El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz ha desestimado el recurso que, bajo el mandato del PP, interpuso la Subdelegación del Gobierno contra la remunicipalización de los servicios de playa (limpieza de arenas, recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras; servicio de asistencia sanitaria y socorrismo; y limpieza y mantenimiento de vestuarios) por parte del Ayuntamiento de la capital gaditana.
El Gobierno local de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común ha celebrado este archivo a partir de una sentencia que “avala rotundamente que se siguieron todos los mecanismos que la legislación contempla en estos supuestos”, señalando literalmente que “el personal se integró de manera absolutamente correcta en la estructura de la empresa municipal Cádiz 2000”. Durante el largo proceso de municipalización de estos servicios públicos privatizados durante años, PP y Ciudadanos se mostraron siempre en contra de la gestión directa y pusieron todo tipo de obstáculos, mientras el PSOE sí votó a favor junto a los dos grupos del Ejecutivo.
Pese a este fallo que se acaba de conocer, el bipartito se temía lo peor (ya había instado al PSOE, ahora al frente de la Subdelegación, a que hiciera lo posible para retirar el recurso interpuesto meses atrás por de la derecha usando esta misma institución) después de que a mediados de septiembre se conociera que el Contencioso Administrativo sí ha tumbado el rescate del servicio de limpieza de edificios públicos y el de ayuda a domicilio por parte del Ayuntamiento de Chiclana (se recurrirá al TSJA), ante una denuncia de la Subdelegación del Gobierno similar.
“SEMANA NEGRA DEL PP EN LOS TRIBUNALES”
El alcalde, José María González ‘Kichi’, convocaba este jueves una rueda de prensa urgente para valorar esta sentencia junto al concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, y el edil de Juventud y presidente de Cádiz 2000, Adrián Martínez de Pinillos. Y ha incidido en que el Contencioso Administrativo “desmonta uno a uno todos los argumentos que el PP esgrimió” a través de la Subdelegación en lo que ha vuelto a tachar de “uso partidista de las instituciones”. Y es que el juez “avala todo el proceso que pusimos en marcha desde este equipo de Gobierno, tanto en las formas como en el contenido”, apuntando que la subrogación de las plantillas se hizo “con todas las garantías y respeto a los derechos laborales”.
Por tanto, a decir del primer edil se trata de “un nuevo revés” en los intentos del PP por judicializar la política, recordando que esta es “la segunda vez que el empeño de la derecha por boicotear el proceso de municipalización es tumbado por los tribunales”, en alusión al archivo de la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Cuentas, que señaló que estaba basada “en rotundas falsedades”.
En este punto, el alcalde de Por Cádiz sí se puede ha aprovechado la ocasión para felicitar a los dos concejales de Ganar Cádiz en Común, compañeros de Gobierno, por el archivo de la querella por supuestas injurias y calumnias, también interpuesta por los populares en relación al llamado caso de Matadero, con lo que esta es una “semana negra del PP en los tribunales”.
“HAN INTENTANDO DIBUJAR UN ESCENARIO CASI POSTNUCLERAR DE LA PLAYA”
En esta comparecencia, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, González Santos ha insistido en que “la subrogación de la plantilla se hizo con todas las garantías y respeto a los derechos laborales, pese a la intoxicación continua que llevaron tanto el PP como el PSOE”, cuyo papel ha señalado como “colaborador necesario” de esta situación, contribuyendo a “sembrar miedo y alarmismo dibujando una ciudad en la que parecía que no iba a haber verano y que todos los trabajadores se iban a ir a la calle”.
Así, el alcalde ha reprochado a los socialistas que utilizaran la denuncia para responsabilizar al anterior presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, alineándose con el PP y apoyando un acuerdo plenario para forzar su dimisión. A ello, ha añadido que tanto PP como PSOE han intentado “alargar y ralentizar el proceso de municipalización pidiendo informes sobre informes que ya estaban hechos” con el único interés de “dilatar, extender y distraer”.
Por ello, tras conocerse este fallo judicial, se ha preguntado “si alguien va a dimitir o responder” por haber forzado la dimisión de De la Fuente “sin argumentos ni sustentos”, y por la imagen dada de la ciudad, “intentando dibujar un escenario casi postnuclerar de la playa” llegando a “poner en peligro el inicio de la temporada”, guiados únicamente por “intereses partidistas y electoralistas”.
Sin embargo, para José María González, la temporada de playa, la primera con los servicios internalizados, “ha sido un éxito indudable, pese a todo y a todos”, lo que ha atribuido a la “profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras” y a que “nos hemos dejado la piel buscando únicamente el interés de la ciudad”.
Al hilo de ello, ha agregado que el bipartito se siente “orgulloso” del trabajo que viene realizando en el Ayuntamiento desde 2015, subrayando que, “pese a las mentiras y a los miedos, la remunicipalización ha venido para quedarse. Primero, porque recupera derechos que la derecha transformó en negocio y, segundo, porque mejora la condiciones laborales de las personas que llevan a cabo estos servicios de playa”.
Por su parte, el edil de Medio Ambiente y expresidente de Cádiz 2000 ha saludado la “contundencia” de la sentencia y ha confiado en que “el PSOE no tenga la desvergüenza de intentar sacar pecho ahora de la municipalización, ya que ha sido colaborador necesario y ha intentado entorpecer el proceso desde el minuto uno, aunque luego levantara la mano para que siguiera adelante”. Asimismo, espera que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, actualmente dirigida por los socialistas, no recurra un fallo judicial que es “contundente” en el sentido de que “todo se ha hecho correctamente”.
Finalmente, el alcalde de la agrupación de electores promovida por Podemos ha reflexionado que, “en este país, los ayuntamientos del cambio estamos liderando procesos de ruptura y de dinámicas que parecían incuestionables. Hoy, el Ayuntamiento de Cádiz rompe no sólo en Cádiz, sino en todo el Estado español, una lanza a favor de las remunicipalizaciones, de la gestión directa de los servicios. Es posible hacerlo. Sí se puede. Le pese a quien le pese”.
“NO VA A CONSEGUIR QUE SEA VERDAD QUE EL PP DENUNCIÓ EL ACUERDO DE MUNICIPALIZACIÓN”
A raíz de la sentencia del Contencioso Administrativo, el PP en el Ayuntamiento interpreta como “una irresponsabilidad” que el alcalde, a su entender, “se vanaglorie de tener una playa más sucia, con menos servicios, con los trabajadores en peores condiciones y encima más cara”.
En este sentido, los conservadores, defensores de la privatización de estos servicios públicos junto a Ciudadanos, repiten su discurso al respecto, afirmando que los mismos, gestionados directamente por el Consistorio, “están costando ahora 340.000 euros más de lo que costaba con la anterior gestión: lo dice el presupuesto de 2018 en el apartado de aportaciones a empresas”.
“Por mucha argucia legal que haya utilizado Podemos para poner en riesgo un activo de la ciudad como éste, lo que no va a conseguir el alcalde es decir que la temporada de playas ha sido un rotundo éxito y los gaditanos se lo crean. Las quejas por equipamientos rotos o estropeados, los módulos cerrados, la falta de limpieza, la falta de materiales de los trabajadores, la ausencia de pailas, etcétera han sido constantes todo el verano y eso no lo puede ocultar el alcalde con una frase”, insisten desde la derecha local.
También se trata de defender que “por mucho que el alcalde lo repita, no va a conseguir que sea verdad que el PP denunció el acuerdo de municipalización”. Y añade que este recurso al acuerdo “lo interpuso la Abogacía del Estado a instancias de la Subdelegación del Gobierno”, eso sí, una Subdelegación en la que ‘mandaba’ el PP. En este punto, no falta la sutil advertencia a González Santos: “esperamos que no vuelva a las andadas y esté insinuando que los abogados del Estado han realizado acciones no sujetas a derecho porque sería algo grave”.
“Precisamente es la Abogacía del Estado como parte recurrente en el proceso la que debe decidir tras el análisis de la sentencia si debe o no interponer recurso a la misma, para lo que se debe emitir un informe jurídico que sea el que determine la decisión a tomar por parte de la Subdelegación; ¿o es que el alcalde piensa que si la Abogacía del Estado estima lesionado algún derecho de la Administración General del Estado puede eludir la presentación de ese recurso a instancia política?”, se preguntan desde el principal partido de la oposición.
