Un nuevo pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado en sesión extraordinaria la propuesta presentada por el equipo de Gobierno sobre la ordenanza inicial que regulará el programa Alquiler Justo. El único punto del debate ha contado con el apoyo de todos los partidos, salvo del PP, que se ha abstenido. La iniciativa persigue impulsar el alquiler social de viviendas vacías en la ciudad.
Un nuevo pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este lunes en sesión extraordinaria la propuesta presentada por el equipo de Gobierno sobre la ordenanza inicial que regulará el programa Alquiler Justo. El único punto del debate –que se retiró del último pleno ordinario- ha contado con el apoyo de todos los partidos, salvo del PP, que se ha abstenido.
A partir de ahora se abrirá un periodo de información pública y audiencia a los interesados, por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, con las publicaciones que correspondan, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
La ordenanza propuesta pretende impulsar entre otros puntos el alquiler social de viviendas vacías en condiciones dignas de habitabilidad, con medidas que garanticen a la propiedad el cobro de las rentas y la conservación de las casas; recoge que la vivienda objeto del programa debe estar ubicada en la ciudad y vacía (disponible para el alquiler), y que la renta de mercado tasada por el correspondiente técnico tras realizar una visita de inspección a la casa no puede ser superior a 350 euros al mes para las viviendas de un dormitorio, 450 euros al mes para las de dos dormitorios y 500 euros al mes para las de tres o más dormitorios.
Los beneficiarios de este programa serán personas y familias inscritas en el padrón o que acrediten su residencia en la ciudad con una antelación mínima de seis meses y que se encuentren en una situación de necesidad inmediata de una vivienda. La propuesta de beneficiarios se realizará a instancias de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda.
La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha destacado el trabajo conjunto desarrollado para elaborar esta ordenanza en la que han participado más de 40 personas integrantes de colectivos sociales en defensa de la vivienda de la ciudad, técnicos municipales y de la Junta de Andalucía, además de representantes de propietarios y tenedores de vivienda. “Se trata, por tanto de un documento trabajado que ahora está preparado para enriquecerse con el periodo de alegaciones que ahora se abre tras su aprobación”.
Tubío ha pedido la colaboración de todos los grupos de la oposición porque “tenemos que dar respuesta urgente a la demanda de los ciudadanos que piden agilidad y concesión”. En este sentido, ha hecho referencia a las cerca de 7.000 familias inscritas en el Registro de Demandante de Viviendas de las cuales 4.000 lo están en la modalidad de alquiler.
A juicio de esta edil de Ganar Cádiz en Común, esta ordenanza “rebasa el planteamiento inicial acordado en el pleno extraordinario de Vivienda celebrado el pasado mes de octubre, porque no sólo propone el pago de una prestación para aquellas personas que no pueden acceder a la vivienda, sino porque ahonda en el fomento del alquiler a través de la captación de pisos vacíos de los cuales se estima que hay unos 3.000”.
LAS DUDAS DE LA OPOSICIÓN
Durante el pleno, desde Ciudadanos, su portavoz Juan Manuel Dorao ha subrayado la ausencia de dos medidas de salvaguarda para el Ayuntamiento que presentarán en el periodo de alegaciones como son una cláusula de exoneración de responsabilidad por parte del Consistorio al actuar como mediador y la posibilidad de reservarse el derecho de suspender la aplicación de la ordenanza al prestatario cuando se produzca un impago.
Desde el PSOE, la concejala Victoria Rodríguez ha puesto el acento en la definición de vivienda vacía (cuya aclaración ha realizado el secretario en la sesión plenaria) y en la partida presupuestada para el arreglo y acondicionamiento de las viviendas para que sean habitables que han considerado insuficientes. Desde la misma bancada, María José Rodríguez ha afirmado echar de menos que se aplique también a aquellos jóvenes que se han visto obligados a irse de la ciudad debido al alto precio de los alquileres de la ciudad. Para Rodríguez, “esta ordenanza va a lo urgente pero no a lo efectivamente necesario”.
Por su parte, el concejal del PP, Juan José Ortiz, ha puesto en duda la capacidad de maniobra de esta normativa al limitar los precios de los alquileres que deben poner los propietarios “por lo que dudamos que estén interesados en participar en este programa”. Asímismo, al igual que los socialistas, ha criticado la “escasa aportación destinada para que los propietarios arreglen y rehabiliten las viviendas”.
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