El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la empresa municipal de vivienda Procasa, ha solicitado una cita al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, para proponerle participar en el programa municipal de Alquiler Justo. Curiosamente, en el presente Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, diferentes coplas han criticado cómo la Iglesia acapara numerosas fincas en la capital gaditana buscando únicamente hacer negocio con ellas.
La concejala de Vivienda, Eva Tubío, explica en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que, “dentro del marco en el que nos movemos para hacer una política de vivienda en coordinación con todos los agentes y colectivos de la ciudad, así como con las delegaciones del ayuntamiento y la delegación territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía, hemos enviado una carta solicitando una cita al Obispado”.
Esta edil de Ganar Cádiz en Común ha destacado que, dentro de la ronda de diálogo y contactos, “vemos necesario reunirnos con el Obispado de Cádiz para explicar las diferentes medidas puestas en marcha desde esta delegación para garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, entre ellas el programa de alquiler justo/social que supone la puesta a disposición de vivienda vacía con la garantía del pago por parte de procasa de las rentas por tres años, más gastos comunidad, más seguros, entre otros aspectos”.
El objetivo del encuentro es “ver la posibilidad de incorporar posibles viviendas vacías del Obispado que se puedan acoger a este programa, con el compromiso firme del Ayuntamiento para abonar las rentas y demás beneficios de dicho programa”.
La concejala ha recordado que la finalidad de la ordenanza municipal es la de impulsar el alquiler social de las viviendas desocupadas a través de incentivos a la propiedad para ponerlas en el mercado de alquiler en condiciones dignas de habitabilidad a precios razonables para que puedan destinarse fundamentalmente, con el apoyo municipal, a los sectores de población que lo necesitan, con medidas para garantizar el pago de las rentas y el buen estado de conservación de la vivienda hasta la finalización del arrendamiento.
Además, busca impulsar la renovación de las viviendas y activar la economía local con las obras de adecuación que pueden ejecutar las empresas locales. En aquellos casos en los que la propiedad tenga dificultades para hacer frente a los gastos que suponen ejecutar las obras necesarias para que los inmuebles puedan cumplir unas mínimas condiciones de habitabilidad, se establecen ayudas, que serían créditos reintegrables a la propiedad.
Los beneficiarios de este programa son personas y familias inscritas en el padrón o que acrediten su residencia en la ciudad con una antelación mínima de seis meses y que se encuentren en una situación de necesidad inmediata de una vivienda. La propuesta de beneficiarios se realiza a instancias de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda.
Tubío espera que el Obispado “nos reciba pronto” y poder establecer una colaboración mutua “para ayudar entre ambas instituciones a aquellas familias procedentes de desahucios o que más dificultades tienen para acceder a una vivienda”.
