La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), como lo han hecho en los últimos días los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, ha mostrado su apoyo a los vecinos de séptima fase del Cerro del Moro, que llevan esperando años el prometido realojo a un nuevo bloque de viviendas, como el resto de esta barriada vulnerable; cuando al fin ya parece todo encaminado a la próxima solución, han conocido que en el desarrollo de esta operación (donde entran fondos europeos) van a perder la propiedad de las casas que actualmente ostentan (construidas a finales de los años 50) y pasarán a vivir de alquiler en la futura nueva promoción.
Este hecho fue detectado por los propios beneficiarios/afectados al consultar el documento de licitación del proyecto por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que refleja que la nueva edificación resultante sería destinada a VPA, viviendas protegidas de alquiler.
Al desconcierto de las 67 familias afectadas, se le ha sumado la tardanza de la administración andaluza en recibirlos; y que les ha confirmado que para acceder a las nuevas viviendas “deberán hacerlo en régimen de alquiler o de lo contrario mantenerse en sus actuales y ruinosas viviendas hasta su demolición”.
Desde la Apdha se apunta en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la Junta, a través de la AVRA, está convocando de manera individual a los vecinos para que acepten las condiciones, “sin informarles del precio que les pagarían por sus actuales viviendas ni de las condiciones que tendrían aquellas personas que optaran finalmente al alquiler”. “Desconocen si tienen que cumplir los requisitos económicos que se exigen para acceder a las VPA ni los precios del alquiler, ni qué familiares tendrán derecho a subrogarse a dichos contratos el día de mañana, dada cuenta de que hay vecinos con más de 90 años”, se añade.
“Este ocultamiento esconde un grave engaño de la Junta de Andalucía y una dejación más en materia de vivienda con la ciudad”, consideran desde la Adpha; que remarca que la administración que promotora de la obra “apenas aporta financiación” a la misma ya que el coste está repartido casi a partes iguales por el Estado y por los fondos europeos, “y aun así la dependencia de esos fondos europeos le obliga a mantener dichas viviendas en alquiler durante 50 años”.
En concreto, el coste total para ejecutar las dos fases pendientes (la séptima y la octava, que prevé la adquisición y demolición del último edificio en pie a desalojar), se estima en 10,9 millones, financiados principalmente con fondos europeos y estatales (los fondos Next Generation, con cargo al Programa 6 Ecovivienda, aportan 3 millones; el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, otros 3,3 millones a través del Programa para la Erradicación de la Infravivienda; mientras la Junta se compromete a poner 4,2 millones).
En este punto, la Asociación Pro Derechos Humanos reclama que si se ha de renunciar a esos fondos de la UE para “actuar con justicia” con estos convecinos “que se haga”. “La Junta puede y deber poner financiación propia si es necesario, y más teniendo en cuenta que acaba de obtener cerca de 7 millones de euros en la venta del suelo de las 212 viviendas de Loreto a una empresa privada”, se deja caer.
La Apdha alerta de que seguirá “muy pendiente” de este asunto y recurrirá a cuantas instancias sean necesarias para evitar que se vulneren los derechos de estas personas, mucho en situación de precariedad.
“TODAS LAS NUEVAS VIVIENDAS DEL CERRO DEL MORO SE HAN ADJUDICADO EN RÉGIMEN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER”
Frente a las críticas, desde la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se defiende que el plan de rehabilitación de Cerro del Moro (que comenzó hace más de tres décadas y alcanza ahora sus últimas fases), “se ha desarrollado siempre con total transparencia, escuchando las necesidades de los vecinos, pese a la complejidad de la tramitación urbanística”.
Así, desde el actual Gobierno andaluz del PP se afirma que retomó este proyecto, “abandonado por anteriores gobiernos”, impulsando la construcción de estas 67 nuevas viviendas protegidas “en régimen de alquiler con renta asequible al igual que el resto de la barriada”. A través de esta iniciativa, “se ofrece una alternativa habitacional a las familias que hasta ahora residen en sus viejas viviendas ya muy castigadas por el paso del tiempo, que serán compradas por AVRA a precio de tasación oficial para su posterior demolición”.
“Todas las viviendas promovidas en el plan de rehabilitación de esta barriada, las seis fases anteriores ya ejecutadas con 470 viviendas en total, se han adjudicado en régimen de vivienda protegida en alquiler”, se aclara desde la Junta; que incide en que al contemplarse en esta séptima fase financiación Next Generation, la normativa establece que “las viviendas deberán destinarse a régimen de alquiler, con posibilidad de compra al final del período de arrendamiento”.
“Tal como se ha venido haciendo desde 2020, la AVRA continuará manteniendo reuniones con los vecinos asesorando sobre el proceso de adjudicación y ultimando los trámites previos a la firma de sus contratos”, se apostilla. Y se añade que, pese a las denuncias, en estas reuniones con las familias “están mostrando su tranquilidad por la claridad de la información recibida, así como las gestiones desarrolladas que harán posible la firma de los contratos de alquiler de sus viviendas”.
PSOE Y AIG ESCUCHAN A LOS VECINOS
En los últimos días, representantes de propietarios de las viviendas correspondientes a la séptima fase del Cerro del Moro se han visto en el Ayuntamiento con los partidos de la oposición, que han conocido a fondo el caso y han trasladado su apoyo.
Pese a lo que vende ahora la Junta, desde el PSOE han coincidido con los vecinos en calificar el procedimiento llevado a cabo como un “engaño” y han adelantado que presentarán iniciativas en el Parlamento andaluz para exigir explicaciones a la consejera de Fomento sobre la forma de proceder en cuanto esta promoción. “Los vecinos llevan décadas esperando sus casas y ahora resulta que quieres arrebatarles la propiedad y pasarles a régimen de alquiler”, subraya el portavoz municipal socialista, Óscar Torres, que ha aseverado que “nos vamos a permitir que se juegue de esta manera con el futuro de las 67 familias que tienen puestas sus esperanzas y las de sus hijos en estas viviendas en propiedad que tanto trabajo y esfuerzo les ha costado tener”.
La cuestión ha sido puesta también en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz y los socialistas han adelantado que estarán vigilantes sobre los pasos que se están dando en ese asunto “que es una muestra más del abandono de la Junta hacia los vecinos de Cádiz, en este caso de los vecinos del Cerro del Moro”.
Por su lado, desde Adelante Izquierda Gaditana se interpreta que “el Cerro del Moro ha llegado al límite de la inhumanidad de la AVRA, que actúa más como una inmobiliaria especulativa que como una administración pública para la ciudadanía”, por lo que “exigiremos a la Junta que dé marcha atrás y renuncie, si es necesario, a la subvención europea, acometa la obra y devuelva a los vecinos sus viviendas en las condiciones comprometidas inicialmente con el barrio y que les llevó a comprar como condición obligatoria sus actuales viviendas en ruina técnica”.
Para la coalición izquierdista, el asunto “tiene un componente de clasismo” porque “esto no lo hace el PP con los vecinos del barrio de Salamanca, por ejemplo”, y lo tachan como una “aberración”. AIG se ha comprometido igualmente a defender los intereses de los vecinos y trasladará el asunto “donde haga falta”, en el pleno municipal o el Parlamento andaluz para lo que ha pedido al resto de grupos políticos “la unión para defender el derecho de los inquilinos a mantener la propiedad de su vivienda”.
