Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz pone en duda la legalidad de una tercera prórroga en el servicio de limpieza de la ciudad, en manos de la UTE Sufi-Cointer, después de que el contrato caducara en 2016 y se haya ampliado en dos anualidades. “Resulta evidente la ineficacia de Podemos en la gestión, que nos ha llevado a una situación que ni siquiera está considerada legalmente”, se deja caer.
Este partido ha salido a la palestra después de que el equipo de Gobierno haya insistido en los últimos días (dando por hecho que habrá una tercera prórroga) en que el nuevo pliego de limpieza “está sujeto a los trámites administrativos”, algo que “ya sabe el PSOE y pese a ello no duda en denunciarlo”. Los socialistas consideran por su lado que el bipartito “tiene que dar la cara” en este asunto.
Y el portavoz de la formación naranja, Juan Manuel Pérez Dorao, se ha mostrado tajante, considerando que “el criterio legal establece que una prórroga no prevista contractualmente constituye una adjudicación encubierta, que está expresamente prohibida por la Ley porque contraviene el principio de libre concurrencia”.
En el caso del último pliego de limpieza, el plazo previsto es de diez años, y se establece una prórroga contractual por una sola vez y por un año. El contrato regula, además, una prórroga forzosa que no podrá exceder de un año, una vez que se finalice el contrato y su prórroga contractual. “Con estos datos, podemos afirmar que no es cierto que el contrato permita un tercer año de prórroga”, puntualiza Pérez Dorao en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Así, Cs insiste en que la Ley no contempla el supuesto de que, terminados los plazos contractuales incluidas las prórrogas, el servicio pueda seguir prestándose por la misma adjudicataria.
En los pocos casos en que se ha dado esta situación, relatan desde la franquicia local del partido de Albert Rivera, se ha tenido que acudir a la aplicación analógica de un precepto (el artículo 35.3 de la antigua Ley de Contrato) que está previsto para las declaraciones de nulidad administrativa de un contrato y que permite, cuando esto produce un grave trastorno a un servicio público, que se continúe aplicando el contrato declarado nulo hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio: “esta es una medida excepcional y extraordinaria, que requiere necesariamente un informe técnico y un acuerdo de la Junta de Gobierno o decreto del alcalde para su puesta en marcha”.
“Los gaditanos deben saber que existe la posibilidad de que la empresa obligada a continuar en el servicio reclame al Ayuntamiento cantidades económicas adicionales por los perjuicios que esto le pueda producir. Algo que pagaremos entre todos”, añade el portavoz naranja.
“Y PLENO TRAS PLENO ESCUCHAMOS QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL TEMA…”
Pérez Dorao entiende que el equipo de Gobierno de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común “no tiene excusa. Hace dos años que venimos advirtiendo sobre la necesidad del nuevo pliego y alertando sobre las consecuencias negativas que pueden derivarse de su falta de gestión en este asunto”.
De hecho, Cs dice ser el grupo político que “ha estado fiscalizando la falta de gestión del bipartito en materia de limpieza con más insistencia”. En julio de 2016 ya presentó una moción para valorar el incumplimiento del contrato y estudiar una posible compensación para la ciudad. E insistió tres meses más tarde, en octubre, con una propuesta relativa a la revisión de la ejecución del contrato de limpieza. Al final de ese mismo año, en diciembre, se llevó a cabo por iniciativa de Ciudadanos un pleno extraordinario de limpieza para la creación de una comisión de investigación y reprobar al entonces concejal responsable, Manuel González Bauza.
Entrado en 2017, este partido de la oposición, con dos concejales, llevó a pleno en dos ocasiones la necesidad de que se convocase sin demora la comisión para el control del contrato. Y ya en el año 2018 ha instado al Ejecutivo de José María González ‘Kichi’ a poner solución a su “falta de diligencia en esta materia”, y le ha requerido en los plenos de enero y mayo para que convoque la comisión informativa de Presidencia con la finalidad de estudiar el nuevo pliego de este suculento servicio, lo que todavía no se ha producido.
“Pleno tras pleno escuchamos que se está trabajando en el tema y la realidad es que la prórroga vence este mes y no sabemos nada. Esperemos no tener que volver a escuchar excusas vacías”, sentencia Pérez Dorao.
