El PP de Cádiz fracasa de momento en su estrategia de ver al alcalde entrando en el Juzgado, pero recurrirá. La titular del de Instrucción número 3 ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento y archivo provisional de la causa penal contra el primer edil, su concejal de Medio Ambiente y el jefe de gabinete de Alcaldía, por supuestas injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones contra el anterior equipo de Gobierno en relación al corte de agua en Loreto en 2014. El auto da la razón al recurso del bipartito y evidencia que en dichas manifestaciones existe “una crítica política a una gestión irregular”, no la imputación de delitos –el intento de envenenamiento, según los querellantes-. Así, González Santos considera que la derecha ha hecho “absolutamente el ridículo”, y la misma jueza confirma que “es el PP quien tiene que explicar qué pasó en Loreto”, no el actual equipo de Gobierno.
El PP de Cádiz fracasa de momento en su estrategia de ver al alcalde, José María González ‘Kichi’, entrando en el Juzgado. La titular del de Instrucción número 3 de los de la ciudad ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento y archivo provisional de la causa penal contra el primer edil, así como su concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de Gobierno de Teófila Martínez en relación al controvertido incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014.
La magistrada deja sin efecto las citaciones de querellantes y acusados en relación a esta causa, que estaban previstas a partir de esta semana. Y asume el recurso del equipo de Gobierno, subrayando que “no existía por parte de los querellados un propósito específico de injuriar y sí, por el contrario, la concurrencia de un ánimo de crítica respecto a la gestión de los asuntos públicos”. Con todo, el ahora principal partido de la oposición ya ha avanzado que presentará recurso ante la Audiencia Provincial contra este auto.
El PP gaditano, tras varias amenazas, formalizaba a principios del pasado junio esta querella acusando a González Santos, González Bauza y Barcia de delitos de calumnias e injurias “al imputarnos un delito de intento de envenenamiento”, a raíz de conocerse el nuevo informe de Aguas de Cádiz sobre el corte de Loreto. Dicha querella la firmaban todos los integrantes del anterior Gobierno local.
“Es lo más miserable que he visto en la vida pública en toda mi vida, y por supuesto no vamos a permitirlo. Tenía que haber dimitido en marzo por la gravedad de su delito, tras destituir a su asesor y al teniente de alcalde, pero si no es capaz de entender la seriedad de este asunto esperamos que la justicia le abra los ojos”, sentenciaba entonces el portavoz conservador, Ignacio Romaní, quien era presidente de Aguas de Cádiz en el momento que se sucedieron los hechos de Loreto.
Precisamente, las manifestaciones que la derecha local censura del alcalde se basan en uno de los puntos que observa ese informe elaborado por la empresa municipal que tanto ha escocido a este partido, presentado en marzo y encargado por el nuevo Ejecutivo municipal, en el que aborda su propia gestión –entonces en manos del PP- durante aquel controvertido corte del suministro en la barriada a finales de 2014. Este estudio anota que los vecinos de Loreto pudieron estar bebiendo agua contaminada desde 14 días antes del corte por la presencia de bacterias.
“LA DESJUDICIALIZACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA, UNA BUENA NOTICIA”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde de Por Cádiz sí se puede ha manifestado su satisfacción por el archivo de la causa: es “una buena noticia porque supone un primer paso en algo de lógica: la desjudicialización de la vida política”. “El PP –agrega- ha centrado su acción en embarrar todo lo que se hace desde este Ayuntamiento para tratar de sacar todo el rédito posible, y se ha caído con todo el equipo”. Y en este punto ha destacado que la jueza les ha dado la razón “ante el uso torticero del PP para tratar de darle la vuelta a una situación como fue el corte de agua en Loreto y la existencia de análisis con agua contaminada desde días antes de que se produjera”. “Ellos son los que tienen que explicar qué pasó en Loreto”, ha enfatizado.
Asimismo, ha resaltado que el archivo de la causa viene a confirmar que el recurso presentado por el actual equipo de Gobierno no era para retrasar el proceso o para dilatar los plazos: “era porque pensábamos que llevábamos la razón, y es lo que pensamos actualmente, llevamos razón, porque nuestra afirmación ni faltaba al honor ni era injuriosa y porque lo que decía el PP en su querella que habíamos dicho, basándose en algunas publicaciones de prensa, no era lo que habíamos dicho. Y así lo recoge la jueza en el auto”.
Subraya González Santos que la jueza especifica que “nuestras afirmaciones no se pueden considerar injuriosas ni con intención de difamar porque posteriormente acudimos a Fiscalía para poner el caso en manos de la justicia”. Y ha resaltado a continuación varios entrecomillados extraídos del propio auto: “En él se afirma que para que se produzca calumnia debe producirse la imputación de un delito, algo que, según la jueza, no consta, ya que las afirmaciones que realicé ‘no imputan delito contra la salud pública sino irregularidades administrativas como gestores de Aguas de Cádiz en las que existe, cuando menos, una actuación administrativa irregular en algunos aspectos’”.
Además, en el auto se expone que “el delito de injurias no es aplicable, ya que ‘se hace en el contexto de una crítica política que denunciaba irregularidades’”. El alcalde ha expuesto que la magistrada hace hincapié, basándose en sentencias hasta del Tribunal Constitucional, en que “los cargos públicos están sometidos en mayor medida a la crítica y por ello el límite entre su derecho al honor y la libertad de expresión cede en detrimento del primero”.
Y por último, ha apuntado que el auto “tira por tierra” todo el argumento del PP local que se basa en algunas de las informaciones periodísticas a partir de la rueda de prensa y el posterior acto ofrecido en el mes de marzo. Al respecto, ha comentado que el bipartito presentó “el vídeo completo con las declaraciones completas, y la jueza no puede ser más tajante en su auto de archivo”. En concreto, en el auto se lee que la demanda se basa en “una rueda de prensa en la que no estuvieron presentes los demandantes”, por lo que “no se puede determinar cuáles fueron exactamente el contenido de las palabras y tampoco se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones en las que aparecen declaraciones entrecomilladas sacadas de contexto realizando una interpretación subjetiva el periodista”. E insiste la magistrada en que “nos encontramos con artículos periodísticos en los que no aparece la totalidad de la intervención, sino frases o expresiones que pudieron haber sido sacadas de contexto”.
La jueza achaca esta supuesta posible o supuesta falta de rigor a diferentes factores condicionantes como “la premura de tiempo ante el fatal cierre de la edición en los medios tradicionales, el afán por la exclusividad o la primicia en un medio competitivo, la mayor o menor trascendencia de la noticia y la complejidad de la misma, la inevitable subjetividad de las fuentes, los posibles intentos por manipular la información por portadores de intereses contrapuestos, el sesgo u orientación política del medio y muchos otros y como se puede tergiversar los hechos a efectos de conseguir un titular impactante que permita un incremento en las ventas”.
“EL ABSOLUTO RIDÍCULO DEL PP”
Por todo ello, el alcalde de Cádiz ha recalcado que el auto recoge prácticamente en su totalidad el recurso presentado por el equipo de Gobierno y “archiva la causa penal ante la evidencia de que lo que se hizo, y seguimos manteniendo, es una crítica política a una gestión irregular. Un hecho del que, por otro lado, llevamos a la Fiscalía para que estudiara si había indicios de delito por parte de los anteriores gestores municipales”.
Asimismo, ha hecho hincapié en dos cuestiones: “una, esta estrategia de judicialización de la política ha llevado al PP de Cádiz hacer absolutamente el ridículo. Y dos, la jueza confirma que es el PP quien tiene que explicar qué pasó en Loreto, no este equipo de Gobierno”.
José María González ha concluido asegurando, de forma tajante, que el Gobierno local va a “llegar hasta el final en este asunto”. “Nosotros asumimos la responsabilidad de saber qué ocurrió en Loreto y nos comprometimos con los vecinos en buscar una respuesta. Vamos a depurar responsabilidades”, sentencia.
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