Representantes del colectivo Juan de la Cosa a los que la Dirección General de la Guardia Civil está enviando escritos para que desalojen sus viviendas en el barrio de Loreto, en Cádiz, en el plazo de seis meses, han trasladado su problemática a miembros del PSOE. Son pisos destinados a miembros de la Benemérita, tanto en activo, en la reserva o retirados.
El portavoz municipal socialista, Fran González, explica que tras conocer el problema a través de la Asociación de Vecinos de Loreto, “hemos ido a preocuparnos por la situación que sufre este colectivo, la mayoría de edad avanzada, que se están sintiendo amenazados ante la posibilidad de tener que abandonar sus hogares a pesar de los años que llevan viviendo allí y el arraigo en el barrio”.
Ante esta situación, el PSOE se ha comprometido a presentar una propuesta al pleno del Ayuntamiento poniendo de manifiesto este problema, pidiendo al Gobierno central que reconsidere su postura, y cuestionando el motivo de la misma, “ya que los vecinos denuncian que puede deberse a fines especulativos”.
Por su parte, el senador socialista por la provincia, Francisco González Cabaña, les ha asegurado que realizará una pregunta oral al secretario de Estado de Seguridad sobre este asunto, y que registrará cuestiones por escrito acerca del problema que sufren estos vecinos. Además, se ha comprometido con ellos a entregar al Ministro del Interior una carta de los damnificados explicando su situación.
Estas personas han denunciado a los representantes socialistas que están padeciendo una “grave falta de información”, lo que les hace sentirse “ciudadanos de tercera”. Después de décadas habitando estas viviendas, aseguran que están sufriendo un abuso de autoridad y que, aunque los desalojos puedan estar dentro de la legalidad, se trata de una cuestión social.
Por otra parte, han puesto de manifiesto que se están cancelando unilateralmente los contratos de los locales comerciales ubicados en estos bloques, los cuales, en muchos casos, han pasado a utilizarse para el almacenaje de material de la Guardia Civil. Según el colectivo, esto supone un perjuicio para el barrio, ya que los distintos negocios que se están clausurando generaban dinamismo económico y empleo.
“Desde el PSOE vamos a tratar de colaborar todos lo posible para que se solucione el problema de estos vecinos que, tras toda una vida en sus viviendas y en su barrio, temen la posibilidad de tener que marcharse. Esperamos que los responsables de este asunto recapaciten y reconduzcan este asunto”, concluye Fran González.
