La empresa municipal Aguas de Cádiz celebró en la tarde de este miércoles 13 un nuevo consejo de administración para abordar el informe jurídico interno sobre el pago de 42.000 euros abonado al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa dirigido por el profesor Carlos Guillén, entre 2011 y 2015, que en esos años también fue director de la tesis del popular Ignacio Romaní, entonces presidente de la sociedad.
Este informe intuye hasta cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, fraude y falsificación documental. A lo que se suma que la Universidad de Cádiz se ha desvinculado totalmente del supuesto trabajo que esta entidad liderada por Guillén hizo para Aguas de Cádiz años atrás, con Teófila Martínez todavía de alcaldesa, ofreciendo sus servicios utilizando en una carta el membrete de la UCA.
El departamento jurídico de Aguas de Cádiz instaba a partir de estas conclusiones a poner en conocimiento de la autoridad judicial por la vía contable y por la vía penal. Pero el consejo de este miércoles no ha terminado de ponerse de acuerdo sobre ello: los tres representantes del PSOE se han abstenido en el punto sobre “poner en conocimiento de la Autoridad Judicial los hechos” y han pedido que se votara otro punto en el que pretendían que dichos hechos fueran llevados a Fiscalía para su conocimiento, punto que ha contado con la abstención del equipo de Gobierno, por lo que no ha prosperado ninguno de los dos. El PP ha votado en contra en ambos casos.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el presidente de la empresa municipal y concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, ya ha lamentado que este partido “haya vuelto a ponerse de perfil”. Ha criticado la “falta de responsabilidad que se requería en un asunto como éste” de los socialistas a tenor del informe elaborado por la asesoría jurídica en el que se aprecian indicios de delitos.
En este informe se proponían tres vías de actuación: llevar la documentación a Fiscalía, la penal y la del Tribunal de Cuentas, para que se dirimieran responsabilidades en el caso de que las hubiere.
Critica De la Fuente que en el consejo “el PSOE haya rechazado todas las herramientas judiciales que se proponen al manifestar que únicamente se lleve a la Fiscalía”. En este sentido ha señalado que “no entiendo como los socialistas, como grupo político, se muestra tan proclive a actuar, y luego, a la hora de la verdad en el consejo de administración tome decisiones tan tibias y reduzca las líneas de actuación”.
Este concejal de Por Cádiz sí se puede insiste en que “es nuestro deber poner todo esto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para que dirima responsabilidades en el caso de que las haya y esclarecer en qué y por qué se empleó dinero público en el Observatorio de Responsabilidad Social y en el grupo de investigación referido en las facturas”. Es por esto que, ha avanzado, como presidente de Aguas de Cádiz y como consejero emprenderá “cuantas acciones jurídicas crea oportunas y presentaré una denuncia la próxima semana para que se esclarezca lo sucedido, aunque tenga que ser sin el apoyo del PSOE, que una vez más se mantiene al margen”.
De la Fuente ha lamentado que “los socialistas quieran reducir las vías de actuación que recomienda el informe jurídico a las mínimas posibles reduciendo así los campos de actuación y poniendo trabas a qué de verdad sepamos qué pasó con ese dinero público”.
Sostiene que las explicaciones dadas hasta ahora por el que fuera presidente de la empresa y actual portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, no han aclarado nada: “es por esto que no nos queda otra, que llevarlo a la Justicia para que pueda saber qué pasó y en qué se emplearon esos 42.000 euros de dinero público”. Y ha recordado que se ofreció la oportunidad a Romaní de aclarar esta situación en el seno de una comisión de investigación, “que nació ya herida al nombrar el PP al propio investigado como integrante de la misma, lo que rozó el absurdo al querer ser juez y parte”, por lo que los consejeros de Sí se puede, Ganar Cádiz en Común y PSOE acordaron su disolución, y solicitar este informe jurídico interno conocido días atrás, y objeto de esta nueva reunión.
EL PSOE TILDA DE “ESPERPÉNTICA” LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL
Por su lado, el PSOE tras este consejo de administración ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía toda la información al respecto “con el fin de esclarecer los hechos con todas las garantías”.
La versión de la concejala y consejera del PSOE en esta empresa municipal, Mara Rodríguez, es que se ha vivido un consejo “en el que la actuación del presidente y de los demás representantes del equipo de Gobierno ha sido esperpéntica, y tenemos que volver a ser los socialistas los que pongamos sentido común y responsabilidad en los asuntos municipales y los que actuemos en base al bien común de todos los gaditanos, y no con el único fin de seguir generando polémicas, que es para lo único que demuestran tener capacidad”.
Defienden los socialistas que una vez analizado el contenido del informe jurídico interno así como del que ha desarrollado la UCA, “hemos defendido que es absolutamente necesario ponerlos en conocimiento de la Fiscalía con el fin de conocer de manera objetiva lo sucedido y determinar la posible existencia de responsabilidades. Además, así garantizamos una actuación en base a la prudencia, la salvaguarda y la seguridad jurídica”.
“Lamentablemente, las consejeras socialistas nos hemos quedado solas en la votación porque el equipo de Gobierno se ha abstenido, demostrando que no le interesa el esclarecimiento de este asunto sino el morbo y la polémica generados en torno a él”, interpreta Rodríguez.
Asimismo, se señala que si el bipartito realmente defiende la opción de interponer una querella, “nos preguntamos por qué no lo han hecho ya como equipo de Gobierno. Están mareando la perdiz desde el primer momento. De hecho, los estatutos de la empresa establecen claramente que el presidente está facultado para poner los hechos en conocimiento de los órganos judiciales competentes sin necesidad de acudir al consejo. Así se lo indicamos y ése fue el acuerdo que aprobamos en la última sesión que se celebró el pasado mes de mayo”.
“Seguiremos actuando de manera responsable y diligente para llegar al fondo de los hechos en favor de los intereses de nuestra ciudad, y no de las polémicas interesadas de las que vive este Gobierno”, concluye Mara Rodríguez.
PARA EL PP, “UN PARIPÉ EN EL QUE NADIE QUIERE ASUMIR LA QUERELLA”
El PP, a su vez, considera lo vivido esta tarde “un espectáculo lamentable, un paripé en el que nadie quería asumir llevar al juzgado otro informe de Aguas de Cádiz hecho a medida sabiendo lo que hizo la Fiscalía con el que encargó Podemos al actual gerente sobre el corte de agua de Loreto o meter la pata como en Matadero, donde han terminado imputados dos concejales por denuncia falsa”.
Los populares han insistido en que “si alguien quiere ir a los tribunales con insinuaciones, informes hechos a medida o denuncias directamente falsas que vaya a título individual, como presidente de Aguas, y que asuma las consecuencias, porque para eso no necesita autorización alguna”.
Al respecto, durante la reunión, los representantes de la derecha dicen haber recordado al resto de miembros del consejo que el antecesor de De la Fuente no pidió autorización y ni siquiera informó al consejo de administración de que llevaría el informe sobre el corte de agua de Loreto (en tiempos de gobierno del PP), a la Fiscalía, y han invitado al actual presidente a que siga el mismo camino. Al tiempo, han alertado de “las consecuencias que pueden acarrear a un consejero o concejal presentar una denuncia falsa”.
Para el ahora principal partido de la oposición (y cuyo portavoz es protagonista de este caso), “es evidente que ni De la Fuente ni nadie de Podemos tiene absolutamente nada que sustente una denuncia contra Romaní en éste ni en ningún otro asunto: de lo contrario no llevarían más de un mes filtrando documentación manipulada a dos medios de comunicación mientras que en Aguas de Cádiz evitan ser ellos los que acudan a los tribunales”.
“Esperaremos a que se sustente –si finalmente se hace- la denuncia de la Fundación Aguas de Cádiz o de quien sea en algún juzgado y, como hemos hecho siempre, actuaremos en consecuencia, con cautela y sin prisas pera llevando a cada uno al lugar que le corresponde y mientras tanto esperamos que cesen las acusaciones falsas”, sentencian los populares.
