La empresa municipal de vivienda ha atendido más de 600 desahucios en la capital gaditana desde que se implantó en octubre de 2015 el protocolo antidesahucios, “con un promedio anual del 70% de los casos resueltos favorablemente”. Y como hay casos que no acaban bien, el Ayuntamiento reclama “mayor implicación y colaboración” de la Junta.
Ante varios casos de notificaciones de desahucio en la capital gaditana en las últimas semanas, amplificados por partidos y voceros de derechas, el Ayuntamiento ha visto oportuno repasar todo lo que se está haciendo al respecto, pese a que es la Junta de Andalucía “la administración competente en materia de vivienda y en la búsqueda de alternativas habitacionales”, a la que pide “mayor colaboración e implicación”.
Así, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, resalta que la empresa municipal de vivienda, Procasa, ha atendido un total de 605 desahucios desde que se implantó en octubre de 2015 el protocolo municipal antidesahucios, “con un promedio anual del 70% de los casos resueltos favorablemente”.
En el pasado mandato, el Ejecutivo liderado ya por José María González ‘Kichi’ lanzaba este protocolo como un instrumento de actuación y de coordinación de medidas a implantar encaminadas a la defensa del derecho a la vivienda para prevenir situaciones de riesgo de pérdida del domicilio habitual y evitar desahucios.
A la oficina del servicio de ayuda y asesoramiento recogida en dicho protocolo municipal (Omdevi), las personas acceden directamente, derivadas por las diferentes concejalías o por los juzgados. Una oficina que tiene entre sus cometidos la orientación, atención social, asesoramiento jurídico, intermediación con las entidades financieras, propietarios o administración de las fincas, así como de acompañamiento social.
De los más de 600 desahucios atendidos desde Procasa desde que se implantó el protocolo municipal, el 83% corresponden a arrendamientos, un 8% a hipotecas y un 9% están sin título en las viviendas, es decir, en precario.
LOS NÚMEROS DE 2022
Concretando en el ejercicio vigente, Procasa ha intervenido en lo que va de 2022 en 125 casos con personas o familias afectadas por riesgo de desahucio en su vivienda habitual, siendo 82 casos nuevos y 43 casos que permanecían abiertos de años anteriores. Todos los casos abiertos este año tenían contrato de arrendamiento de vivienda habitual.
Durante esta anualidad, se han cerrado un total de 67 casos, de los cuales 43 lo han hecho favorablemente, bien porque conserva la casa, consiguen alternativa habitacional adecuada, pasan a los nuevos alojamientos de vivienda transitoria habilitados por el Ayuntamiento o acceden a una vivienda pública a través del Registro de Demandantes de Vivienda por tener los puntos exigidos legalmente y estar en los primeros puestos de dicho registro.
Por otra parte, 18 casos se han cerrado de modo desfavorable, con 16 casos en los que las llaves de la vivienda tienen que ser entregadas sin conseguir una alternativa habitacional estable y dos que han desembocado en lanzamiento por acudir a los recursos municipales en un estado demasiado avanzado del proceso en el que ya no era posible la intervención. Además, hay seis casos más cerrados por abandono de la intervención, desconociéndose por tanto si han alcanzado resolución.
“EL AYUNTAMIENTO AYUDA CADA MES A UNAS 2.000 FAMILIAS”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala de Vivienda ha insistido en que, a pesar de que la competencia en materia de vivienda y en la búsqueda de alternativas habitacionales corresponde a la Junta, “el Ayuntamiento ha habilitado numerosas herramientas para evitar los desahucios, como este protocolo de actuación”, así como para “ofrecer alternativas en caso de que propietarios y juzgados continúen hasta su ejecución, como son la creación de alojamientos transitorios o el programa de Alquiler Justo”, a través del que el Ayuntamiento abona el 100% de la renta a las personas propietarias en caso de un nuevo alquiler.
Además, Tubío ha abundado que “actualmente se ayuda cada mes a unas 2.000 familias con el alquiler desde Servicios Sociales, además de emitir informes de vulnerabilidad que retrasan o protegen a las familias en casos de desahucios”.
En este punto, esta edil izquierdista reitera en que es “fundamental” contar con la implicación de la administración autonómica “para que colabore en la creación de recursos de alternativa habitacional en la ciudad y para que ejerza, en base a la facultad que tiene y que no ha desarrollado hasta el momento, el derecho de tanteo y retracto en los desahucios de vivienda en toda Andalucía y, por tanto, en Cádiz”.
Además, termina reclamando al Gobierno andaluz de derechas que “no impida la regulación de los apartamentos y viviendas turísticas, ya que detraen buena parte de la oferta de alquiler residencial que ya es, de por sí, mínima en la ciudad”.
EL PP EXIGE SOLUCIONES “ADECUADAS Y DIGNAS” AL GOBIERNO LOCAL
Y entre tanto, de modo oportunista, el PP ha anunciado que elevará al pleno ordinario de diciembre una propuesta “para que se trabaje de manera urgente en medidas que procuren una solución adecuada y digna a las familias que, a día de la fecha, tienen señalado desahucios y se les informe de todas las gestiones que, por parte del Consistorio, se vayan realizando a tal fin”. Es más, esta formación de derechas acusa al equipo de Gobierno de Adelante Cádiz de “renunciar a trabajar contra el aumento de los desahucios”.
“Hay que tener mucha paciencia para escuchar y leer a Kichi todo el santo día hablando de parar desahucios y de que ahora Cádiz es una ciudad con más derechos mientras el otro asiente…”, apostillan desde el principal partido de la oposición, señalando parece que de forma despectiva a David de la Cruz, sucesor de José María González como candidato a la Alcaldía en 2023.
