“No me van a amedrentar, porque lo que intenta una y otra vez el PP es arrebatar en los juzgados lo que lo votaron los vecinos en las urnas”. Es parte de la reacción del alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, al conocerse que la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de la derecha, en el llamado caso Loreto, y le condena por un delito de calumnias al pago de una multa de 5.400 euros. A la vez, tendrá que pagar 3.000 euros tanto a Teófila Martínez como a Ignacio Romaní. Mientras, quedan absueltos el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento, José Vicente Barcia.
Esta sentencia por calumnias, pero no por el delito de injurias, no es firme y puede ser recurrida. De hecho, el primer edil de Por Cádiz sí se puede ya ha avanzado que acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “porque hasta la propia fiscalía en varias ocasiones, incluido el acto del juicio, pidió la absolución de este alcalde”.
La resolución judicial es la respuesta de la Audiencia Provincial al recurso de apelación que presentó la acusación particular contra la sentencia absolutoria que dictó en julio de 2018 el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz. Tras el juicio oral, decidió absolver a los tres señalados por aquellas declaraciones que realizaron en marzo de 2016 en una asamblea vecinal sobre el conocido como caso Loreto. Y la respuesta de los querellantes fue recurrir a la Audiencia Provincial, defendiendo que “acusar a una persona de suministrar agua contaminada a sabiendas es un delito, lo haga un cargo público o lo haga quien lo haga”.
El PP vio presuntos delitos de calumnias e injurias (contra el anterior Ejecutivo popular) por esas manifestaciones recogidas por algunos medios que básicamente repetían lo señalado por el último informe realizado por Aguas de Cádiz sobre el corte de suministro que padeció la barriada de Loreto en 2014; los populares entienden que se les acusaba de un “intento de envenenamiento” a los 13.000 vecinos del barrio. Este estudio anota que en Loreto pudieron estar bebiendo agua contaminada desde catorce días antes del corte por la presencia de bacterias; llega a sospechar que la contaminación se detectó y se conocía hasta casi dos semanas antes de que se informara a la Junta de Andalucía y se procediera al corte y a trabajar sobre el terreno para solventar el problema.
Dicha jueza, ahora enmendada por la Audiencia, falló que en las declaraciones que tanto irritaron al PP “no concurren los requisitos de delito de calumnia”, ya que esta sería “la falsa imputación de un delito” y “las expresiones vertidas no son asumibles en el tipo penal de calumnias”. En cuanto a las injurias, la sentencia afirma que “las expresiones manifestadas por los querellados se desarrollan en un contexto político, contexto en el que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y contribuyen”.
De hecho, en uno de los puntos del fallo se dejaba claro “el carácter de personaje público de las personas a las que se refirieron (Teófila Martínez e Ignacio Romaní), y dado que cargo público que ostentaron han de soportar las críticas o las revelaciones aunque ‘duelan, choquen o inquieten’”.
“Ponderadas las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, se llega a la convicción de que la libertad de expresión como derecho constitucional debe primar sobre el derecho al honor, excluyendo así la antijuricidad de posible delito de injurias. Y ello ha de ser así porque no basta con que la expresión o expresiones dichas sean objetivamente injuriosas por gruesas, exageradas e incluso injustas o impropias, y que el sujeto lo sepa, sino que se requiere ese ánimo especial, distinto al dolo y trascendente a él, el cual, en este caso –reflexionaba la jueza-, no ha quedado acreditado, pues las expresiones proferidas están relacionados con los hechos objeto del informe, los cuales eran de interés general, se refirieron a personajes políticos y por tanto públicos, y del contexto en el que se producen se deduce que el propósito fue la realización de una crítica política y no la deshonra, el descrédito o menosprecio de una persona”.
Este conocido caso Loreto, que es más, en el último trimestre de 2016 era archivado inicialmente ya que el juez sólo vio “crítica política” en dichas manifestaciones, se reabría en su momento por parte de la Audiencia Provincial después del recurso del PP. Partido que incluso durante el proceso se ha enfadado con la Fiscalía, ya que esta ha admitido que no ve delito alguno y de hecho, no ha formulado acusación alguna y ha solicitado la “libre absolución”.
“VOLVERÍA A ACTUAR EXACTAMENTE IGUAL”
El alcalde, tras hacerse público el fallo de la Audiencia de Cádiz, ha insistido en que su “compromiso con los vecinos de Loreto sigue siendo igual de firme que el primer día”; y en su empeño de cumplir su compromiso con el barrio “para que conozcan todo lo que se les ocultó”.
“Durante más de dos semanas, el barrio de Loreto se quedó sin agua. Los vecinos pidieron explicaciones, salieron a la calle y exigieron responsabilidades, mientras que el PP de Teófila Martínez, Juancho Ortiz y Romaní respondieron en un primer momento con silencio y después con unos panfletos de autobombo a cargo de las arcas municipales y que sólo decía que todo se había hecho divinamente”.
José María González recalca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “durante dos semanas, los vecinos y vecinas estuvieron con la incertidumbre de no saber cómo estaba el suministro ni en qué estado habían consumido el agua que bebieron. Dos semanas llenando cubetas, duchándose en el estadio, comprando botellas. Dos semanas donde se certificó que en el barrio de Loreto no había mantenimiento alguno de la red mientras que el dinero de Aguas de Cádiz se despilfarraba en Campari, en gambas y ostentosos gastos de representación”.
Asimismo, se ha referido también a la celebración del juicio donde “una perito de la Universidad corroboró que, efectivamente, durante más de catorce días se suministró agua no apta para el consumo, es decir, contaminada por ecoli. Un tipo de bacteria cuyo nivel debe ser cero en el consumo humano”.
“Y resulta que después de todo eso, el único condenado soy yo, ya que a mis otros dos compañeros que se manifestaron en la misma línea lo absuelven. Y lo soy –interpreta el alcalde de la agrupación de electores promovida por Podemos- por exigir responsabilidades, por ir hasta el final, por pedir que se depurara y se conociera la verdad”.
“El resto, Teófila Martínez, Ignacio Romaní y Juancho Ortiz, los que estaban al mando y abandonaron a una barriada entera a su suerte, salen de rositas. Y a mí, en cambio, me acusan”, se queja.
Aún así, González Santos ha incidido en “que lo volvería a hacer. Volvería a actuar exactamente igual que lo hice, por cumplir mi compromiso por el barrio y para que conozcan todo lo que se les ocultó”.
“AL PP LE GUSTAN DEMASIADOS LAS MORDAZAS”
Ganar Cádiz en Común, tanto su grupo municipal como su asamblea, ha mostrado públicamente su “más absoluto respaldo” al alcalde tras la sentencia de la Audiencia Provincial. “Nos sorprende enormemente esta decisión judicial puesto que compartimos el criterio de la anterior sentencia, así como de la Fiscalía, que situaban las palabras del alcalde dentro del plano de la crítica política. Y es que, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, el asunto es que al PP le gustan demasiados las mordazas y mientras que ellos hacen críticas descarnadas y son capaces de atacar la gestión con cualquier argumento, no toleran la más mínima crítica u opinión de sus adversarios políticos”, expresan desde el socio de gobierno de Sí se puede.
“Si bien, sabemos de sobra que la estrategia de judicializar el ejercicio político por parte del PP con denuncias como esta no tiene otro objetivo que distraer la atención y quitar el foco de lo realmente importante”, evidencia la coalición de izquierdas.
Esta sentencia, añaden desde Ganar Cádiz, “no puede ocultar lo que sucedió en el barrio Loreto: un fallo en la gestión de la red, que dejó al barrio durante muchos días en la incertidumbre más absoluta, varios meses de obras… Y esta sentencia tampoco puede tapar otra realidad incuestionable, que es que los vecinos de Loreto no pudieron conocer la verdad de todo lo sucedido hasta que Teófila no dejó de ser regidora y el nuevo equipo de Gobierno, desde la comisión de investigación creada al efecto, esclareció todo lo sucedido”.
“DEBERÍAN LAVARSE LA BOCA ANTES DE PEDIR AL ALCALDE QUE DIMITA”
De la misma forma, Podemos Cádiz ha mostrado el apoyo “absoluto” al alcalde: “la sentencia ni siquiera es firme y ha sido archivada en dos ocasiones, por lo que vamos a recurrirla”.
Con todo, a decir de la coordinadora local de la formación morada, “no se puede comparar un caso de corrupción a que un alcalde simplemente se haya ocupado y preocupado por que se investigara unos hechos en los que un barrio sufrió enormemente durante más de dos semanas”, con lo que la derecha “se debería lavar la boca antes de hacer declaraciones que no tiene ningún sentido”, refiriéndose a la petición de dimisión de José María González por parte de los populares Juan José Ortiz, Teófila Martínez e Ignacio Romaní.
“Por nuestra parte, no nos arrepentimos de absolutamente nada, hicimos los que teníamos que hacer y, cueste lo que cueste, volveríamos a hacerlo una y mil veces sin dudarlo ni un momento, es lo mínimo que el barrio se merecía”, ha insistido Mingorance, recordando que el alcalde se limitó a hacer una crítica política, “muy bien fundamentada, ya que en el juicio la perito de la Universidad de Cádiz que investigó los hechos, corroboró que se había suministrado agua al barrio en un estado no apto para su consumo. Incluso aunque sus declaraciones se circunscriban dentro del ámbito de la crítica política está totalmente fundamentada”.
Por último, Mingorance ha valorado la rueda de prensa de los tres concejales populares a la que ha tildado de “cómica” ya que se trata “del partido de la Gürtel, los papeles de Bárcenas, de las comilonas y el Campari, de las tesis conseguidas de forma dudosa”, por lo que “deberían lavarse la boca antes de pedir al alcalde de la ciudad que dimita simplemente por investigar lo sucedido en el barrio de Loreto”. “Todavía a día de hoy seguimos esperando explicaciones mínimamente convincentes de Teófila Martínez de por qué aparecía en los papeles de Bárcenas o de Ignacio Romaní sobre por qué con el dinero de todos los ciudadanos pagamos al director de su tesis no se sabe muy bien para qué”, ha dejado caer.
