Autonomía Obrera ha alertado de que otra contrata del Ayuntamiento de Cádiz, en este caso la empresa Persone SL, adjudicataria del servicio de limpieza de los centros gestionados por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), “no ha abonado a las trabajadoras las nóminas de noviembre”. “Mucho nos tememos que la falta de liquidez pueda terminar en otro caso como el de Expertus en las dependencias municipales”, señala este sindicato.
Y no es la primera vez que esta adjudicataria de un servicio municipal privatizado incumple en el pago de salarios, “ya que desde que ha comenzado el servicio ha pagado las nóminas fuera del plazo que marca el convenio colectivo”. Las dos primeras nóminas, septiembre y octubre, se abonaron el día 7 del mes siguiente y este mes ya van por el 13 “y aún no han pagado ni tienen intención de pagar, con la incertidumbre además para las trabajadoras, de no saber que ocurrirá con la paga extra y el mes de diciembre que la tienen que abonar el 15”, anotan desde AO en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Insiste el sindicato denunciante que Persone SL “no ha dado buenas señales de empresa fiable” desde que ha comenzado el contrato, y en este sentido se le han ido comunicando todas las incidencias tanto a la gerencia del IFEF como al concejal de Fomento y Empleo, Carlos Parada, que “no han hecho absolutamente nada, el seguimiento y control ha sido nulo”.
Un servicio que la contrata “lo viene gestionando online, mediante correos electrónicos a las trabajadoras que son las que se están responsabilizando de organizar el trabajo, y de los materiales (los pocos que proporcionan), del control de asistencias de ellas mismas y amenazadas, no sustituyen vacaciones ni días de asuntos propios sobrecargando a las trabajadoras y ahorrándose las contrataciones que obliga el pliego”, todo ello “sin que nadie de la empresa haya puesto nunca un pie en Cádiz, solo el día que firmaron”.
De este modo, Autonomía Obrera exige a Paradas y a la gerencia del IFEF que “cumpla con su obligación”: “todos tienen conocimiento de sobra de lo que está ocurriendo y deben de actuar, abriendo expediente y consecuentemente la posterior rescisión del contrato a la empresa por incumplimientos del abono de salarios”.
“Que no sean cómplices y permitan que los dos años de prestación que tienen adjudicados más uno de prorroga, y que acaban de empezar, sea un calvario para las trabajadoras del servicio”, se sentencia.
