Parece que el abandonado Valcárcel, frente a la playa de La Caleta en Cádiz, comienza a ver la luz. El reciente pleno de la Diputación ha acordado –con el voto a favor de todos los partidos salvo el PP- iniciar el procedimiento de resolución de contrato con Zaragoza Urbana, empresa a la que en 2003 se le ‘vendía’ este BIC para su conversión en un hotel de cinco estrellas, un proyecto que cayó en el olvido con el paso de los años y la crisis, mientras el edificio se mantiene cerrado y degradándose, en manos de esta inmobiliaria que no lo quiere. Una vez recuperado, se plantea su uso como Facultad de Ciencias de la Educación, iniciativa respaldada por la propia Diputación, la Junta, el Ayuntamiento y la UCA.
Parece que el abandonado edificio de Valcárcel, frente a la playa de La Caleta en Cádiz, comienza a ver la luz. Tras años en los que se proyectó recuperar el uso de este Bien de Interés Cultural (BIC) reconvirtiéndolo en un hotel de lujo, iniciativa privada frustrada por la crisis-estafa, y meses abierto a la ciudadanía y autogestionando por el movimiento Valcárcel Recuperado, hasta que la Justicia y la Policía volvieron tapiar sus puertas para que siguiera degradándose, la Diputación ha dado un primer paso para volver a hacerse con la propiedad de este edificio donde ahora se plantea el regreso en unos años de la Facultad de Ciencias de la Educación, reubicada el campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz.
En este sentido, el reciente pleno de octubre de la Diputación de Cádiz ha acordado iniciar el procedimiento de resolución de contrato con la empresa Compañía Inmobiliaria y de Inversiones (Zaragoza Urbana). La propuesta implica que los servicios de la administración provincial tienen la orden de preparar los informes técnicos y jurídicos para “adoptar la resolución que legalmente proceda”. La propuesta ha salido adelante con la única abstención del PP, y con los votos a favor de PSOE, IU, Por Cádiz sí se puede, Ganemos Jerez, y hasta del PA. Curiosamente, la única diputada andalucista en la Diputación, Maribel Peinado, defiende en Puerto Real, donde es concejala de la oposición, que dicha Facultad no se mueva de su localidad.
Sobre esta medida, el diputado Fran González y edil socialista en el Ayuntamiento de la capital, que fue el encargado de defender la propuesta ante el pleno, explicó que pretende recuperar la propiedad del inmueble y ponerlo a disposición de la ciudad y también que revierta en beneficio del conjunto de la provincia. Se busca “resolver un conflicto que dura más de 12 años”, remarcó.
En la propuesta, según relatan desde la Diputación en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se expone el proceso seguido desde el 25 de junio de 2003, cuando la institución provincial –entonces igualmente con gobierno del PSOE- firmó un contrato con Zaragoza Urbana para la enajenación de los edificios conocidos como Institución Carlos María Rodríguez Valcárcel y Celestino Mutis, por el que se construiría un hotel de cinco estrellas, un aparcamiento en el subsuelo y se mantendría la Escuela Provincial de Hostelería, bien en el nuevo edificio, bien en una nueva ubicación. Se fijó la adjudicación del inmueble en 8,8 millones de euros. Se constituyó una garantía por importe de 323.000 euros y se impuso una condición suspensiva consistente en el cumplimiento por el adjudicatario de la obligación de promover y alcanzar la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cádiz, a fin de calificar las parcelas con los usos e intensidades que permitieran el cumplimiento de los fines de interés general que condicionaban la enajenación.
El plazo para obtener esta modificación se fijó en un principio en un año; plazo que fue prorrogándose varios años hasta que el 2 de junio de 2009 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la orden por la que se aprobaba la modificación del PGOU. Sin embargo, en junio de 2010, dicha inmobiliaria presentó por escrito su intención de resolver el contrato, que reiteró en varias fechas posteriores. Petición que el 15 de marzo de 2011 fue desestimada por la Diputación, a la vez que se aprobaba la liquidación de las cantidades pendientes de abono por el contratista. La empresa alegó a esta propuesta, oponiéndose, dado que no reconocía la naturaleza del contrato administrativo especial que dio lugar a la enajenación.
El 19 de noviembre de 2012 la empresa volvió a reiterar su solicitud de resolución de contrato y rechazó su responsabilidad por la situación de deterioro de la Escuela de Hostelería de la Diputación –que tuvo que ser cerrada y trasladada a la Zona Franca-. El pleno provincial en la sesión del 20 de febrero de 2013 desestimó esta solicitud de la empresa, que interpuso ante esto un recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado en sentencia del 30 de abril de 2015. En este procedimiento se acordó la suspensión cautelar del acuerdo recurrido, condicionándose dicha suspensión a que Zaragoza Urbana constituyera garantía por importe de más de 2,8 millones. El 15 de julio de 2015 se tuvo conocimiento del auto de medidas cautelares para su cumplimiento, una vez declarada bastante la garantía, por lo que la ejecución del acuerdo del pleno está suspendido.
Asimismo, la adjudicataria en posesión del inmueble desde el momento de la firma del contrato ha sido requerida por el Ayuntamiento para que ejecute obras de ornato y seguridad en el edificio y en el muro perimetral. La empresa ha recurrido este requerimiento por vía contencioso-administrativa.
La Diputación alega que dicha empresa no ha dado cumplimiento a las obligaciones asumidas en relación a la redacción de proyectos, ejecución de las obras e inicio de las actividades previstas en el contrato. En el pliego de condiciones del contrato se especifica como causa de la resolución del contrato el incumplimiento de los fines de interés general señalados en su capítulo IX. Hay una cláusula, la 27, que establece que la inejecución, abandono o paralización de las obras por un período superior a los seis meses dará lugar a la resolución del contrato, con la consiguiente reversión a la Diputación de las fincas enajenadas, en el estado en que se encuentren y libres de cargas y gravámenes.
En la situación señalada, la Diputación devolverá al adjudicatario la parte del precio abonado y el valor de las obras ejecutadas que sirvan para los fines de interés general que condicionan la enajenación, previa deducción de los daños y perjuicios irrogados a la Diputación y aquellas otras responsabilidades en que hubiera incurrido la empresa, por lo que debe pronunciarse sobre la cancelación o incautación de la garantía definitiva constituida.
La propuesta aprobada ahora y presentada por la presidenta de la Diputación, Irene García, sentencia que todos los antecedentes que se han expuesto “ponen de manifiesto el incumplimiento tanto de los plazos parciales de presentación de los proyectos e inicio de las obras, como del total establecido para ejecutarlas” y en definitiva el incumplimiento “de la obligación de dar al inmueble el destino para el que fue enajenado”. De ahí que acuerde el inicio del procedimiento de resolución del contrato.
EL ALCALDE VALORA ESTE PASO Y LA “UNIÓN” DE LAS INSTITUCIONES IMPLICADAS
El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, que también es diputado en la Diputación, ha valorado que “por primera vez” se hayan unido “las instituciones implicadas (Diputación, Universidad de Cádiz, Junta y Ayuntamiento” para el “desbloqueo” de la situación del edificio “con un único objetivo: convertir a Valcárcel en motor económico de El Mentidero, La Viña y El Balón”. La que se va a desarrollar “no es una estrategia únicamente de la Diputación, sino que se trata de algo acordado con el Ayuntamiento de Cádiz y que ambas partes han tratado en numerosas ocasiones”, apostilla.
Sobre la idoneidad de que en el edificio de Valcárcel se ubique la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA y no a un establecimiento hotelero, el primer edil de Por Cádiz sí se puede considera que “la posibilidad de que 3.000 estudiantes hagan vida y generen actividad económica en esa zona de la ciudad es un argumento suficiente para respaldar la iniciativa”.
“En último caso, lo que se busca es que se establezca en la zona un gran campus universitario de Humanidades, y lograr que esa parte de la ciudad se erija en un referente académico, urbanístico y de modelo de ciudad no sólo en Andalucía, sino en todo el Estado”, afirma González, que repite en que se trata de una actuación coordinada de la Diputación la UCA, la Junta y el Ayuntamiento, y que espera que “otras instituciones también muestren su apoyo para que la culminación de las actuaciones”.
La Junta anunciaba el pasado verano la transferencia de 700.000 euros a la UCA para que licite la redacción del proyecto de reubicación de Ciencias de la Educación en Valcárcel.
“VALCÁRCEL TIENE FUTURO GRACIAS A LA GENTE QUE HA LUCHADO POR ÉL”
Podemos Cádiz también ha mostrado su satisfacción con esta decisión de la Diputación “que devuelve el sentido común a una situación insostenible que nunca debió darse”. Pero, añaden, “no podemos olvidar a nuestros compañeros de Valcárcel Recuperado – cinco personas fueron juzgados en julio y están pendientes de la sentencia, por la ocupación del edificio- No se puede criminalizar a un movimiento social que repara y protege a un edificio abandonado y en desuso; especialmente cuando se trata de un Bien de Interés Cultural”.
Para esta formación, “no podemos olvidar que sin este movimiento social y la presión ciudadana a las instituciones, la Diputación no se habría visto forzada a aprobar esta moción que hace que la cesión del edificio a la Universidad de Cádiz está más cerca”.
“Estamos convencidos de que Valcárcel tiene futuro y de que se puede convertir en un potente motor económico para el Mentidero, la Viña y el Balón. Valcárcel, desgraciadamente, ha sido un símbolo del daño que pueden hacer los intereses privados en la gestión de lo público y un modelo económico basado en la especulación. Sin embargo, creemos que ayer (por el pleno de miércoles) se demostró que sí se puede y que las luchas siempre sirven”, se subraya.
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