El Ayuntamiento de Cádiz reclama urgentemente a la Junta un convenio en materia de vivienda –competencia de la administración regional-, debido a las características especiales de la capital: hay 7.000 demandantes de viviendas públicas, “una cifra cuatro veces mayor que la media en Andalucía”; la infravivienda todavía existente; o el mercado inmobiliario de compra y alquiler es limitado y maneja unos precios muy elevados. De este modo, se urge a establecer programas específicos “para aplicar soluciones inmediatas, sin perjuicio de otras que puedan establecerse a medio o largo plazo”.
El Ayuntamiento de Cádiz reclama urgentemente a la Junta de Andalucía un convenio en materia de vivienda, debido a las características especiales de la ciudad. “Cádiz tiene unas características muy determinadas que marcan un hecho diferencial respecto a otras ciudades andaluzas, lo que debe ser reconocido de una vez por la administración autonómica y estatal”, sostiene la concejala responsable, Eva Tubío, que urge a establecer convenios y programas específicos “para aplicar soluciones inmediatas, sin perjuicio de otras que puedan establecerse a medio o largo plazo”.
En este sentido, la edil de Por Cádiz sí se puede recuerda que en la capital gaditana –donde se ha reabierto el debate por el descenso continuo de población, ya hay menos de 119.000 empadronados– existe 7.000 personas demandantes de viviendas públicas, “una cifra cuatro veces mayor que la media en Andalucía”. Y asimismo, pone el foco en el alto nivel de desempleo y en la muy reducida renta media de la población. Además, recuerda que Cádiz es la capital de provincia con menos término municipal debido a su imposibilidad de expandirse por falta de suelo y, por tanto, son escasas las posibilidades de ampliar suelo urbano.
A todo ello, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, subraya que más medio centenar de fincas de la ciudad son infraviviendas, que hay unos 150 edificios deshabitados, que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también conocido como banco malo) no cuenta con viviendas en stock en Cádiz, y que el parque de viviendas protegidas es muy reducido en relación a la demanda. Igualmente, el mercado inmobiliario de compra y alquiler también es limitado y maneja unos precios muy elevados, “totalmente desajustados con la realidad económica de la mayoría de los habitantes de esta ciudad”.
Tubío critica a la vez que lamenta la política en materia de vivienda que han desarrollado el Estado y la Junta en estos últimos años, apuntando que las ayudas de alquiler de la administración regional de 2015 “han tardado más de un año en cobrarse y aún hay muchas sin cobrar”, y que el Plan Andaluz de Vivienda recién aprobado “elimina las ayudas para infraviviendas, limita las ayudas de rehabilitación a su propio parque y suprime el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del casco histórico y el Cerro del Moro, entre otras cosas”. Además, hace especial hincapié en un dato: “la Junta de Andalucía tan sólo ha puesto a disposición del registro de demandantes de vivienda en este año 2016 tres viviendas”.
Por todo ello, el Consistorio requiere a la Junta, “como administración competente en materia de vivienda”, que reconozca la “especial situación” de Cádiz y asuma como “prioridad absoluta” la política de vivienda en esta ciudad mediante la firma de un convenio. “Un convenio que contemple el reconocimiento de las Áreas de Renovación Urbana, así como algunos programas de rehabilitación y de eliminación de la infravivienda, y la colaboración económica con la ordenanza de Alquiler Social que Procasa ha puesto en marcha”, concreta la edil izquierdista.
EN VIGOR LA ORDENANZA DE ALQUILER JUSTO
Precisamente, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba a mediados de este mes la ordenanza del Alquiler Justo, ahora llamada Alquiler Social, y que con este trámite entraba en vigor.
Su finalidad es la de impulsar el alquiler social de las viviendas desocupadas a través de incentivos a la propiedad para ponerlas en el mercado de alquiler en condiciones dignas de habitabilidad a precios razonables para que puedan destinarse fundamentalmente, con el apoyo municipal, a los sectores de población que lo necesitan, con medidas para garantizar el pago de las rentas y el buen estado de conservación de la vivienda hasta la finalización del arrendamiento.
Además, se podrá impulsar la renovación de las viviendas y activar la economía local con las obras de adecuación que pueden ejecutar las empresas locales. En aquellos casos en los que la propiedad tenga dificultades para hacer frente a los gastos que suponen ejecutar las obras para que los inmuebles puedan cumplir unas mínimas condiciones de habitabilidad, se establecen ayudas, que serían créditos reintegrables a la propiedad.
Los beneficiarios de este programa del Ayuntamiento son personas y familias inscritas en el padrón o que acrediten su residencia en la ciudad con una antelación mínima de seis meses y que se encuentren en una situación de necesidad inmediata de una vivienda. La propuesta de beneficiarios se realizará a instancias de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda.
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