respuesta, lo que ha motivado que se posponga todo”, según dijo Victoria Rodríguez.
Ante esta denuncia, el bipartito aclaraba que el proyecto “no ha recibido ninguna alegación tras superar su periodo de exposición pública”, y que los servicios jurídicos de Urbanismo, de Procasa y de la propia Secretaría General del Ayuntamiento “han decidido desestimar la solicitud de una compañía que no puede presentar ningún documento del registro que atestigüe la titularidad de una de los inmuebles afectados en este proceso de expropiación”. De este modo, “los servicios jurídicos municipales siguen la jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que se debe considerar propietario a quien con tal carácter conste en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad”. Para Sí se puede y Ganar Cádiz en Común, “el PSOE no duda en usar lo que sea para tratar de torpedear la acción del Ayuntamiento aunque acaben haciendo el ridículo”.
