Varios hosteleros de la calle de La Palma, en Cádiz, han trasladado a representantes del PSOE su “incertidumbre” por la nueva ordenanza municipal de terrazas, que repercute directamente en los once establecimientos que se encuentran en esta emblemática calle del barrio de La Viña. La aplicación de la norma obligaría a la mayoría de negocios a colocar menos mesas y sillas en sus terrazas, algo que entienden que los haría inviables.
Los socialistas, representados entre otros por uno de los dos concejales que no han dimitido en los últimos días “hartos” de la Ejecutiva local del propio partido (han dejado su acta tres de cinco), y el flamante secretario general del PSOE local y diputado nacional José Ramón Ortega, han mostrado su apoyo a los hosteleros y su compromiso en solicitar la convocatoria de la mesa de seguimiento de la ordenanza reguladora de terrazas para tratar el tema con los agentes implicados.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el edil Óscar Torres ha hecho hincapié en “la falta de diálogo” que “está mostrando constantemente” el concejal de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, “que sigue haciendo y deshaciendo en la ciudad a su antojo, sin contar con los vecinos ni con las personas afectadas, en este caso los empresarios de la calle de La Palma”. En esta línea, le ha exigido “que se siente con los empresarios y busque puntos de acuerdo para llegar a un consenso, cumpliendo con la ley de accesibilidad”.
Torres ha destacado que los bares y restaurantes de esta calle de La Viña “generan alrededor de 100 puestos de trabajo”, y la aplicación de la ordenanza “en los términos que quiere Vila” supondría “una importante pérdida de empleos, casi todos ellos de vecinos del propio barrio”.
Para este partido de la oposición, el concejal de Urbanismo “debe ser mucho más flexible y adecuar la ordenanza a las peculiaridades de cada calle o plaza”, en alusión a la circunstancia de que el criterio establecido para la colocación de terrazas va en proporción al ancho de la fachada del local, “pero en calles como las del casco antiguo como La Palma, la mayoría de los establecimientos son estrechos y casi sin mesas en el interior porque su principal atractivo es precisamente la terraza”.
EL PSOE VOTÓ A FAVOR DE LA ORDENANZA
El Ayuntamiento aprobaba en marzo de 2019 de forma definitiva esta ordenanza de terrazas de la ciudad, tras la resolución de alegaciones. Todos los partidos asumieron en ese momento el alto nivel de consenso y participación con el que salía adelante el documento, salvo el PP, que se abstuvo; el PSOE, votó a favor.
Desde el Gobierno local defendieron, tras dos años detrás de esta regulación, que se trata de una ordenanza “absolutamente necesaria” y que viene a “eliminar cualquier tipo de arbitrariedad, así como a dar seguridad jurídica tanto a ciudadanos, como a hosteleros y al propio Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la legalidad”. Y que en la elaboración participaron todos los agentes sociales implicados, como son las asociaciones de vecinos, de discapacitados, de consumidores y usuarios, peatones, sindicatos y hosteleros, alcanzando un “alto consenso” en su redacción.
Es la primera ordenanza de este tipo que dispone la capital gaditana para regular la ocupación de las terrazas y compaginarlas con la vida de la ciudad atendiendo a la normativa actual sobre accesibilidad.
EL PP PRESUME DE SU ABSTENCIÓN
A colación de la denuncia del PSOE, el PP ha calificado de “vergonzoso” que dicho partido se sorprenda de la pérdida de empleo que va a suponer la aplicación de la ordenanza que ellos apoyaron “tras avisarles nosotros de manera reiterada que esa ordenanza iba contra el empleo y contra la hostelería”.
El concejal popular Juan José Ortiz asegura que también se ha reunido en la calle de La Palma con varios de los hosteleros que se dicen afectados, y aprovecha para presumir que fue el único partido que “no votó a favor” de la ordenanza de terrazas (se abstuvo), “y no la apoyamos porque sabíamos que esa ordenanza, tarde o temprano, llevaría a situaciones como las que se están dando ahora, cuando en sitios como La Palma, plaza Pinto o Plocia se van a perder más de cien mesas, y cada cuatro mesas quitadas supone un trabajador que se va al paro. Eso sin contar la pérdida de empleo en cocina”.
Esta formación de derechas sentencia que ahora desde el Gobierno local “van directamente contra los autónomos de la ciudad con la aplicación de una ordenanza que está hecha al dictado de los círculos más sectarios y radicales de las formaciones de Kichi y Vila”.
CS HABLA DE “CATÁSTROFE”
Y el tercer partido de la oposición, Ciudadanos, también ha lamentado “la rigidez mental y obcecación de Martín Vila” en la aplicación de esta controvertida ordenanza, que esta derecha minoritaria también aprobó en su momento.
La portavoz municipal de la franquicia naranja, Lucrecia Valverde, que también se ha reunido con algunos de los afectados, sostiene que “nos encontramos en un momento excepcional debido a la situación que nos está dejando la pandemia”. Por ello, considera que “hay que adoptar medidas excepcionales de protección de los negocios locales, y aplicar la ordenanza de terrazas con flexibilidad, adoptando criterios interpretativos razonables que no cercenen la actividad empresarial de un día para otro y, sobre todo, de oír y negociar alternativas con los propios afectados”. Cs no cree que la existencia de sillas y mesas en esta calle de La Viña “sea incompatible con la adopción de medidas de seguridad ni de la accesibilidad, de forma que hay que trabajar las soluciones una por una”.
Siguiendo el argumentario habitual, Valverde también se queja “del sectarismo y la actitud autoritaria de Vila, con el necesario beneplácito del alcalde”, que “están poniendo en peligro en el caso de La Palma, que no es el único, el empleo de cien familias que trabajan en estos locales debido a que la forma de aplicar la normativa aboca al cierre a muchos de ellos”.
Por otro lado, esta derecha remarca que “no tiene ningún sentido que una calle que ya tiene la tradición y el atractivo turístico por ser una calle de terrazas se haga una aplicación tan rígida de la ordenanza en un momento de crisis económica, lo que podría dejarla vacía de veladores”. “Hay que estudiar la viabilidad de las alternativas que se proponen, ya que son los propios hosteleros los primeros interesados en poder que se garantice la accesibilidad y la seguridad en la calle”, remata esta edil de la oposición.
