El Ayuntamiento de Cádiz se ha comprometido a tratar de reunirse con la empresa Lazora para mediar por los inquilinos de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler con opción a compra de Bodegas Abarzuza, ante las nuevas condiciones que les exige la promotora.
La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha mantenido una reunión con una representación de los inquilinos de estas viviendas, situadas en el número 11 de la calle García Carrera y el número 2 de la calle Soleá. Se trata de la promoción Bodegas Abarzuza, donde viven 70 familias en viviendas de VPO promovidas por la empresas promotora y arrendadora Lazora, en régimen de arrendamiento con opción a compra.
Las casas se adjudicaron en 2012 y ahora, transcurridos diez años de duración, han recibido una comunicación de la empresa privada en la que les pone de manifiesto que, si desean adquirir la vivienda en propiedad, tienen hasta el próximo 1 de marzo para ejercer la opción a compra con las condiciones y el precio establecido.
Asimismo, en dicha comunicación se plantea a los inquilinos la posibilidad de permanecer en arrendamiento con un nuevo contrato y condiciones, para el caso de que no utilicen la opción de compra y sigan reuniendo las condiciones reguladas en la normativa de VPO de aplicación.
Los vecinos han trasladado a Tubío su inquietud por el “elevado precio de compra de las viviendas y el escaso plazo de tiempo que se les da para decidir sobre la misma y gestionar la posible hipoteca, con poco más de 30 días”, con las dificultades que supondría además afrontar el pago del precio, dado que “el banco solo les concede una hipoteca por el 80% del valor del bien y deben disponer de inmediato del 20% restante”.
Según se apunta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala de Vivienda se ha comprometido a solicitar un encuentro a la promotora para reunirse este mismo mes de febrero y trasladarle las preocupaciones de estas familias, intentando mediar sobre las condiciones de venta y alquiler propuestas, así como para reclamar un plazo mayor de compra de las viviendas para quienes estén interesados.
“Pese a las dificultades de transparencia y de contacto con la empresa que manifiestan los inquilinos”, esta edil izquierdista asegura que el Consistorio se va a dirigir a la promotora “por todas las vías posibles” y confía en ser recibidos como representantes públicos municipales “en aras de llegar a un entendimiento que solvente el conflicto entre las partes”.
