El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz ha rechazado las manifestaciones desde la delegación del Gobierno andaluz calificando de “idóneos” los terrenos de Altadis como posible ubicación de la Ciudad de la Justicia. Concretamente en sus oficinas, no siendo incompatible con la llegada de una industria a esa zona. El presidente del Colegio Profesional, José Blas Fernández, califica de “tomadura de pelo” que López Gil plantee un cambio “13 años después”. Por su parte, el PA defiende el uso exclusivamente “industrial” de estos suelos.
El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha rechazado las manifestaciones desde la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía calificando de “idóneos” los terrenos de Altadis, en la Zona Franca, como posible ubicación de la Ciudad de la Justicia. Concretamente en sus oficinas, no siendo incompatible con la llegada de una industria a esa zona.
Al respecto, el presidente del este colegio, José Blas Fernández –que también es concejal y senador del PP- ha exigido a la administración autonómica que “no se lancen más globos sonda sobre un asunto tan importante como éste, que nos vendieron hace 13 años a bombo y platillo y del que nunca más se supo”.
Así, se recuerda que la construcción de la Ciudad de la Justicia está proyectada en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana y aledaños desde diciembre de 2001, cuando la consejería de Justicia anunció su creación. En los años 2005 y 2006 se realizaron es estos terrenos trabajos previos de adecuación por importe de 800.000 euros, incluyendo sondeos arqueológicos y la democión de los edificios existentes, además de un estudio geotécnico.
Pero “la cosa no quedó ahí” porque en 2007 se presentó “a bombo y platillo” el proyecto de construcción, que tuvo un coste para las arcas públicas de 3,7 millones de euros.”Se nos entregó un CD con todos los detalles de la Ciudad de la Justicia, que lleva 13 años siendo sólo eso, un CD con un puñado de fotografías virtuales y colorines”, lamenta Blas Fernández en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Pasados estos 13 años, y después de varios escritos del Colegio de Graduados Sociales al Defensor del Pueblo Andaluz, “denunciado la inacción de la Junta en este asunto”, la propuesta de su delegado en Cádiz, Fernando Pérez Gil, planteando que el proyecto se cambie ahora a los terrenos de Altadis, le parece “una tomadura de pelo” al presidente de esta corporación profesional.
Con todo, Blas Fernández dice ofrecerse para “mediar y aportar soluciones” a la dispersión de las sedes judiciales en la capital, “un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres”. Esta oferta de colaboración, no obstante, “se debe realizar desde la seriedad, no a base de globos sonda como el lanzado por el delegado de la Junta”, agrega.
El también político del PP sugiere al delegado socialista que se informe “de primera mano, escuchando a los operadores jurídicos que actuamos en los tribunales y que estamos cansados de promesas mientras seguimos con desplazamientos y pérdida de tiempo para ir de una sede a otra”.
EL “MAPA DE LA JUSTICIA” EN CÁDIZ
Hoy día, las sedes judiciales de Cádiz se encuentran ubicadas en régimen de alquiler en: el Estadio Ramón de Carranza, en el Fondo Sur se encuentran tres Juzgados de lo Social y en la Preferencia se comparte el Juzgado de Instrucción nº 5 y Registro Civil con el único Juzgado de Violencia de Género y varios Juzgados de lo Penal; en los bajos de un mercado de abastos, situado en la Plaza de los Balbos, se encuentran los restantes Juzgados de Instrucción y el Juzgado de Guardia; y en el local de una antigua entidad financiera en la calle de San Francisco, se encuentra el Juzgado de Menores y la Fiscalía de esta unidad.
Además, en el Edificio de la Audiencia Provincial –propiedad de la Diputación-, situado en la Cuesta de Las Calesas, se encuentran las respectivas secciones de la Audiencia Provincial, Presidencia y Fiscalía, al igual que en esa misma sede está enclavado el único Juzgado de lo Mercantil de esta provincia.
EL PA DEFIENDE EL “USO INDUSTRIAL” DE ALTADIS
Por su lado, y sobre este tema, el secretario local del PA en Cádiz, José David Sánchez, ha demandado a López Gil que “deje de marear la perdiz porque la realidad de Cádiz hoy es que seguimos perdiendo talleres y que no tenemos ni Ciudad de la Justicia ni nuevos puestos de trabajo que tanta falta hacen”.
Sánchez de Medina ha vuelto a defender “el uso industrial” de los terrenos de Altadis “como el propio PSOE votó en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz”. “Tienen un valor muy importante, tanto por el lugar en que se encuentran como por el nivel de sus instalaciones y las ventajas fiscales que presentan. Además, no son la mejor localización para una Ciudad de la Justicia al estar alejados del núcleo urbano, con limitadas alternativas para el transporte público y para los servicios complementarios que normalmente demanda un equipamiento de este tipo”, opina.
Los andalucistas consideran que la Junta “debería ayudar a atraer actividad económica y empleo a ese espacio. López Gil podría contribuir a atraer alguna empresa de verdad que genere nuevos puestos de trabajo y no marear más a la opinión pública y a los funcionarios de Justicia”.
