El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha ordenado el archivo de la enésima denuncia contra el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’. Los concejales de Ciudadanos Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo (antes de abandonar la formación naranja y pasarse al grupo de los no adscritos) denunciaron al primer edil por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos por iniciar un proceso para la transmisión de las licencias de ocupación a los chiringuitos de playa “que nunca concluyó”, aunque la Junta de Andalucía mantuviera en su momento lo contrario.
El auto de la jueza, que se divulga en plena campaña electoral, apunta al sobreseimiento provisional de las actuaciones, que es lo mismo que había solicitado ya la Fiscalía. Y al respecto, el alcalde gaditano sentencia en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “no cabía otra opción que el archivo”. “Ni hubo decisión arbitraria, ni gestión desleal para la ciudad al no haberse renunciado ni a la concesión ni al pago del canon de explotación”, evidencia González Santos remitiéndose al auto.
El alcalde declaraba el pasado diciembre en los juzgados por esta denuncia presentaba en verano. Y entonces, profundizaba en lo ocurrido con los chiringuitos y en la situación que su Ejecutivo se encontró en junio de 2015, “heredando un pliego de chiringuitos mal hecho por el PP y que no contentaba a nadie”, y a la vez un cambio en la normativa de la Ley de Costas que “transformaba las condiciones en las que se había firmado el contrato entre el Ayuntamiento y los concesionarios”. También estaban sobre la mesa las peticiones de los empresarios demandando que los chiringuitos permanecieran durante todo el año, aunque cuando se presentaron al concurso público aceptaban el pliego de condiciones, que exigía su desmontaje en invierno.
Ante ello, el Gobierno local de Sí se puede y Ganar Cádiz en Común decidió iniciar un expediente para ver qué podía hacer la administración municipal para dar solución al problema y atender a las demandas planteadas. Así, se solicitaron los correspondientes informes a todas las partes implicadas, es decir, al propio Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y a Costas.
Dichos informes, afirmaba José María González en diciembre, incluían cuestiones que “nos inquietan” en la medida de que “ponen el peligro el futuro de las playas”, como es la posibilidad de que “se amplíen las concesiones hasta 30 años, las ocupaciones hasta 300 metros cuadrados y que haya chiringuitos cada 150 metros”. Por ello, “el Ayuntamiento decidió no seguir adelante con el procedimiento”.
Enfatizaba así el alcalde gaditano que desde el Consistorio “se han hecho únicamente dos movimientos: ver si se podía hacer la transmisión de la titularidad y qué implicaba y, viendo en base a dichos informes que contravenía el interés público, se decide no hacerlo”.
A juicio del primer edil, ha habido “un error de interpretación grave” por parte de la Junta que es en lo que se fundamenta Cs para interponer su denuncia “de una forma malintencionada”. E insiste en que lo que se hizo fue consultarle a la administración regional si se podía hacer la transmisión de la titularidad, pero “eso no implica que se haya producido”.
La denuncia del partido naranja, ahora frustrada, para el alcalde “responde a otro interés que no tiene que ver con las playas, con la estabilidad del empleo o con el interés público”, sino que únicamente busca “judicializar la vida política e intentar sentar al alcalde de forma sistemática en los juzgados”, como ya lo hizo el PP meses atrás con el llamado caso Loreto.
EL ALCALDE APELA A SU “HORANDEZ”
Tras esta nueva denuncia que cae en saco roto contra el alcalde y alcaldable de Adelante Cádiz, defiende “la honradez” que ha mantenido a lo lago de todo este mandato, una honradez que “la oposición ha intentado atacar una y otra vez con la interposición de hasta 14 denuncias contra este equipo de Gobierno, denuncias que se van archivando una tras otra mientras que a la oposición se le suman los casos de corrupción”.
Agrega que en este casi se archiva la denuncia que interpuso Ciudadanos pero que “fue auspiciada por PP y PSOE, y han vuelto a fracasar”.
“No entré en política para el beneficio personal, sino para conquistar derechos para mis vecinos. Y cuando eso es lo único que te mueve, cuando la transparencia y la honradez son tu bandera, el tiempo pone cada cosa en su sitio”, subraya.
De este modo, ha comparado que “mientras archivan una nueva causa contra mi persona, en la misma semana, al concejal y hasta hace poco portavoz del PP, Ignacio Romaní, le imputan por supuestamente pagar un doctorado con dinero público”.
