Facua ha alertado de que está recibiendo en los últimos días un importante número de consultas de usuarios de distintas barridas de Cádiz que aseguran haber sufrido fraudes y abusos en las revisiones de las instalaciones de gas butano por empresas que, sin que se les haya solicitado, han acudido a sus domicilios. Recomienda no permitir el acceso a la vivienda a estos supuestos empleados y requerir, si es necesario, la presencia de la Policía.
Facua ha alertado de que está recibiendo en los últimos días un importante número de consultas de usuarios de distintas barridas de la ciudad de Cádiz que aseguran haber sufrido fraudes y abusos en las revisiones de las instalaciones de gas butano por empresas que, sin que se les haya solicitado, han acudido a sus domicilios.
Según estas denuncias, tal y como ocurriera en casos anteriores en otros municipios gaditanos, los operarios se personan en las viviendas con la excusa de la obligatoriedad de efectuar dicha revisión, cobrando a los usuarios importes desorbitados por sus servicios. En algunos casos, los denunciantes han señalado que estos trabajadores se hacen pasar por empleados de la Junta de Andalucía para que se les permita el acceso.
Por ello, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta asociación de consumidores recomienda que no se permita la entrada a nuestro domicilio de ninguna persona que nos visite sin que hayamos solicitado sus servicios, con independencia de la excusa que utilice para ello. En caso de que insistan, FACUA Cádiz aconseja que se requiera la presencia de la Policía.
Al mismo tiempo, esta organización aconseja a aquellos usuarios que, desafortunadamente, hayan sido víctimas de este fraude, que presenten una denuncia contra la empresa ante el Servicio de Consumo de la Junta. Si a la hora de cometer el fraude los empleados de la empresa han utilizado amenazas o coacciones también es conveniente denunciar el caso a la Policía.
FACUA Cádiz recuerda que el usuario está obligado a revisar la instalación de gas butano cada cinco años, debiendo utilizar para ello los servicios de un instalador autorizado, “no necesariamente el que les haya visitado sin previo aviso o sin que se les haya solicitado”.
Por su parte, esta organización y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) mantienen suscrito un convenio de colaboración que, entre otros objetivos, tiene como finalidad luchar contra este tipo de prácticas que también perjudican gravemente a los empresarios del sector que no incurren en este tipo de prácticas abusivas.
En este sentido, se lamenta que el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, no haya atendido las peticiones de reunión que le han sido cursadas por estas dos organizaciones para abordar, entre otros asuntos, este fraude, dado que considera fundamental la colaboración entre las distintas administraciones públicas para intentar erradicarlo.
