El PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz ha pedido al Gobierno local “que fiscalice el contrato y exija a la empresa privada Mersant Vigilancia que cumpla con sus obligaciones”. Esta firma se adjudicó en mayo de 2020, a través de un procedimiento público de contratación, el servicio de vigilancia y seguridad en distintas dependencias municipales por dos años, prorrogable a otros dos años más, por unos 7 millones de euros.
En las últimas semanas, trabajadores de esta contrata están denunciando la vulneración de sus derechos, con impagos de salarios y de la paga extra de Navidad; y no sólo ocurre en la capital gaditana, la situación se repite con servicios contratados por otras administraciones en la provincia (como la seguridad en el parque metropolitano de Los Toruños en El Puerto, o en los juzgados de Cádiz), y otros puntos del país. “El Ayuntamiento no puede mirar a otro lado mientras las empresas adjudicatarias incumplen el convenio y los derechos laborales de la plantilla”, asevera al respecto la portavoz municipal socialista, Mara Rodríguez.
Son 70 los trabajadores de Mersant que desarrollan las funciones de seguridad privada en diversos centros municipales como es el Gran Teatro Falla, la Sala Central Lechera, el teatro del Títere de la Tía Norica, los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, el Espacio Cultural Contemporáneo (ECCO), el Baluarte de Candelaria, la Casa de Iberoamérica, el depósito municipal de vehículos, los centros municipales de servicios sociales comunitarios, el centro Hermanas Mirabal, los antiguos depósitos de tabaco, el mercado central y el mercado Virgen del Rosario y la Fundación Municipal de la Mujer.
“Trabajadores que esperan que, desde el equipo de Gobierno, encargado de la contratación de la empresa, no siga permitiendo este abuso laboral”, apostilla este partido de la oposición en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Por su lado, la empresa alega en un comunicado interno (al menos remitido a sus trabajadores en Sevilla), en el que pide “paciencia y comprensión”, estar atravesando “por un momento delicado”, y afirma que trabaja “para resolver la situación y encauzarla en la mayor brevedad”.
SE INSISTE EN LA FIGURA DEL “RESPONSABLE DE CONTRATO”
“Si de verdad queremos ser garantes de una contratación pública responsable, no se deben permitir este tipo de actuaciones de empresas concesionarias”, reitera Rodríguez, quien entiende que parte de estos problemas provienen de que el Consistorio gaditano no trabaja con la figura del responsable de contrato, cuyo objetivo es reforzar el control del cumplimiento del pliego y agilizar la solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante la ejecución del mismo.
De hecho, esta iniciativa socialista para incluir la figura del responsable de contrato fue aprobada en pleno el pasado octubre de 2020, pero el Ejecutivo de Adelante Cádiz “no lo está haciendo, a pesar de que, si llevasen a cabo su implantación, los servicios externalizados serían más eficaces y los trabajadores tendrían más seguridad laboral”, considera la portavoz del PSOE.