La plataforma de afectados de la séptima fase del Cerro del Moro, en Cádiz, asegura que la Junta de Andalucía está “coaccionando” a los vecinos afectados que no aceptan sus condiciones. “El sentimiento de abandono por parte de las distintas administraciones es más que evidente, ya que nadie quiere afrontar un problema que tiene soluciones factibles”, se añade.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, adjudicó al fin el pasado septiembre (tras años con la operación paralizada y el correspondiente rifirrafe político estéril) la conocida como séptima fase del Cerro del Moro por casi 6,4 millones de euros (recurriendo a fondos europeos). Y a finales de noviembre se dieron por iniciados los trabajos, que tienen un plazo de ejecución máximo de 18 meses: así, si no hay contratiempos esta promoción de 67 viviendas protegidas en arrendamiento, destinadas a las familias de la octava fase, estará lista para su entrega en el verano de 2026.
Sin embargo, esta fase final de la eternizada rehabilitación integral del Cerro del Moro, en Cádiz, una intervención que se remonta a la década de los 90 del siglo pasado, entre parte de los vecinos beneficiarios (que viven en condiciones precarias y que llevan años esperando y reclamando el nuevo bloque de pisos) se afronta con sensaciones agridulces, ya que se les obliga a pasar de ser propietarios a inquilinos (al menos durante 50 años).
Unas condiciones que, reitera la plataforma de afectados, “fueron cambiadas de forma unilateral y con absoluta falta de transparencia, sin contar con el concurso de los vecinos y sin intención de llegar a un acuerdo, lo que significa la pérdida de nuestra propiedad para pasar a un régimen de alquiler bajo condiciones claramente lesivas para nuestros derechos”.
¿Cuáles son esas condiciones? La AVRA apuntaba semanas atrás que viene manteniendo reuniones con las familias, descontentas en general, para analizar cada una de sus circunstancias e informarles de la promoción, así como de la compra de sus deterioradas viviendas (construidas a finales de los años 50), tasadas en entre 34.132 y 38.640 euros, en función de los metros cuadrados.
La renta mensual del alquiler en el futuro bloque de pisos, para quienes aporten las cantidades que reciban por sus casas, oscilaría entre 86,81 y 172,16 euros, dependiendo de la superficie. Para quienes no se acojan a esta opción, el alquiler mensual se fijaría entre 143,70 y 229,05 euros.
“O VENDEMOS O NOS MANDARÁN UNA INSPECCIÓN TÉCNICA”
En este punto, según se remarca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, estos residentes se sienten “coaccionados”, ya que por parte de la administración andaluza solo se les da dos opciones: “o venden a precio de saldo sus viviendas o se tendrán que quedar en la ruinosa casa en las que viven”.
“Incluso se les llega a advertir que de no aceptar las condiciones y opten por quedarse en las actuales viviendas, se les mandará una inspección técnica y tendrán que asumir su rehabilitación con sus propios fondos, procediéndose al aislamiento de los vecinos que no acepten, mediante el tapiado de las viviendas que queden vacías”, resalta la plataforma, que recuerda que los pisos actuales “se encuentran en un estado ruinoso y sin posibilidad de rehabilitación”. De hecho, la octava y última fase del Cerro del Moro contempla la demolición de este bloque.
MORENO BONILLA Y BRUNO GARCÍA, SEÑALADOS
Es más, estos vecinos señalan directamente al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, como “máximo responsable” de esta situación; así como al alcalde Bruno García, “quien ha sido incapaz de prestarnos apoyo y se ha posicionado junto a la Junta”, a pesar de la petición explícita de amparo en la intervención del pleno ordinario del mes de julio por parte de la plataforma de afectados.
Finalmente, este colectivo también censura la “nula disponibilidad” por parte de los representantes políticos de la Junta de reunirse con ellos “para articular una solución a este conflicto” ya que considera que “la solución es política”.
Frente a las críticas, desde la consejería de Fomento se defiende desde hace meses que este plan de rehabilitación de Cerro del Moro “se ha desarrollado siempre con total transparencia. Todas las viviendas promovidas, las seis fases anteriores ya ejecutadas con 470 viviendas en total, se han adjudicado en régimen de vivienda protegida en alquiler”.
