“El alcalde Bruno García no quiere solucionar el problema de la vivienda en Cádiz, lo único que busca es que no se le culpe”. Es la respuesta de uno de los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento, Adelante Izquierda Gaditana, ante el anuncio de un nuevo pleno extraordinario sobre vivienda, a convocarse en el primer trimestre de febrero a propuesta del PP.
A colación, el portavoz municipal izquierdista, David de la Cruz, considera “absolutamente insuficientes” las medidas para abordar la crisis de la vivienda que pondrá la derecha sobre la mesa en ese próximo pleno monográfico.
“Con las medidas anunciadas con aires propagandísticos no se avanza en ni uno sólo de los tres grandes problemas de la vivienda en la ciudad, que son la turistificación, la falta de vivienda pública y el precio del hogar”, apostilla De la Cruz.
Frente a la turistificación (y el auge de las viviendas de uso turístico), “lo que propone el PP es que como mucho nos quedemos como estamos. Es decir, que la ciudad renuncie a barrios como La Viña y Mentidero que están sobresaturados turísticamente. Ni se habla de moratoria, ni de quitar licencias de viviendas turísticas ni de endurecer las medidas para que no haya una sola vivienda turística más en la ciudad”, se apuntan desde AIG.
Por otro lado, se señala en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “lo único” que proyecta el Gobierno local de Bruno García en relación a la vivienda pública “son los mismos proyectos que había en marcha del anterior gobierno municipal, ni uno más”.
Y en esta línea, aseveran desde la izquierda, “lo que hace falta en Cádiz no son pelotazos urbanísticos privados como lo que se plantea en Náutica, lo que hace falta es vivienda pública para que la gente pueda vivir en ella, viviendas en alquiler público porque está demostrado que en las ciudades con un mayor parque de viviendas públicas de alquiler es donde menos cuesta el hogar”.
Por último, David de la Cruz incide en que los populares no piensan tampoco en implementar ninguna medida para limitar ni reducir en el precio del hogar en la capital, “en una demostración de que sigue tratándola desde la especulación y como un bien de mercado”.
“Son medidas vacías. No puede haber ni una vivienda más que se dedique a pisos turísticos, y todos los pisos en Cádiz de aquí a futuro deben ser para familias y para gente que quiera residir en la ciudad. Ya no cabe ni un piso ni una finca más dedicada a turismo”, sentencia.
LAS PROPUESTAS DEL PP
Y ¿cuáles son esas propuestas que el PP elevará a este pleno extraordinario buscando consenso?: son hasta ocho, implicando a tres administraciones públicas (local, autonómica y estatal).
En primer lugar, se instará a que el Ayuntamiento encargue a su empresa municipal Procasa el “impulso definitivo” de la actuación proyectada en el pasado mandato por el gobierno izquierdista en la barriada Manuel de Falla, más conocida como Tacita de Plata (que supone la remodelación integral de esta vieja zona residencial, con la demolición de los pisos y la construcción de otros de nueva planta).
Por otro lado, se pide que se intensifique también por parte del Consistorio el trabajo para iniciar cuantos expedientes de expropiación de fincas sea posible “a tenor de los recursos disponibles y las condiciones físicas y legales de las fincas susceptibles de ese proceso de expropiación”.
En otro sentido, se plantea una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente encaminada a incrementar las opciones de construcción de vivienda pública “en aquellos suelos que sean susceptibles de dicha modificación” (en los últimos días se ha dejado caer ya que se tratará de recalificar suelo industrial en el polígono exterior de la Zona Franca para uso residencial; y también, que se intentará que la antigua escuela de Náutica pase a acoger viviendas una vez que se venda a un promotor privado). Además, en esa modificación “se prohibiría el uso de hospedaje en las fincas con protección de grado uno” (como es el edificio de Náutica), se recalca.
También propondrá que se apruebe sacar a licitación la contratación de una herramienta de análisis, diagnóstico y control en tiempo real del parque de vivienda público y privado de la ciudad, “con el objetivo de identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios, entre otros”.
El punto quinto es el impulso de medidas que permitan la recuperación de viviendas vacías para el mercado de alquiler y, entre ellas, “las que legalmente puedan encaminarse a la imposición de penalizaciones fiscales a las viviendas vacías”.
Y también se apunta a desarrollar medidas para restringir la implantación de viviendas turísticas en la ciudad, “para que no superen el 4% del número total del parque residencial, que se estableció en el anterior mandato como índice óptimo para Cádiz”.
Por último, se instará tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España a desarrollar las operaciones de viviendas que ya tienen entre manos. En el caso del Ejecutivo de Moreno Bonilla, se reclama que “aproveche cualquier oportunidad de suelo existente y desarrollando el convenio firmado hace escasas fechas” (un convenio cuestionado por la oposición y por entidades como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía). Y al Gobierno central de PSOE y Sumar se pide que “se implique en la búsqueda de oportunidades de suelos susceptibles de acoger la construcción de vivienda pública”.
