La federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de Cádiz (Flampa Gades) ha alertado de numerosos incumplimientos de contrato por parte de la empresa Servei D’Apats, del Grupo Mediterránea, en la prestación del servicio de comedor en 12 colegios públicos de la capital gaditana, del que es adjudicataria desde diciembre de 2020.
La Flampa, en un escrito dirigido a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y a la delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Cádiz, ha demandado que se abra expedientes de penalización contra esta adjudicataria y que no se permita la concurrencia de firmas del Grupo Mediterránea (con sede en Leganés) a nuevas licitaciones del servicio público de comedor escolar “por falta de solvencia técnica”.
Los incumplimientos que se detallan en la denuncia, tipificados en su mayoría como graves o muy graves, cubren todos los ámbitos de actividad del servicio, desde la elaboración de la comida a la gestión del tiempo de ocio en el comedor.
Destacan “la insuficiente cantidad y la falta de calidad de la comida servida, el elevado rechazo de los platos por parte del alumnado, el incumplimiento de ratios de cuidadores, la deficiente información a las familias o el boicot a los mecanismos de participación de las AMPA en el control de la calidad del servicio”, resaltan desde la Flampa Gades en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
ESCASA COMIDA Y ELEVADO RECHAZO DE ALGUNOS PLATOS
Para los padres y madres, “especialmente grave” resulta que, “de forma sistemática”, la empresa haya estado distribuyendo a los colegios “menos comida de la que debería”: se han detectado mermas de entre el 15% y hasta más del 50% de la cantidad total de algunos platos respecto a la que debería haber para el número de comensales presentes.
Estos cálculos, se añade, “no son una estimación de las AMPA, son datos de los informes del Plan EVACOLE (Evaluación de la Oferta Alimentaria en Centros Escolares de Andalucía), elaborados por personal funcionario de la consejería de Salud y Consumo”.
“La reiteración en el incumplimiento de los gramajes demuestra que se trata de un método planificado e intencionado de la empresa adjudicataria, que persigue aumentar el beneficio industrial a costa de la calidad del servicio”, sostiene la Flampa; que añade que esta merma de comida tiene consecuencias “especialmente” graves en el caso del alumnado vulnerable incluido en el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil (PRAI): “si sale con hambre del comedor, es posible que no pueda compensarla comiendo en casa, como hace la mayoría del alumnado”.
Por otro lado, el rechazo, “es decir, el porcentaje de cada plato que el alumnado no se come”, es muy elevado en algunos casos, debido a “un cocinado inadecuado o a un aspecto poco apetecible”. Según las evaluaciones del Plan EVACOLE, platos de ensalada, pescados, legumbres o verduras presentan a menudo rechazos por encima del 50%.
“La empresa tiene la obligación de modificar el menú cuando el rechazo supera dicho porcentaje y no lo está haciendo. Ni siquiera aplica el procedimiento de cálculo, que consiste en pesar la comida servida antes y después para comprobar cuánto se ha consumido realmente”, se denuncia.
También anotan padres y madres que el Grupo Mediterránea ha incumplido además varias de las mejoras que ofertó a la hora de adjudicarse este servicio privatizado: “la App de información a las familias comprometida nunca ha llegado a existir. Tampoco las comisiones de seguimiento, formadas por dirección, AMPA y empresa, que tendrían que haberse reunido mensualmente, han llegado a celebrar más de dos o tres reuniones en cuatro años por la negativa de la empresa”.
“SE HA DESHUMANIZADO LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DEL NEGOCIO DE MULTINACIONALES”
Para la Flampa Gades, más allá de los incumplimientos de estas empresas que buscan hacer negocio con la comida de los escolares, el problema de este servicio público de comedor en los colegios está en que “la administración educativa ha apostado por sustituir las cocinas tradicionales, donde la comida era cocinada cada día por personal propio, por un servicio prestado por empresas que fabrican y distribuyen menús a gran escala”.
Esta privatización ha sufrido además una evolución hacia contratos cada vez más grandes, a los que solo pueden acceder grandes empresas de catering. Este modelo “ha deshumanizado la alimentación escolar y ha alejado los comedores de los colegios de su objetivo como servicio educativo complementario a la actividad del centro docente; anteponer los beneficios empresariales al servicio público está provocando enormes costes sociales”.
En este punto, se alerta de que el nuevo contrato del servicio de comedor escolar que está licitando actualmente la APAE “profundiza aún más este modelo, con lotes aún más grandes”. Así, los colegios de Cádiz capital pasan de estar en un lote conformado por 19 centros en el anterior contrato, a un lote de 48 colegios en el nuevo contrato.
Ello supone que pequeñas y medianas empresas locales de restauración colectiva, “que podrían ofrecer un mejor servicio, no tienen ya ninguna posibilidad de participar en estas licitaciones”; mientras, la Junta de derechas “ha atendido las reclamaciones de las grandes empresas de catering para mejorar su rentabilidad y ha ignorado las quejas y reclamaciones de las AMPA y las familias sobre la baja calidad del servicio y las malas prácticas de esas empresas”.
POR LA RECUPERACIÓN DE LAS COCINAS TRADICIONALES DE GESTIÓN PÚBLICA
En contraste con ese modelo, tres colegios de la ciudad, los CEIP Gadir, Santa Teresa y Josefina Pascual, sí mantienen “auténticas cocinas tradicionales” en sus instalaciones, donde la comida es cocinada cada día por personal de la Junta. “La diferencia de calidad de la comida ofrecida en estos comedores con los gestionados por las multinacionales del catering es abismal”, se remarca.
Por ello, la Flampa reclama un “cambio radical de rumbo” de la alimentación escolar, recuperando las cocinas en los centros escolares gestionadas y atendidas por personal propio, que aleje a las multinacionales del catering “de algo tan importante como la alimentación de nuestros hijos e hijas”. “Recuperar el carácter público del servicio de comedor es lo único que puede garantizar su calidad y sostenibilidad”, sentencia.
LA JUNTA DEFIENDE SU “ALIMENTACIÓN SALUDABLE”
“Los menús que se sirven en los comedores escolares públicos andaluces siguen todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la consejería de Salud en cuanto a alimentación saludable”. De este modo replican desde la Junta la denuncia de la Flampa Gades, pasando a contestar de forma genérica y sin aludir a la empresa cuestionada.
Así, se insiste en que estos comedores públicos privatizados “promueven una alimentación completa y equilibrada que, entre otros aspectos, se caracteriza por la presencia diaria de la verdura y la fruta fresca en los menús; el uso de aceite de oliva virgen extra; una mayor proporción de pescado que de carne, que debe ser magra; la limitación de los alimentos precocinados y fritos; y la apuesta por la dieta mediterránea y los productos ecológicos”.
Los menús “son supervisados por técnicos de la consejería de Salud, “que comprueban mensualmente su adecuación a los criterios nutricionales y de calidad establecidos en los pliegos y, además, realizan verificaciones in situ en los centros educativos, que se suman a las auditorías que también realiza la APAE”, se añade.
Y en cuanto a los pliegos de contratación del servicio, en ellos “se establecen de forma estricta y pormenorizada los parámetros para la confección de las comidas, que son de obligado cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias”.
Cualquier problema que se comunique en el servicio de comedor “es atendido de inmediato, bien mediante visitas de técnicos de APAE, bien mediante inspecciones del Plan EVACOLE. Las posibles desviaciones son atendidas y corregidas con la supervisión de los técnicos o, en su caso, dan lugar a las penalizaciones oportunas que pueden llegar hasta la resolución de los contratos en caso de que se evidencien incumplimientos de las condiciones esenciales de los mismos”, apostillan desde el Gobierno de Moreno Bonilla.
