El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha manifestado su “perplejidad” al conocer a través de algunos medios de comunicación que, “supuestamente”, el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha aceptado la querella presentada contra él por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca) por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con los chiringuitos de las playas.
Vila ve “cuanto menos llamativo” que los medios tengan acceso a la información sobre asuntos judiciales “antes que los propios interesados”. No obstante, ha comentado que desde el equipo de Gobierno se afronta este asunto con “total tranquilidad”, ya que “hemos actuado siguiendo a pies juntillas el criterio de los técnicos”, y “nos hemos limitado a cumplir y hacer cumplir la legalidad”.
Precisamente, el alcalde, José María González ‘Kichi’, acudía hace apenas unos días en otra denuncia (en este caso presentada por Ciudadanos) relacionada con estos establecimientos (la trasmisión de la concesión de las explotaciones a los propios empresarios, algo que el Gobierno local rechaza que se haya llevado a cabo, aunque la Junta da por hecho que sí).
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este edil de Ganar Cádiz en Común repite en que, al no haber tenido acceso ni a la querella ni a notificación o citación alguna por parte del juzgado, lo único que puede hacer es “intuir” que la cuestión está relacionada con los expedientes sancionadores que inició el Ayuntamiento por exceso de ocupación por parte de los chiringuitos.
Al respecto, explica que “estos expedientes se iniciaron a raíz de un informe de la delegación de Medio Ambiente que indicaba que se estaba dando un exceso de ocupación”. En base a esto, “los técnicos de Urbanismo hicieron un informe para determinar cómo interpretaba este aspecto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), concluyendo que el propio plan establece que la ocupación máxima de estos establecimientos es 150 metros, dándose la circunstancias de que algunos empresarios duplicaban esa ocupación”.
En consecuencia, se iniciaron los correspondientes expedientes de restitución de la legalidad urbanística, pidiendo a los concesionarios que volvieran al estado inicial de 150 m2 “que, además, es el que viene especificado en el pliego de condiciones por el que obtuvieron la concesión”. Esos expedientes han dado la oportunidad de que los propios establecimientos presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, si bien han finalizado con la propuesta definitiva de restitución a la situación anterior y el inicio de expedientes sancionadores.
Todos los expedientes se iniciaron mediante decreto de la concejalía de Urbanismo y también tuvieron su aprobación definitiva en la Junta de Gobierno Local, con lo que “no hay sobre ellos ningún tipo de duda ni mucho menos”. Por ello, Vila ha insistido en que “estamos muy tranquilos” en la medida de que “hemos seguido el criterio de los técnicos, y no sólo de los de Urbanismo, sino también de los de Medio Ambiente y de la propia delegación de Contratación”.
“Este asunto no tiene ningún recorrido en la vía penal”, opina el primer teniente de alcalde, interpretando que “no es más que la presión que vienen intentando ejercer algunos empresarios para tener mejores condiciones de las que obtuvieron en el procedimiento de concurrencia competitiva”.
Asimismo, ha defendido que, por su parte, el equipo de Gobierno ha actuado “bajo el cumplimiento exhaustivo de la legalidad urbanística y bajo el planteamiento de que la playa es un recurso no sólo para la ocupación privativa de determinados establecimientos en un orden, en un límite, sino también para un uso público y ciudadano. Y es esta ordenación de de la playa la que vamos a seguir defendiendo”.
GANAR CÁDIZ MUESTRA SU “ABSOLUTO APOYO” A LA GESTIÓN VILA
Por su lado, Ganar Cádiz en Común, plataforma a la que pertenece Vila, ha mostrado ya su “absoluto apoyo” a su gestión desde la delegación municipal de Urbanismo en este tema.
Esta colación izquierdista, que cogobierna en el Ayuntamiento junto a Por Cádiz sí se puede, tiene “total confianza” en el trabajo político que ha desarrollado, “siendo impecable en el respeto a la normativa y al PGOU”, así como también confían en la labor técnica jurídica de los trabajadores municipales, tanto desde Urbanismo como desde la de Medio Ambiente. Por ello, entiende que “la justicia deberá posicionarse”, pero tiene “muy claro” que la gestión “se verá refrendada tras este proceso” porque “lo que no pueden los dueños de los chiringuitos es pretender que los representante políticos o los técnicos municipales se salten las normas vigentes y los pliegos por los que obtuvieron la concesión, haciendo la vista gorda ante situaciones flagrantes como que algunos de estos establecimientos ocupen hasta el doble del espacio que les corresponden”.
Ganar Cádiz defiende que estos establecimientos “no pueden bajo ningún concepto saltarse las normas urbanísticas o la concurrencia pública”, porque “desde las instituciones se debe velar por el interés general de la ciudad y también por la igualdad de condiciones de todos y todas, y esto incluye a los empresarios que obtuvieron estas concesiones bajo unas premisas y al resto de los que en su día optaran bajo esas misma premisas. No puede existir trato favorecedor ni la institución municipal puede ni debe plegarse al interés particular de unos empresarios que llevan a cabo su actividad en la playa, un espacio público de todos”.
En esta misma línea, esta formación explica que en la defensa del litoral gaditano y la playa como recurso natural a proteger “vienen siguiendo un perfil claro desde el inicio –del presente mandato-, tanto en su programa, como en su gestión municipal y su postura pública”. De este modo, recuerda que siempre se han situado “de manera clara” del lado de acabar con las barbacoas, con los conciertos o con la potente iluminación instalada en años de gobierno de Teófila Martínez.
LOS EMPRESARIOS CONSIDERAN QUE VILA HA ACTUADO “DE MANERA ARBITRARIA”
Mientras, como es de esperar, la parte querellante, la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz, ha valorado “positivamente” que la justicia haya abierto diligencias previas, para la investigación de las actuaciones de la concejalía de Urbanismo. “Martín Vila, que ha sido llamado a declarar en calidad de investigado, deberá aclarar si sus acciones han sido o no constitutivas de delitos, tal y como se entiende nuestros servicios jurídicos”, se añade.
“Nos hubiese gustado que estas situaciones no se hubiesen producido y que la actitud del Ayuntamiento hubiese ido más encaminada en el consenso y en el diálogo. Queda constatada, a nuestro entender, el ensañamiento constante de Vila hacia los empresarios de la playa. Un nuevo ejemplo de la fijación a la que aludimos, lo estamos comprobado en estos días, al conocer que el Ayuntamiento ha ordenado la retirada de todos los accesos a las playas. Esto no hace sino dificultar el acceso para que los usuarios puedan llegar a nuestras instalaciones, legalmente constituidas”, reflexionan desde la Aecca.
Fue en septiembre cuando estos empresarios consideraron “sobradamente justificada” la presentación de dicha demanda judicial. En este sentido, se planteó una denuncia vía penal “por un presunto delito de prevaricación al entender que desde Urbanismo se estaban dictando resoluciones injustas, entre otras, la incoación de expedientes sancionadores a algunos establecimientos en la arena”.
La demanda, según la versión de los hosteleros, vino motivada porque el propio Consistorio pretendía multarlos por la sobre-ocupación de las terrazas, “al tiempo que permitía ocupaciones sin permisos, como el caso del Cádiz Arena”. Una instalación deportiva “que además de permitir la venta de bebidas alcohólicas, algo prohibido por ley, no contaba con las autorizaciones previas preceptivas de la administración competente en el Dominio Público Marítimo Terrestre”. Por este hecho, percibió el Ayuntamiento una sanción de casi 20.000 euros. Es más, estos empresarios aseguran conocer que la administración municipal “habría infringido el propio PGOU en multitud de ocasiones solicitando modificaciones sustanciales y autorizaciones para ocupaciones superiores a las no permitidas a los empresarios de la playa, con informes técnicos esgrimiendo criterios distintos a los utilizados para los chiringuitos”.
Desde la Aecca se confía en que haya justicia “para evitar en un futuro la dolorosa situación de inseguridad jurídica y persecución, que durante todos estos meses hemos venido sufriendo”. Los empresarios, sentencian, “solo pretendemos poder desarrollar nuestra actividad, para dar servicio a los usuarios y nuestro clientes, así como dar estabilidad a nuestra plantillas”.
