Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha tenido conocimiento de la propuesta de resolución dictada por la Junta de Andalucía para responder a las alegaciones formuladas por el Consistorio en relación con la concesión administrativa de los chiringuitos de la playa (de la ocupación de dominio público marítimo terrestre, en concreto) a los propios empresarios, una resolución en la que desestiman las alegaciones presentadas.
El portavoz municipal naranja, Juan Manuel Pérez Dorao, remarca que su partido ha seguido “de cerca” este asunto (en el que el Ayuntamiento ha estado mas que ‘presionado’, por aquello de la posible pérdida de empleo, tanto por la Junta como por los empresarios de los chiringuitos, en su pretensión de mantener abierto sus negocios también en invierno, pese a lo que dicta el pliego del concurso al que se presentaron) habiendo solicitado reiteradamente al equipo de Gobierno de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común a lo largo del año 2017 información sobre la tramitación de los expedientes.
Tras obtener respuesta el 30 de enero de 2018, Cs asegura que presentó un “completo” escrito ya el 1 de febrero en el que pasaba revista a todo lo acontecido y requería al bipartito determinadas actuaciones “con la finalidad de evitar que se produjera un perjuicio para el Ayuntamiento y, eventualmente, también para los titulares de las explotaciones”.
Como consecuencia de este escrito, la administración municipal, a decir de Pérez Dorao, “tomó conciencia del problema que se estaba generando” y decidió personarse en la Junta de Andalucía para tratar de solventar los errores que se habían cometido. “A día de hoy, la Junta da respuesta a las alegaciones del Ayuntamiento proponiendo la desestimación de todas ellas, algo que genera un verdadero problema para el Ayuntamiento”, insiste este concejal de Ciudadanos en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Esta formación de la oposición se ha mostrado muy crítica al respecto, e interpreta que lo que ha ocurrido es que cuando la comisión consultiva de la contratación pública de Andalucía comunica al Ayuntamiento que no es legalmente posible modificar las condiciones sustanciales de las concesiones otorgadas a los titulares de los chiringuitos sin convocar concurso público, “el alcalde decide actuar en fraude de Ley o desviación de poder y saltarse tal prohibición buscando una forma alternativa para conseguirlo”.
El procedimiento articulado por el primer edil, José María González ‘Kichi’, fue el de transmitir las concesiones administrativas a los titulares de los chiringuitos, “a través de un simple decreto, dictado sin apoyo en informe técnico alguno” y el resultado es que la administración regional considera ya como titulares de las concesiones administrativas a los propietarios de los establecimientos “con lo que el Ayuntamiento habrá transmitido gratuitamente su derecho y habrá perdido los ingresos derivados de la explotación de los chiringuitos y el control de los espacios de la playa ocupados por estos establecimientos por un periodo de 30 años”.
Para el portavoz de Cs la actuación de González Santos ha sido “de una imprudencia absoluta”, porque el resultado es que “se beneficia a unos particulares y se perjudica al Ayuntamiento”. Y ha advertido que ahora el Ayuntamiento tendrá que emplear sus recursos y elevar este asunto hasta los tribunales: “será el dinero público de todos los gaditanos el que pague los platos rotos de un error del alcalde, de un decreto firmado por él que privatiza la playa y pone en jaque unos ingresos importantes durante las próximas tres décadas”
Pérez Dorao sentencia que “la faltad de capacidad y de gestión del equipo de Gobierno es proverbial. Es imposible no sorprenderse. Con esta nueva metedura de pata lo que nos encontramos es que el Ayuntamiento de Cádiz privatiza aquello que aporta dinero a las arcas municipales y, a la vez, remunicipaliza los servicios que cuestan dinero. Es un sinsentido”. Por supuesto, este partido de derechas, junto al PP, se ha mostrado en contra de la municipalización de los servicios de playas desde el principio.
En el momento que se hizo pública la firma del mencionado decreto por parte del alcalde, a principios de noviembre de 2017, desde el equipo de Gobierno apuntaron que previamente a la elaboración del mismo se han tenido que redactar informes que posteriormente han sido revisados por la secretaría general del Ayuntamiento. “Al ser un tema delicado, el proceso ha llevado más tiempo del previsto. No había precedentes de un proceso igual, y pese a que nos dijeron que en Málaga era igual, no era del todo así porque el procedimiento es diferente. El Ayuntamiento de Cádiz ha tenido que resolverlo en condiciones diferentes respecto a la situación en la que se encontraban los expedientes”, se apostillaba. Y se incidía en que este asunto también es “delicado” puesto que “la operación no puede suponer al Ayuntamiento la pérdida de ningún ingreso”.
