Un mes después de su aprobación, ni ha llegado a constituirse la comisión de investigación que se planteaba para indagar en la relación entre la empresa municipal Aguas de Cádiz y el director de la tesis del popular Ignacio Romaní. El consejo de administración de la sociedad celebrado en la tarde del lunes 21, ha acordado disolver dicha comisión ejecutiva delega (con los votos de los representantes del equipo de Gobierno de Sí se puede y Ganar Cádiz en Común y del PSOE), ante la negativa de su vicepresidente y consejero por del PP, el propio Romaní, a abandonarla. Y es desde el principio, a todos los partidos, salvo a la derecha, le parecía más que extraño e incoherente que la persona a investigar participara de la investigación.
Esta comisión de investigación (el PP se abstuvo en su momento a su creación) pretendía abordar las informaciones aparecidas sobre la relación de la propia sociedad con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, que dirige el tutor de la tesis doctoral que realizó el concejal del PP, Ignacio Romaní, cuando en el mandato anterior todavía era presidente de Aguas de Cádiz.
En un anterior consejo de administración, se le invitó el edil señalado y consejero a que ofreciera en el seno del mismo explicaciones sobre dichas noticias: Aguas de Cádiz abonó entre 2011 y 2015 una cantidad de 42.000 euros al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, que dirige el profesor Carlos Guillén, de la UCA, quien sería tutor durante esos años de la tesis doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas que Ignacio Romaní defendería en 2013. Pero es que además no existe constancia en Aguas de Cádiz de los trabajos del Observatorio que, según dicen los papeles y las facturas, se realizaron.
Los consejeros del bipartito y del PSOE no quedaron contentos con sus respuestas, y aprobaron esta investigación interna. E igualmente, cada grupo representado elegía como representante para la misma al concejal del mismo que forma parte del consejo, designando el PP al propio Romaní.
En la reunión de este lunes, el posicionamiento de seis de los ocho consejeros presentes (los tres representantes del equipo de Gobierno y de los tres del PSOE) no ha logrado que el consejero conservador, Ignacio Romaní, renuncie finalmente a formar parte de esta investigación, se subraya en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“Ante la cerrazón del consejero del PP, esta comisión no tiene sentido seguir adelante con este proceso”, evidencia el presidente de la empresa municipal y concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente; ya calificó hace un mes lo ocurrido de “increíble e insólito”. Por ello, los representantes de Sí se puede, Ganar Cádiz y el PSOE han pedido formalmente en este último consejo de administración que Romaní abandonara dicha comisión. Y se ha negado.
Para De la Fuente, “es un despropósito que Romaní siga empeñado en estar presente en esta comisión, no tiene ningún sentido más allá que el de enturbiar, entorpecer y boicotear esa comisión”. “La comisión nació herida por la presencia de Romaní y ahora está muerta por culpa de un PP que demuestra que vive muy alejado de la realidad y quiere ser juez y parte”.
El presidente de la sociedad ha insistido no obstante que “tenemos la obligación de estudiar y poner en marcha otras vías porque está en entredicho la reputación de una empresa municipal y porque la gente tiene derecho a saber qué se ha hecho con su dinero”. Y sentencia que “nosotros le brindamos a Romaní la oportunidad de que se defienda y esclarezca lo que deba esclarecer, lo que no tiene sentido es lo que intenta vendernos el candidato del PP, Juan José Ortiz, que quiere que Romaní sea actor principal en esta comisión. Eso vulnera la ética y la transparencia”.
De la misma manera, desde el PSOE, su consejera y concejala Mara Rodríguez abunda en que durante el desarrollo del consejo “hemos solicitado a Ignacio Romaní que no forme parte de la comisión de investigación, ya que desvirtúa la finalidad de la misma y supone un obstáculo y una total falta de objetividad. No se puede ser juez y parte”.
“Lamentablemente, se ha negado a traspasar la representación del PP a manos de alguno de sus compañeros por lo que, a propuesta del PSOE, se ha aprobado dejar sin efecto la comisión de investigación y que sea el presidente de la empresa, como máximo representante de la misma, el que lleve a cabo las acciones oportunas para llegar al fondo de este asunto”, aclaran los socialistas.
Rodríguez agrega que su partido está trabajando “para que se llegue al fondo de este asunto con todas las garantías. Los gaditanos tenemos derecho a saber si se hizo un mal uso del dinero público y, una comisión de investigación de la que formara parte Romaní, quedaba totalmente desvirtuada”. “Nuestro único objetivo es conocer qué sucedió, si hubo un uso indebido del dinero público y, en caso de no haberse actuado correctamente, que se asuman responsabilidades. Aguas de Cádiz es patrimonio de todos los gaditanos y es nuestra responsabilidad velar por su buena imagen, por su correcto funcionamiento y por una gestión eficiente de sus recursos”, concluye la concejala socialista.
“PRETENDEN EL LINCHAMIENTO DE ROMANÍ, QUE NO SE PUEDA DEFENDER”
Tras este mismo consejo de administración de Aguas de Cádiz, la versión del PP local es que su portavoz y consejero en la empresa, Ignacio Romaní, “no va a renunciar a su legítimo derecho de defensa en los foros en los que como consejero puede y debe estar”.
La comisión de investigación que, finalmente se ha anulado, “era justo una comisión ejecutiva delegada por el consejo de administración en materia de investigación de las actuaciones de la sociedad, que puedan afectar a la imagen y reputación de esta, entre otras, las relaciones con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa”. En este punto, la derecha ha llamado la atención sobre el nombre de la pretendida comisión y lo han comparado con la creada en 2016, en el seno de la misma empresa “con el nombre de comisión para el estudio y esclarecimiento del incidente en el servicio de abastecimiento de agua del barrio de Loreto”.
“La misma empresa ha planteado dos comisiones de supuesta investigación y en ninguna de ellas se acusaba a nadie en el enunciado de la misma: hace dos años nadie dijo absolutamente nada sobre el hecho de que el anterior responsable de Aguas de Cádiz estuviera en la de Loreto, pero ahora es calificado de inconcebible algo que es exactamente lo mismo”, interpreta el PP, por lo que se pregunta “cuáles son las verdaderas intenciones de Podemos en este asunto”.
“Es curioso que ni Podemos ni Ganar Cádiz, y ni siquiera el PSOE, tan contundentes en este planteamiento sobre quién puede y no estar en una comisión de investigación no hayan pedido ya que el alcalde, que se sentará en el banquillo en julio a raíz precisamente de su actuación en la comisión llamada de Loreto (por la denuncia por injurias presentada por el mismo PP), deje de presidirla. Es el mayor sinsentido que hayamos podido escuchar en estos tres años. Los que pretenden el linchamiento de nuestro portavoz prefieren que no se pueda defender. Son los mismos que se ponen dignos para exigir documentación mientras filtran papeles de manera sesgada”, señalan desde el ahora principal partido de la oposición.
El PP añade que Romaní ha presentado en este consejo del lunes un acta notarial en el que “bajo firma del notario” consta que la documentación que él mismo presentó ante la prensa “cuatro horas después de aparecer la noticia en los medios de comunicación” no había sido manipulada. “En dicho acta se certifica la hora y fecha de recepción del correo electrónico por parte de Romaní, y el contenido del mismo, que no es otra cosa que –exactamente- el documento mostrado a los medios el pasado 18 de abril”, se insiste.
De este modo, para los populares, en este asunto “es hora de que empiecen a dar explicaciones otros que acusan en la prensa sin ofrecer ninguna prueba ni documentación al respecto”. Y agregan que “es muy fácil apuntar para que luego otros perpetren actos injustificados como el ocurrido en los domicilios de nuestro portavoz y sus padres (unas pintadas acusándolo de “chorizo” y de “ladrón”)”.
“Romaní ha dado -desde el minuto uno- todas las explicaciones que se le ha pedido, ha contestado en el consejo a decenas de preguntas, y mientras, los que pretenden acusarlo, se limitan a señalarlo en prensa sin meditar las graves consecuencias que pueden tener, y de hecho ya han tenido sus acciones”, defienden desde el PP.
