Podemos ha animado al veterano concejal del PP del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, a que “se baje el sueldo voluntariamente a menos de 900 euros y, si se puede vivir bien con ello, le pediremos entonces al Gobierno que rectifique”.
Son manifestaciones del coordinador provincial de la formación morada, José Ignacio García, después de que Fernández, no como edil sino como presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, haya alertado de las “consecuencias negativas” de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada recientemente por el Gobierno central y pactada con Podemos.
“Un incremento de más de 20 puntos va a ser inasumible por la mayoría de pequeñas y medianas empresas de nuestro tejido productivo”, opina este el consejo andaluz de estos operadores jurídicos, defendiendo que esta medida “tendrá un doble efecto negativo”: mayor desempleo y desprotección para los trabajadores y un incremento del fraude, “porque las empresas, especialmente las más pequeñas, no va a poder asumir este incremento de la noche a la mañana”.
Para el responsable provincial de Podemos, es una “indecencia” que se diga algo como esto “y estamos seguros que sus opiniones no representan a la mayoría de los empresarios”. García ha mostrado su convencimiento en que “los pequeños y medianos empresarios quieren pagar bien a sus trabajadores” y ha advertido de que “vamos a estar vigilantes de que no haya abusadores que paguen menos de 900 euros a su plantilla y atenten contra la legalidad y paguen por debajo de lo establecido a sus trabajadores”.
En esta línea, el también parlamentario de Adelante Andalucía ha calificado las declaraciones de José Blas Fernández de “irresponsables” y le ha exigido que “respete la ley como ellos siempre piden. No sólo cuando les interesa”. “En una provincia con los niveles de desempleo, de precariedad, pobreza y emigración, como la nuestra, debería darle vergüenza hablar en estos términos” y lo que viene a demostrar es que “su discurso viene a amparar y legitimar posibles casos de abusos que no cumplan la ley”.
“En cualquier caso, ya estamos acostumbrados a la falta de empatía con las mayorías sociales y a las prioridades del señor Fernández”, considera García, haciendo alusión a su negativa a firmar el bono social eléctrico de Eléctrica de Cádiz.
“PURA DEMAGOGIA PARA CONTENTAR A LAS BASES DE PODEMOS”
José Blas Fernández no ha tardado en responder, y ha sugerido al coordinador provincial de Podemos que visite a pequeños y medianos empresarios para comprobar cuál va a ser el verdadero alcance de subida del salario mínimo, “que supone un aumento del 22,3% respecto a su actual cuantía”.
El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, así como del Consejo Andaluz de esta profesión, tacha las declaraciones José Ignacio García de “pura demagogia para contentar a sus bases, con afirmaciones que mezclan churros con merinas, pero que no abordan la realidad de un problema: la incapacidad de las pequeñas empresas, con las que estamos en contacto diario los graduados sociales, para afrontar una subida de este porcentaje, en una decisión decretada por el Gobierno sin haber tenido en cuenta la opinión, ni de los empresarios, ni de los expertos en materia social y laboral”.
“Este señor debe ser más respetuoso con quienes representamos a todo un colectivo profesional y nos hemos limitado a advertir, desde el conocimiento de la realidad de las empresas, de las consecuencias de una medida del Gobierno. Consideramos que una subida de más de 20 puntos del SMI es contraproducente; se debería haber adoptado una medida de incremento progresivo para adaptar el incremento de los costes salariales al crecimiento económico, y siempre con el visto bueno de la mesa para el diálogo social, no fuera de ella”, insiste.
Respecto al argumento del representante de la formación morada, pidiendo a Fernández que se baje el suelo a 900 euros, el nuevo SMI, asegura que es otra “falacia que parte del desconocimiento de este señor de los haberes que percibe como concejal, que ascienden a 489,50 euros, sin pagas extras”. “De mi profesión como autónomo, mis rendimientos personales y del fruto de mi trabajo por cuenta propia, no tengo porque dar explicaciones, y menos a quien vive de lo público. Le reto a comparar nóminas y a conocer la realidad de pequeños y medianos empresarios, a los que se demoniza y se estigmatiza continuamente”, sentencia.
EL PP HABLA DE “LOS 60.000 EUROS” DEL SUELDO DEL ALCALDE
El PP en el Ayuntamiento de Cádiz también ha salido en defensa de su concejal considerando que se trata de un “ataque “personal” de Podemos a José Blas Fernández “por su labor como profesional del derecho laboral”, hablando del sueldo “que no llega a 500 euros mensuales como edil” y “obvie que su alcalde multiplica por diez esa cifra y se lleva 60.000 euros anuales con su sueldo de diputado provincial”. Aquí, la derecha olvida que José María González ‘Kichi’ dona a colectivos y causas sociales gran parte de ese salario mes a mes (como hace público regularmente) y se queda con poco más de 1.800 euros, su sueldo de profesor.
“Lo que debería hacer el coordinador de Podemos en Cádiz es preguntarle a los pequeños y medianos empresarios qué opinan de las medidas laborales que se están poniendo en marcha y dejar de dar la teórica porque en esta ciudad llevan más de tres años y medios con la teoría y no han conseguido absolutamente nada en materia de empleo. Cuatro años para cuatro cursos cuyo plazo de inscripción se inicia ahora, a cinco meses de las elecciones: un verdadero desastre en materia de fomento del empleo como para ir dando lecciones a nadie”, opinan los conservadores.
Además, han lamentado la “metedura de pata” de García respecto a sus declaraciones sobre el bono social eléctrico: “es evidente que no se entera de lo que pasa en la ciudad de Cádiz”. El principal partido de la oposición, que mantiene bloqueada la iniciativa, pese a votar a favor de la misma en el pleno, repite por enésima vez que tiene una alternativa que el Gobierno local rechaza “dedicar, parte o la totalidad de los beneficios de Eléctrica de Cádiz, 4,6 millones de euros, a poner en marcha el bono social”.
