A petición del PP, que conforma el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz, este miércoles 12 de febrero se celebrará un nuevo pleno extraordinario monográfico sobre uno de los grandes problemas que padece la ciudad y sus vecinos, la vivienda (ya en otoño de 2023 se convocó otro similar a solicitud del PSOE).
En esta sesión plenaria, la derecha pondrá sobre la mesa una serie de iniciativas, hasta ocho, implicando a las tres administraciones públicas (local, autonómica y estatal).
Y frente a la propuesta del partido del alcalde, Bruno García, las dos formaciones de la oposición, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, han registrado una enmienda de sustitución conjunta; han tomado esta decisión porque, al ser enmiendas de sustitución, sólo una podría ser aprobada, se precisa en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
De este modo, han presentado una batería de 27 medidas “de especial interés para paliar el grave problema de acceso a la vivienda que sufre la ciudad de Cádiz y que está trayendo consigo una pérdida constante de población”. Medidas englobadas en actuaciones en relación a las viviendas vacías, las Viviendas de Uso Turístico (VUT), la mejora de las ordenanzas sobre el alquiler municipal y medidas de rehabilitación y accesibilidad, así como reclamaciones a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.
LAS PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN
PSOE y AIG inciden una vez más en las negativas consecuencias que la proliferación de viviendas turísticas tiene en Cádiz, principalmente en el casco antiguo, por lo que solicitan que no se conceda ninguna licencia más para este tipo de alojamiento “en toda la ciudad”, además de paralizar igualmente la concesión de licencias a hoteles y apartamentos turísticos en fincas de grado 1.
Para ampliar el parque público de vivienda, desde la oposición se exige que cese la venta de suelo público por parte del Ayuntamiento, al igual que también debe paralizarse la venta de vivienda pública. El régimen de alquiler es la fórmula por la que apuestan ambos partidos, que también reclaman a la Junta la aplicación efectiva de la Ley estatal de Vivienda para posibilitar la declaración de la capital como zona tensionada y poder así controlar el precio de los alquileres.
En cuanto a las ordenanzas municipales, esta enmienda conjunta hace referencia a incremento del recargo del 50% al 150% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas de uso residencial que se encuentren desocupadas con carácter permanente. Además, solicitan que la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda protegida establezca para cada promoción cupos que no compitan entre sí por criterios económicos estableciendo como norma general una cuota de arrendamiento correspondiente al 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Otros apartados a destacar entre las medidas presentadas por AIG y PSOE es relativo a establecer ayudas en el presupuesto municipal para la rehabilitación de comunidades de propietarios, al igual que otra partida para la adecuación de viviendas de personas con necesidades especiales.
Y de la misma manera, ambas formaciones en la oposición también ponen el foco en el censo de personas sin hogar, para quienes solicitan que desde el Ayuntamiento se procuren plazas de alojamiento suficientes para asistirles como fórmula transitoria hasta que accedan a una vivienda. Al respecto, este mismo fin de semana ha habido que lamentar el fallecimiento de otro un sintecho en la ciudad: Juan Alfonso fue encontrado muerto en un banco de la plaza de Candelaria.
Diferentes organizaciones, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha,) han convocado una concentración por el derecho a una vivienda digna el mismo miércoles, coincidiendo con este pleno extraordinario, y llama a la ciudadanía solidaria y afectada a acudir a la misma.
LAS PROPUESTAS DEL PP
¿Y cuáles son las propuestas que el PP pretende aprobar en este pleno? En primer lugar, se instará a que el Ayuntamiento encargue a su empresa municipal Procasa el “impulso definitivo” de la actuación proyectada en el pasado mandato por el gobierno izquierdista en la barriada Manuel de Falla, más conocida como Tacita de Plata (que supone la remodelación integral de esta vieja zona residencial, con la demolición de los pisos y la construcción de otros de nueva planta).
Por otro lado, se pide que se intensifique también por parte del Consistorio gaditano el trabajo para iniciar cuantos expedientes de expropiación de fincas sea posible “a tenor de los recursos disponibles y las condiciones físicas y legales de las fincas susceptibles de ese proceso de expropiación”.
En otro sentido, se plantea una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente encaminada a incrementar las opciones de construcción de vivienda pública “en aquellos suelos que sean susceptibles de dicha modificación” (en los últimos días se ha dejado caer ya que se tratará de recalificar suelo industrial en el polígono exterior de la Zona Franca para uso residencial; y también, que se intentará que la antigua escuela de Náutica pase a acoger viviendas una vez que se venda a un promotor privado). Además, en esa modificación “se prohibiría el uso de hospedaje en las fincas con protección de grado uno” (como es el edificio de Náutica), se recalca.
También propondrá el partido mayoritario en el Ayuntamiento que se apruebe sacar a licitación la contratación de una herramienta de análisis, diagnóstico y control en tiempo real del parque de vivienda público y privado de la ciudad, “con el objetivo de identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios, entre otros”.
El punto quinto es el impulso de medidas que permitan la recuperación de viviendas vacías para el mercado de alquiler y, entre ellas, “las que legalmente puedan encaminarse a la imposición de penalizaciones fiscales a las viviendas vacías”.
Y también se apunta a desarrollar medidas para restringir la implantación de viviendas turísticas en la ciudad, “para que no superen el 4% del número total del parque residencial, que se estableció en el anterior mandato como índice óptimo para Cádiz”.
Por último, se instará tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España a desarrollar las operaciones de viviendas que ya tienen entre manos. En el caso del Ejecutivo de Moreno Bonilla, se reclama que “aproveche cualquier oportunidad de suelo existente y desarrollando el convenio firmado hace escasas fechas” (un convenio cuestionado por la oposición y por entidades como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía). Y al Gobierno central de PSOE y Sumar se pide que “se implique en la búsqueda de oportunidades de suelos susceptibles de acoger la construcción de vivienda pública”.
