Trabajadores de las clínicas José Manuel Pascual Pascual se han manifestado este lunes en Cádiz para exigir a la Junta que pague la cantidad que adeuda del último año a la empresa, ya que hasta entonces no podrán percibir su salario. Y es que JM Pascual ha comunicado que no tiene dinero para abonar la nómina de noviembre. Con esta nueva jornada de protestas han defendiendo los puestos de trabajo, la atención sanitaria y el futuro de estos centros, reclamando una solución al conflicto, después de que en 2014 el SAS rescindiera los conciertos que mantenía.
Trabajadores de las clínicas José Manuel Pascual Pascual, no sólo de Cádiz también de otros puntos Andalucía, se han manifestado en la mañana de este lunes lluvioso por las calles de la capital gaditana para exigir a la Junta de Andalucía que abone la cantidad que adeuda del último año a la empresa, ya que, entienden, hasta entonces no podrán percibir su salario. Y es que JM Pascual ha comunicado recientemente a la plantilla que no va a pagar la nómina de noviembre si la administración autonómica no abona el montante que debe por los servicios prestados.
Esta jornada de movilizaciones –defendiendo los puestos de trabajo, la atención sanitaria y el futuro- se ha dividido en tres manifestaciones –en las que no han faltado las camas vacías, como símbolo de la situación actual de estos centros hospitalarios- que han salido en distintos puntos de la capital para confluir frente a la delegación territorial de Salud –donde se han vivido algunos momentos de tensión con la Policía, después que nadie les atendiera-, desde donde han partido al Ayuntamiento para reclamar el apoyo municipal.
En la plaza de San Juan de Dios han sido recibidos por los concejales del equipo de Gobierno Ana Fernández, Adrián Martínez de Pinillos, Ana Camelo y Eva Tubío, que han expresado su respaldo a este colectivo, que teme no sólo por este impago, si no por su futuro, no saben lo que va a pasar con ellos ni si las clínicas van a seguir abiertas. En la Bahía, JM Pascual cuenta con la clínica San Rafael en Cádiz y el hospital Santa María del Puerto en El Puerto.
La Junta, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya respondía que esta situación de insolvencia económica trasladada en los últimos días por la empresa a los trabajadores “es el resultado final de una situación planteada por ella misma, que obedece a una estrategia de desgaste y presión mantenida en el tiempo como consecuencia del rechazo a las distintas ofertas realizadas por la administración”.
El volumen económico de los servicios concertados con Pascual “tanto cuando la empresa no reconocía la prórroga del concierto, como con la nueva situación planteada por la ausencia del mismo”, ha motivado, se añadía, actuaciones por parte de la Junta “encaminadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a la asistencia hospitalaria y a las retribuciones de los trabajadores”. Así, en primer lugar se realizaron consignaciones económicas en los juzgados por los importes correspondientes al concierto vigente durante la prórroga. Y además, recientemente, el SAS también ha iniciado un expediente administrativo con el fin de abonar los servicios prestados por la empresa entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 en las mismas condiciones que el concurso anterior, “hasta que se resuelva la discrepancia con la facturación que dicha empresa realiza”.
Por su lado, en relación a la falta de acuerdo entre la empresa Pascual y la Junta sobre la renovación del concierto, el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz expresaba hace unos días su preocupación ante “el progresivo deterioro y bloqueo que se viene advirtiendo en este conflicto ya demasiado prolongado, con la significativa incidencia que está teniendo sobre la población y sus graves consecuencias sobre los numerosos profesionales sanitarios que se están viendo directamente afectados”.
“En un tema tan sensible como el de la salud, instamos a las partes a poner toda su voluntad para recuperar la vía de la negociación, el diálogo y la conciliación, que revierta en beneficio de la asistencia sanitaria en la provincia y repercuta en favor de quienes reciben esa atención y de quienes la prestan”, se subrayaba desde este Colegio en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Desde enero del año 2014, en el que la Junta decidió rescindir unilateralmente el concierto que mantenía con la empresa y sustituirlo por unas prorrogas “declaradas ilegales por los tribunales”, ninguno de los seis centros de la empresa –en Cádiz, Huelva y Málaga- mantiene conciertos con el SAS. Esto lleva a un conflicto que dura ya casi tres años y que ha tenido consecuencias no solo en el empleo sino en la asistencia sanitaria, según el Comité Intercentros de JM Pascual.
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